Catorce entidades –Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo, Paris 365, Sos Racismo Navarra, Punto de información para personas migradas, Lantxotegi Elkartea, Oxfam Intermón, Fundación Elkarte, Etxebizitza Sindikatu Sozialista Iruñerria, Haritu Elkarlaguntza Sarea, Salhaketa Nafarroa, Centro Lasa, Dar Etxea, Asamblea Padrón Iruñea e Itaka Escolapios– han presentado sendas quejas ante el Defensor del Pueblo de Nafarroa al considerar que el Ayuntamiento de Iruñea «incumple» la ley en el empadronamiento de personas sin hogar.

En este sentido, denuncian que el Consistorio «está retrasando, obstaculizando y denegando de manera generalizada» el empadronamiento de dichas personas, «impidiendo su acceso a derechos básicos como la tarjeta sanitaria, la escolarización, el sistema de protección social y la regularización administrativa».

Relatan estas asociaciones que en febrero de 2024 el Ayuntamiento paralizó la resolución de solicitudes, a la espera de alcanzar un acuerdo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), «a pesar de que la legislación establece un plazo de tres meses para resolver y, en su defecto, para empadronar y emitir el certificado por silencio positivo».

Dichas entidades aseguran que, nueve meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, y a instancias de las personas interesadas, se vio «obligado» el Consistorio a empadronar a varias de ellas, «pero aprobó una Instrucción obligándoles a comparecer quincenalmente en dependencias municipales».

Una exigencia que fue anulada en mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nafarroa (TAN) «por considerarla ilegal». Ante ello, dicha Instrucción fue dejada sin efecto por el propio órgano municipal el día 30 de ese mismo mes.

Computan estas asociaciones que, desde el día mencionado y hasta el 25 de enero pasado, se han aprobado 36 resoluciones de prórroga que afectan a 562 solicitudes –el Ayuntamiento alegó un gran aumento de expedientes y la dificultad objetiva de verificar la residencia habitual–, retrasos que tildan de «injustificados e ilegales».

Añaden que el Defensor del Pueblo de Nafarroa «ya recomendó en julio de 2025 revocar estas ampliaciones y
resolver los expedientes dentro del plazo ordinario», un consejo que el Ayuntamiento «rechazó expresamente».

Por otro lado, denuncian que, agotado el plazo ampliado, el Consistorio está denegando «de forma sistemática» las solicitudes de empadronamiento, argumentando que no ha podido constatar la residencia habitual de los solicitantes. «Sin embargo, en los expedientes no consta ni una sola citación, ni actuación activa de verificación, lo que es contrario a la normativa», apuntan.

Residencia mínima «ilegal»

Añaden que, de manera más reciente, se está exigiendo una residencia mínima de tres meses previos a la solicitud, un requisito «arbitrario e ilegal», ya que, según estas asociaciones, la normativa vigente «únicamente» exige que la persona «resida habitualmente en el municipio, sin exigir un periodo temporal concreto».

Asimismo, censuran que se están produciendo «bajas de oficio de personas empadronadas en dependencias municipales, domicilios ‘ficticios’ previstos legalmente para personas sin hogar, tramitadas sin motivo, sin notificación efectiva, publicadas indebidamente en el BOE y sin resolución y notificación de órgano competente», actuaciones que consideran «nulas de pleno derecho».

Por último, critican la existencia de una Instrucción interna «ilegal», que vincula el empadronamiento a la intervención social, fija un límite máximo de dos años y obliga a las personas a recoger notificaciones presencialmente, comparecencia personal «que ya fue declarada ilegal en mayo de 2025 por el TAN».

En consecuencia, solicitan al Defensor del Pueblo de Nafarroa que recomiende al Ayuntamiento de Iruñea «que facilite el empadronamiento de personas sin hogar en el plazo más breve posible, que revoque y deje sin efecto la ampliación de plazos de resolución de expedientes de empadronamiento, y que verifique activamente si las personas que pretenden empadronarse residen o no habitualmente en el municipio, y no se deniegue el
empadronamiento sin realizar dicha verificación».

Asimismo, «que no exija un periodo de residencia de tres meses, ni antes ni después de la solicitud, que no obligue a las personas sin hogar empadronadas en un local municipal a comparecer personalmente en dependencias municipales, ni a suscribir un compromiso en tal sentido».

Finalmente, «que no inicie expedientes de bajas de oficio por el simple hecho de que no exista intervención social, si no existen indicios sólidos de que la persona reside en otro domicilio o no reside en el municipio, que no limite a dos años el plazo de empadronamiento en un local municipal y que las instrucciones sobre empadronamiento de personas sin hogar se publiquen en el Boletín Oficial de Navarra y en la página web del Ayuntamiento».