El magistrado presidente, José Ricardo de Prada, ha señalado en el arranque de la vista oral que si se produce «cualquier modificación de su estado de salud» y cuando vaya a tener una «intervención activa» en el juicio, el tribunal decidirá «si está en condiciones de hacerlo, de estar o no estar».

Así lo ha comunicado el tribunal después de que el expresident, que tiene 95 años, haya comparecido desde su casa en Barcelona por videoconferencia y a puerta cerrada para explicar su estado de salud, tras estar hospitalizado desde mediados de noviembre y hasta el pasado viernes por una neumonía.

También han comparecido los médicos que realizaron un informe forense sobre su salud a petición de su defensa para ratificar su diagnóstico de que Pujol «no está en condiciones» de continuar con el proceso judicial porque presenta «un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)».

El presidente del tribunal ha concedido a los acusados que no acudan presencialmente a todas las sesiones del juicio, «excepto en aquellos momentos donde se practiquen pruebas que les afecten».

Hasta 29 años de cárcel

Presidido por De Prada y con las magistradas María Fernanda García, como ponente, y Mercedes del Molino, el tribunal juzgará previsiblemente hasta mediados de 2026 a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para el expresident 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus siete hijos –Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia– pide penas de entre 8 y 29 años de prisión, según su escrito de acusación.

Anticorrupción acusa a Pujol, sus siete hijos y más de quince presuntos colaboradores por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

La fiscal sostiene en su escrito que el expresident, «aprovechando» tanto este cargo como su posición de líder de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), «tejió una red de clientelismo hasta el punto de construir un entramado» en el que tanto a él como empresarios afines «se repartían los sobresalientes beneficios de concursos públicos».

Por su parte, para el juez instructor José de la Mata, la familia Pujol se aprovechó de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», y acumuló un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

Las defensas piden la nulidad

Las defensas de la familia Pujol han reclamado por su parte la nulidad de la causa, amparándose en las operaciones policiales contra el proceso independentista y las maniobras del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Los abogados han centrado las cuestiones previas del caso en plantear la nulidad de las comisiones rogatorias que la justicia envió a Andorra para obtener información bancaria de la familia, así como de los registros policiales que derivan de ellas, al considerar que se basan en pruebas obtenidas de forma ilegal.

Los abogados han insistido en el «ilícito» inicio del procedimiento contra la familia Pujol, que se inició en 2012 a raíz de las declaraciones de la expareja del primogénito, instigada por Villarejo y su entorno, primero ante la Policía española y después ante la Audiencia Nacional.

«Aquí hay una causa primigenia, la voluntad de pseudopolicías y aparatos del Estado para influir en el procés», ha asegurado el abogado de Oriol Pujol, tras recordar otros episodios que se han vinculado con la llamada Operación Cataluña, como la conversación espiada en el restaurante La Camarga de Barcelona entre la exlíder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez.