La exmilitante del PSE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario vasco Antxon Alonso han quedado este sábado en libertad con medidas cautelares como investigados en una causa por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos.

Con la prohibición de salir del territorio estatal, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, los tres han abandonado por su propio pie este sábado la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones a las decenas de medios de comunicación que les esperaban.

Tras ser detenidos este miércoles, los tres han comparecido ante el juez Antonio Piña, que ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y les ha dejado en libertad provisional con las mencionadas medidas cautelares, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Leire Díez, que ha salido de la Audiencia Nacional con el rostro completamente cubierto, y Antxon Alonso se han acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado al estar la causa secreta, mientras que Vicente Fernández ha negado haber participado en ninguna irregularidad en contratos públicos.

Contratos bajo sospecha, la segunda causa de Leire Díez

La causa se centra en presuntos amaños en contratos públicos que podrían remontarse a los años 2021 y 2022, según has fuentes consultadas, por la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha practicado esta semana una veintena de registros y requerimientos de información.

Leire Díez se ha negado a declarar este sábado y tampoco lo hizo en sede policial al no conocer los detalles de la causa por estar secreta, sin perjuicio de hacerlo más adelante, han precisado las fuentes.

Esta es la segunda investigación que la exmilitante del PSOE tiene abierta, al estar también imputada por presunto cohecho y tráfico de influencias ante las sospechas de que maniobró junto a un empresario en busca de información comprometida de fiscales y mandos de la UCO para tratar de «malbaratar» investigaciones.

El expresidente de la SEPI niega amaños en ningún contrato

Según las fuentes, el único que ha declarado ante el juez ha sido el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que ha respondido a todas las preguntas, entre ellas algunas sobre supuestas comisiones en las que los investigadores sospechan que podría haberse visto implicado. Él lo ha negado, al mismo tiempo que ha rechazado haber participado en el amaño de ningún contrato.

También ha sido preguntado por su papel en la empresa navarra Servinabar, implicada en el ‘caso Koldo’ y para la que Fernández trabajó tras dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño del concurso de la explotación de la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), en el que quedó absuelto.

Servinabar está administrada por el tercer investigado en la causa: Antxon Alonso. A este empresario, que también se ha negado a declarar, los investigadores del ‘caso Koldo’ lo vinculan con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien habría comprado casi la mitad de las participaciones de esta empresa con un contrato al que el exdirigente socialista niega valor jurídico.

Una veintena de requerimientos y registros

En el marco de esta investigación, la UCO ha acudido en los últimos días a pedir información a la SEPI o a Correos, y ha registrado la sede de Enusa, empresa pública dependiente de la primera y en la que Leire Díez estuvo contratada como responsable de comunicación coincidiendo con la etapa en la que Vicente Fernández presidió la SEPI (2018-2019).

En Correos, donde llegó a ser directora de Filatelia, tuvo varios cargos hasta 2023.

Esta semana los agentes también han acudido a organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, a Cofivacasa, perteneciente a la SEPI; así como a las empresas públicas Sepides y Mercasa, entre otras dependencias.

También registraron un bar de Sevilla en el que se incautaron de contabilidad y dispositivos para determinar si pudo usarse para blanquear dinero presuntamente ilícito de la trama investigada.