El consejero portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que en las inspecciones realizadas no se ha detectado la comisión de delitos en el centro evangélico Vida Nueva de Ziritza. Una investigación de ‘Newtral’ conocida este lunes y cuya autora detalló a NAIZ recaba el testimonio de cinco mujeres que estuvieron internadas en el centro Vida Nueva, que gestiona un culto evangelista en Nafarroa. Estas mujeres denuncian terapias de conversión de género, malos tratos y matrimonios forzados.

Remírez, quien ha mostrado la «preocupación» del Ejecutivo ante estas informaciones, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno que se trata de un centro de iniciativa privada, no concertado, y tampoco existe un protocolo de derivación de personas desde los servicios sociales.

«En el Departamento de Derechos Sociales no se ha recibido ninguna queja por parte de usuarios sobre los hechos denunciados», ha asegurado el portavoz, quien ha explicado que el servicio de inspección de la consejería ha realizado seis inspecciones del centro desde 2016, la última en diciembre de 2025, y «no se ha detectado ningún tipo de ilícito penal».

Ha subrayado que sí se ha detectado un incumplimiento de la normativa en el número de plazas por habitación, que debe ser de un máximo de dos, y se ha instado al centro a que haga las modificaciones oportunas.

Anima a denunciar

El 16 de diciembre, la inspección abrió un procedimiento para revocar la autorización de funcionamiento del centro y excluirlo del registro de centros de servicios sociales, lo que supondría que ya no podría concurrir a ayudas públicas en concurrencia competitiva.

En este sentido, ha indicado que desde el Instituto de Salud Pública se ha concedido ayudas a este centro para la prevención de adicciones, pero en concurrencia competitiva. Además, ha incidido, por parte del Departamento de Salud «ni existe relación contractual ni ningún tipo de derivación» desde los servicios de salud mental.

Remírez ha subrayado que el Gobierno de Nafarroa ha actuado en el ámbito de sus competencias y ha declarado que, si cualquier persona considera que se están vulnerando sus derechos en este centro, «que lo denuncie». «Si tenemos conocimiento de alguna práctica de estas características» como las denunciadas en la investigación periodística, ha agregado, «el Gobierno actuará».