La red de asociaciones de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas, formada por Guerreras del Alto Deba y Bizitu Elkartea, han alertado este miércoles de que, «a pesar de que tenemos una buena normativa sobre violencia machista, no se está cumpliendo y las consecuencias de ello, son demasiado graves para no denunciarlas. En nuestra opinión, esas consecuencias, son la prueba evidente de que falta mucho por hacer».

En una rueda de prensa ofrecida tras comparecer en Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo del Parlamento de Gasteiz, Nuria Jiménez Trinidad y Yolanda Ruiz Bikandi han censurado que «nos encontramos casi cada día con noticias que relatan nuevos casos de violencia machista, reflejo de una parte de la sociedad que oscila entre la normalización y la resignación, una forma de rendición colectiva ante lo inaceptable». 

«Este escenario, lejos de ser inevitable, es también consecuencia de las respuestas insuficientes por parte de las instituciones», han manifestado, al tiempo que han remarcado que «es urgente que las instituciones asuman su responsabilidad, garanticen medidas efectivas y dejen de tolerar con su pasividad una violencia que debería ser intolerable. Hay alguien que está permitiendo que esto ocurra. Hay alguien que está mirando para otro lado, hay alguien que no está cumpliendo con sus funciones».

Han destacado que la responsabilidad recae sobre los ayuntamientos, las diputaciones, el Gobierno de Lakua y el Ejecutivo español, instituciones a las que han pedido que «hagan su trabajo. Es una problemática que afecta a las mujeres y sus criaturas, no depende de su economía, cultura, raza, formación o capacidades, afecta a las mujeres en todo el mundo».

Cuatro propuestas 

En el Parlamento han presentado cuatro propuestas «con el objetivo de lograr compromisos concretos». La primera pasa por elaborar un informe detallado de la formación sobre violencia machista impartida a todas aquellas personas que atienden a las víctimas, desde agentes de Policía a la judicatura. «Pero no solo la formación exigida u ofrecida, sino cuál ha sido la duración y calidad de la formación, la participación, los contenidos, la evaluación de quienes asisten y sobre todo su impacto», han apuntado.

Además, han pedido que el Ararteko analice la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), así como las custodias y visitas que se dan a los agresores; y han apostado por crear un canal para poder hacer llegar a las instituciones las denuncias sobre violencia institucional, «con una comisión o ente encargado de tramitar dichas demandas, investigar quiénes están cometiendo esta violencia y establecer medidas para afrontarla».

Por último, han exigido que la Comisión de Justicia de la Cámara autonómica investigue «qué está pasando con las denuncias cruzadas, analizarlas y visibilizarlas como una forma de ejercer violencia contra las mujeres».

«Como supervivientes de violencia queremos que se escuche y se visibilice nuestra voz a la hora de analizar la situación de las violencias machistas y plantear propuestas de mejora», han subrayado antes de incidir en que «son muchas las carencias y malas prácticas que vivimos: puntos de encuentro familiar inseguros para las víctimas; acreditaciones como víctimas que dependen de quien te atienda; custodias y visitas otorgadas a agresores; meses de espera para atención psicológica; y espacios en los juzgados inadecuados, inseguros, pequeños, sin intimidad donde, a pesar de las últimas reformas, es probable que te cruces o escuches a tu agresor».