El juicio previsto en Chile contra seis presos políticos mapuche por el ‘caso Quilleco’ ha sido suspendido por segunda vez consecutiva a menos de 24 horas de su inicio por el Tribunal Oral de Los Ángeles, que alega falta de jueces. La decisión supone mantener en prisión preventiva a cinco de los imputados –el sexto fue sumado a la causa un año después– a la espera de juicio.

El abogado Rodrigo Pizarro ha denunciado la decisión del tribunal, por no respetar los estándares internacionales básicos en materia de derechos humanos, que el Estado chileno está obligado a cumplir, al vulnerar el debido proceso y el derecho a un plazo razonable.

Cinco de los imputados en el ‘caso Quilleco’ fueron detenidos el 13 de octubre de 2023 «por su presunta participación en dos delitos de incendio de maquinaria forestal y un supuesto homicidio frustrado a Carabineros», ha explicado Pizarro, y desde entonces permanecen en prisión. Un sexto acusado fue arrestado en abril de 2024.

Irregularidades constantes

El letrado ha denunciado que, pese a las múltiples irregularidades durante la investigación –entre ellas, una reformalización que sobrepasa los límites que fijan las propias leyes chilenas–, el proceso avanzó y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Los Ángeles fijó el inicio del juicio para el pasado 10 de octubre.

Pero a pocos días de su comienzo, el propio tribunal, sin petición de ninguna de las partes, decidió reprogramarlo a febrero de 2026, ampliando así el encarcelamiento sin sentencia de los encausados.

Las defensas recurrieron a la Corte de Apelaciones de Concepción, que ordenó adelantarlo. La nueva fecha era el 28 de noviembre, pero el Tribunal de Los Ángeles volvió a suspenderlo.

En ambos casos, el tribunal informó que no contaba con jueces para integrar la sala, dejando nuevamente sin juicio a los imputados.

«Resulta vergonzoso que en un Estado democrático de derecho, supuestamente respetuoso del debido proceso, personas que debieran presumirse inocentes, deban soportar bajo el peso de sus hombros, la encarcelación que se prolonga en el tiempo únicamente por la inactividad del poder judicial, que, en dos meses, no ha sido capaz de nombrar jueces que cumplan con el deber que les corresponde y que, por cierto, respeten el deber de inexcusabilidad en el juzgamiento de los ciudadanos», ha subrayado Pizarro.

«¿Por qué se niegan los jueces a asumir este juicio? ¿Por qué la Corte de Apelaciones no tiene la autoridad suficiente para designar en tiempo y forma a quienes cumplan con el deber constitucional? ¿Si la Corte de Apelaciones no tiene autoridad sobre sus propios jueces, quién la tiene?», se pregunta el abogado.

Criminalización judicial

El territorio mapuche, Wallmapu, está administrado por los Estados de Chile y Argentina. Actualmente, en Chile hay 130 presos políticos pertenecientes a este pueblo en las cárceles de Valdivia, Temuco, Angol, Cañete y Concepción.

El movimiento mapuche denuncia su «criminalización judicial», así como la mentalidad «colonial y racista» de la Justicia chilena evidenciada en procesos que «incumplen» la ley con peticiones de altas condenas, testigos protegidos, prisión preventiva de años y vulneración de tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios e, incluso, la propia Constitución de Chile.

La resistencia mapuche denuncia la represión durante los más de tres años de estado de excepción en su territorio, y su militarización como estrategia de «despojo y usurpación» para «proteger los intereses de las grandes empresas forestales, agrícolas y energéticas» bajo el pretexto de «mantener el orden y la seguridad».

Así, hace un llamamiento a la solidaridad internacional.