Las presiones y coacciones a Inspección de Trabajo por parte de la dirección de Volkswagen Navarra, UGT y CCOO tras sus requerimientos por incumplimiento en la ley en la contratación en la planta de Landaben han sido denunciadas por ELA, LAB y CGT.

Estas últimas centrales han recordado que esos requerimientos, «aunque ajustados a derecho, son contrarios a la política empresarial de la multinacional, la cual acostumbra a saltarse todo tipo de leyes y normativas sin recibir represalias por ello».

Recuerdan que «esta forma de actuar supone un claro desprecio y una discriminación hacia el resto de las empresas, trabajadores y trabajadoras navarras que sí cumplimos escrupulosamente con ella». Además de suponer «el incumplimiento del Código de Conducta interno de la multinacional».

En este sentido, han desvelado que «el pasado 20 de enero solicitamos una reunión de urgencia del comité de empresa para tratar conjuntamente la situación creada ante las amenazas de la empresa, convocar Asambleas Generales en fábrica para informar a la plantilla y tomar las decisiones necesarias que hiciesen que la empresa recapacitase y las retirase».

Pero esa reunión, «a día de hoy y por decisión del presidente del comité, no se ha producido, suponiendo de facto el bloqueo y anulación del mismo, máximo organismo de representación de la plantilla».

Por ello, han mostrado «nuestro más firme rechazo ante la incoherente postura de UGT y CCOO, quienes, posicionándose del lado de la multinacional, por un lado, asumen el posible ERE mientras, por otro, piden contrataciones».

«Amedrentar a la plantilla»

Desde ELA, LAB y CGT, lamentan que «la dirección de Volkswagen Navarra, con el incondicional apoyo de UGT y CCOO, lejos de acatar las resoluciones, busquen amedrentar a la plantilla con amenazas de futuros EREs, cuya única justificación sería tener que cumplir con la ley haciendo fijos a unas decenas de trabajadores y trabajadoras porque no entrarían dentro de sus planes empresariales cuando, en paralelo, están negociando la contratación de hasta 400 trabajadores eventuales».

Con esta situación, consideran que «en ningún caso podrían justificar un excedente de plantilla. Sería inmoral que algún gobierno aceptara semejante planteamiento, sobre todo, después de las decenas de millones de dinero público que recibe esta empresa vía ERTE para el mantenimiento del empleo».

Asimismo, han recordado que UGT y CCOO ya tienen pactado, en el X Convenio Colectivo, «el despido de personal TAS y MOD contratado fijo para diferentes proyectos de transformación si hubiera un excedente en estos colectivos».

Y estas centrales se temen que «la empresa quiera aprovechar esta coyuntura, con la colaboración de UGT y CCOO, para negociar un preacuerdo del próximo convenio claramente a la baja».

Por todo lo expuesto, «tanto el no cumplimiento de la legislación vigente como la gestión llevada a cabo una vez descubierto, exigimos que se depuren responsabilidades en el seno de la dirección».