EH Bildu, PNV, ERC, BNG, Compromís e integrantes de Sumar como los Comuns y Més per Mallorca, todos ellos socios de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez, han presentado este miércoles una proposición de ley orgánica para que los documentos en catalán, euskara o gallego sean oficiales en todo el Estado ante la Administración, sin necesidad de traducción al castellano.

Este es uno de los puntos principales de la Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía, que está firmada por 22 diputados de seis grupos parlamentarios que tienen una causa común, que es compensar y corregir lo que consideran «el desequilibrio y error histórico» de colocar al castellano, a su juicio, «en una situación de privilegio» en el funcionamiento real de las instituciones del Estado.

Con esta iniciativa legislativa, que ha redactado el que fuera portavoz de ERC Joan Ridao, los grupos firmantes recuerdan que, pese al reconocimiento constitucional de la diversidad lingüística, el mandato protector del artículo 3.3 de la Carta Magna «continúa sin desplegarse de forma efectiva» y que persisten normas y prácticas que «penalizan la doble oficialidad».

La propuesta legislativa sitúa como objetivo central garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a relacionarse con los órganos del Poder Judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio, «con plena validez jurídica». Para ese fin, introduce obligaciones claras de capacitación lingüística en justicia, función pública y contratación, y dota de herramientas para asegurar el respeto al derecho de opción lingüística.

Entre los ejes de la reforma destacan medidas decisivas en la Administración de Justicia, como el requisito de conocimiento de la lengua propia para acceder a plazas en comunidades con lengua oficial distinta del castellano o la validez plena de documentos judiciales sin traducción, así como la adaptación integral de los procedimientos administrativos y de las plataformas digitales a todas las lenguas oficiales.

Norma vehicular en Educación

La iniciativa también incorpora criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula ámbitos sectoriales clave, como consumo, seguridad, transporte o comunicación audiovisual, donde se refuerza de manera significativa la presencia y uso de las lenguas oficiales distintas del castellano.

En el ámbito educativo, la ley establece que la lengua propia de cada comunidad autónoma «será normalmente vehicular», con el objetivo de garantizar que el alumnado domine tanto esa lengua como el castellano al finalizar la educación básica.

«Asimetría estructural» entre el euskara y el castellano

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, considera que es «imprescindible» aumentar la protección jurídica del euskara para evitar la ofensiva política y judicial que está sufriendo, y que esta ley no sólo será «un refugio jurídico más adecuado», sino que además contribuirá a equilibrar «la asimetría estructural» que hay entre la euskara y el castellano. Además, ha dicho que es necesario que el Gobierno reconozca el carácter plurilingüe del Estado de la misma forma que lo promueve.

Por su parte, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha denunciado que no se esté cumpliendo ni garantizando a aquellas personas que tienen más de una lengua oficial que la puedan utilizar en todo país, pese a que su partido ha estado trabajando en este asunto desde que el Gobierno español firmó la Carta Europea de Lenguas Minoritarias.

Según ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, esta iniciativa no pretende excluir a nadie y, de hecho, ha apuntado que está abierta a que otras formaciones, como Junts, se sumen. Los firmantes de la iniciativa han hablado con el partido liderado por Carles Puigdemont para ver si se adherían a la misma pero han lamentado que, de entrada, se haya autoexcluido. Aún así, les han animado a que repiensen su posición y «se suban al barco».