El PNV ha celebrado públicamente la modificación del decreto del llamado «escudo social» que el Gobierno español prevé aprobar en las próximas horas mediante decreto. La nueva redacción, según la nota hecha pública por la formación vasca, exime a las instituciones competentes, las comunidades autónomas, de la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad antes de ejecutar un desahucio en caso de propietarios de una o dos viviendas, una medida que supone un giro relevante respecto a la moratoria aprobada durante la pandemia y que prioriza los intereses de los propietarios frente al derecho a la vivienda. 

La moratoria de desahucios fue aprobada en 2020 como respuesta a la emergencia social derivada de la covid-19 y que ha sido prorrogada en diversas ocasiones a cuenta de la inflación y la crisis energética. Su objetivo era evitar que miles de personas y familias vulnerables acabaran en la calle en un contexto de crisis sanitaria, desempleo y pérdida de ingresos. La norma suspendía lanzamientos en casos acreditados de vulnerabilidad económica y social y obligaba a los propietarios a ofrecer una alternativa habitacional cuando se tratara de grandes tenedores, trasladando al Estado la responsabilidad de articular soluciones de vivienda a medio plazo.

Desde su aprobación, esta medida ha sido prorrogada de forma sucesiva y se ha convertido en uno de los principales instrumentos de protección frente a los desahucios. Sin embargo, también ha sido objeto de una intensa presión por parte de sectores inmobiliarios y propietarios, que han denunciado impagos prolongados y una supuesta equiparación injusta entre pequeños arrendadores y grandes fondos de inversión.

Es en este contexto donde se sitúa la intervención del PNV. Este martes, la formación vasca ha reivindicado haber logrado que el Gobierno español introduzca una diferenciación explícita entre grandes tenedores y pequeños propietarios, de modo que quienes cuenten con una o dos viviendas, siendo una de ellas su residencia habitual, queden exentos de la obligación de garantizar una alternativa habitacional a las personas vulnerables que habitan en su vivienda en alquiler.

Según el PNV, esta modificación «tiene en cuenta la situación de estas personas» y evita que pequeños propietarios «se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables» al verse obligados a asumir meses de impago. El grupo jeltzale sostiene que la redacción anterior del decreto trasladaba al propietario una carga que debería asumir el Estado y defiende que la reforma permitirá «recuperar la posibilidad de alquilar los pisos en un contexto de inseguridad jurídica».

Desplaza la protección

No obstante, esta reforma debilita el núcleo del escudo social y abre la puerta a nuevos desahucios sin alternativa habitacional, incluso cuando las personas afectadas cumplen los requisitos de vulnerabilidad. En la práctica, el cambio desplaza el foco de protección desde quienes están en riesgo de exclusión residencial hacia los intereses de los propietarios.

De hecho, muchas de las personas afectadas por desahucios dependen de alquileres en manos de propietarios con una o dos viviendas, por lo que la exención aprobada reduce de forma significativa el alcance real de la moratoria. De esta forma, la nueva redacción opta por aliviar la presión sobre los propietarios, aunque sea a costa de dejar desprotegidas a personas y familias vulnerables.

Pese a todo, el PNV ha valorado positivamente este «acuerdo de mínimos» y confía en que permita seguir negociando nuevas medidas en materia de vivienda durante el nuevo periodo de prórroga del escudo social.