Al Tribunal Constitucional español ha elevado el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria un recurso por dos desahucios con fecha abierta ejecutados en Iruñea a pesar de estar prohibidos expresamente por ley.

La presentación del recurso ha sido anunciada este martes por el portavoz del citado sindicato, Iker Narbona, en una comparecencia ante los medios en la que ha recalcado que «debemos utilizar todos los cauces necesarios para que este tipo de actuaciones no queden impunes».

Por el momento, no saben si el TC admitirá el recurso, ni cómo responderá ante el que es «el primer recurso, que tengamos conocimiento, que se pone desde que está en vigor la Ley estatal de Vivienda, que cuando se anunció, precisamente uno de los puntos positivos destacados por sus promotores era que se prohibía los desahucios con fecha abierta. Y en estos dos casos, se ha quebrantado este principio».

A pesar de que «sabemos que los juzgados blindan su impunidad la mayoría de las ocasiones, creemos que, aun así, hay que recurrir por todas las vías. Se trata de sentar un precedente que no deje a la libre interpretación del juez que se puedan ejecutar desahucios con fecha abierta».

Los dos casos a los que se hace referencia se registraron el pasado mes de junio en Alde Zaharra de Iruñea, a pesar de que tanto la citada norma como la Ley de Enjuiciamiento Civil prohíben los desahucios «en abierto».

Los dos casos

El primero arrancó el 4 de junio en la calle San Lorenzo con el objetivo de «echar a Ana Belén de su casa, en la que llevaba de alquiler diez años, pero un gran propietario particular decidió no renovarle el contrato y echarle».

Ante ese anuncio, desde el sindicato «intentamos organizar una respuesta y defendimos la elección de Ana Belén de no irse de ahí. En un primer momento se consiguió parar, pero una semana más tarde consiguieron echarle sin notificarle y haciendo una especie de trampa, ya que fueron a su casa, tocaron a la puerta diciendo que eran trabajadores sociales y al abrir, unos policías de paisano la echaron».

Esa persona fue alojada en «un piso compartido del Ayuntamiento, donde dispone de una habitación que no se ajusta a sus necesidades, ya que sufre una enfermedad terminal. Y sigue ahí a falta de otra alternativa».

El segundo desahucio tuvo lugar en la calle Jarauta, estaba fijado para el 19 de junio y afectaba a una mujer y su hijo. Habían entrado a vivir en ese piso «con un contrato de alquiler que resultó ser fraudulento y el procedimiento de desahucio fue por ocupación».

Ante el anuncio de fecha, «se organizó una respuesta y se consiguió paralizar con más de 200 personas en la calle Jarauta. Pero al día siguiente, el 20 de junio, ejecutaron el desahucio sin notificación».

Una vez realizado, «contra su voluntad, les llevaron a la habitación de un hotel, una alternativa que ya habían dicho que no se ajustaba a sus necesidades. Seguimos presionando a las instituciones y como no había respuesta, decidió entrar a un piso vacío del Ayuntamiento y por lo menos vive en mejores condiciones, aunque no gracias a las instituciones», ha explicado Narbona.

Los argumentos de los juzgados

Aunque por ley estarían prohibidos ambos desahucios sin fecha, los juzgados los han justificado. En el caso de San Lorenzo, «la argumentación no era del todo clara y decía que hubo un auto judicial que ponía una nueva fecha, pero no lo notificaron».

Y en el de Jarauta, «había una argumentación más explícita y viene a decir que la primera fecha de lanzamiento ya lleva implícita la posibilidad de ejecutarlo una vez que se den las circunstancias. Y para argumentar que no se notifique, se dice expresamente que es para evitar que haya otra protesta».

Narbona ha calificado esa interpretación de «torticera de su ley, porque la norma dice que tiene que haber una notificación con fecha y hora exactas, algo que se vendió como una victoria de la lucha contra los desahucios. Este segundo caso es el más flagrante».

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, se ha presentado el recurso ante el Constitucional español siendo conscientes de que «las opciones son escasas, pero si fallara a nuestro favor, podríamos sentar un precedente que nos ayuda en la defensa de los derechos políticos de la clase trabajadora», al mismo tiempo que «combatimos la impunidad de los propietarios y del sistema legal que opera a su servicio».