La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FMMC) y el Departamento de Desarrollo Rural han informado esta tarde de los primeros datos de un análisis de las propiedades inmatriculadas por la Iglesia Católica en Nafarroa en ayuntamientos navarros. El trabajo se está desarrollando en 139 localidades adheridas al convenio, pero hasta la fecha solo se han analizado 26 de ellas, un 18,6%. 

En esta primera parte, se han estudiado 174 bienes concretos y se ha documentado que en 79 de ellos existen «indicios históricos» de que se trataba de propiedades públicas que la Iglesia puso a su nombre aprovechando los privilegios que tuvo en la Ley Hipotecaria de 1998. 

Entre ellos se encuentran ermitas, casas «parroquiales», bordas, huertos y terrenos.

El trabajo historiográfico –que desarrolla el investigador Álex Duró en colaboración con la Sección de Comunales de la Dirección General de Agricultura y asistencia técnica del INTIA– va más allá en lo referente a 21 de esas propiedades, ya que se ha constatado que existen no solo indicios, sino «pruebas» de que se trata de bienes públicos apropiados por parte de esta institución.  

La existencia de pruebas abre la posibilidad de una reclamación sobre la titularidad de los mismos y, en caso de que la Iglesia no se avenga a la devolución, al inicio de un litigio.

Los ayuntamientos adheridos acumulan un tercio de los bienes inmatriculados por la Iglesia en Nafarroa, 921 de los 2.952.

De este modo, más allá del avance de estos datos y el anuncio de que se han consignado más fondos para que la investigación siga adelante en los Presupuestos del año que viene, el anuncio se ha ligado a al inicio de acciones para su recuperación. 

Xabier Alcuaz, alcalde de Tafalla y presidente de la FNMC, ha trasladado a los alcaldes que han acudido a la presentación de los datos que se trata de una investigación «técnica, rigurosa y bien fundamentada».

Hay que tener en cuenta que se trata de un proyecto ambicioso y que viene de atrás. Ya en 2022, el Gobierno dio cuenta de que la Iglesia, haciendo uso del poder que le dio la Ley Hipotecaria, inscribió a su nombre 2.952 propiedades sin contrastar con las administraciones públicas. 

Los 139 ayuntamientos adheridos suman 921 de estos bienes inscritos (un tercio del total, aproximadamente) y de esa parte solo se han analizado 174. La conclusión es que, en 21 casos, los bienes eran públicos y en 58 se trataba, probablemente, de propiedades públicas, mientras que en el resto eran propiedades privadas (no se determina si de la Iglesia o de otra persona física o jurídica). Y, finalmente, hay tres casos concretos en los «que no ha sido posible identificar bien».

Alcuaz ha animado al resto de municipios navarros a sumarse a esta iniciativa que busca la recuperación de ese patrimonio apropiado por la Iglesia. Ha asegurado a las decenas de alcaldes presentes que «a medida que se vaya avanzando en cada entidad local, se elaborará un informe personalizado que quedará a su disposición y que, en atención a la Ley de Protección de Datos, se entregará en la sede de la Federación». 

El presidente de la FNMC ha avanzado que estos informes pueden dar pie a la interposición de acciones «individuales o colectivas» para su recuperación. «Lo que consideréis oportuno», ha señalado a los primeros ediles. 

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Maria Aierdi, ha manifestado con mayor claridad que la iniciativa aspira a ser la gran vía para la recuperación de todas estas propiedades. Ha avanzado que el Gobierno está dispuesto a apoyar económicamente y aportar sus recursos jurídicos en este camino. 

La reunión ha continuado a puerta cerrada, dado que algunos de los datos que se iban a aportar a los alcaldes son confidenciales. 

Aierdi ha subrayado que no es necesario esperar a que el trabajo esté terminado, avanzando un escenario con acciones legales concretas «desde el minuto uno» en casos donde esta apropiación indebida sea palmaria junto a otras de carácter más general y colectivo. 

Y ha agradecido, también, la labor que ha realizado todos estos años la Plataforma del Patrimonio «que trabajó efectivamente para que esta cuestión no se quedara en el olvido» y en favor de que los ayuntamientos e instituciones públicos tomaran, por fin, la iniciativa para recuperar estos bienes. 

Tras los discursos de estos responsables, ha llegado la intervención de la jefa de sección de Comunales, Miren Eseverri, que ha comenzó a dar detalles sobre la metodología empleada y datos más concretos. En ese momento, la prensa ha sido conminada a salir, porque lo que iba a tratarse a partir de ese punto era algo confidencial. Tras Eseverri estaba previsto que explicara los pormenores Duró, autor del estudio.