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Israel aprueba una reforma para ampliar su control sobre Cisjordania

El Ejecutivo israelí impulsa cambios legales que refuerzan su capacidad de gestión en territorios ocupados con una medida que afecta a la regulación del suelo, a enclaves religiosos sensibles y al equilibrio fijado por acuerdos previos.

Soldados israelíes escoltan a colonos israelíes mientras caminan por la Ciudad Vieja de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, el 30 de enero de 2026.
Soldados israelíes escoltan a colonos israelíes mientras caminan por la Ciudad Vieja de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, el 30 de enero de 2026. (MOSAB SHAWER | AFP)

El Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros israelí ha aprobado este domingo una reforma de la administración de Cisjordania que amplía las competencias para autorizar la construcción de nuevos asentamientos judíos, confiscar tierras y asumir el mantenimiento y la gestión de lugares religiosos en disputa, como la Tumba de los Patriarcas de Hebrón o la Tumba de Raquel, en Belén.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Defensa, Israel Katz, han destacado que la reforma supone un cambio «dramático» en Cisjordania. Entre las medidas figura la asunción por parte de las autoridades israelíes de las competencias sobre el territorio y las licencias de construcción en la histórica ciudad de Hebrón, lo que modifica la situación instaurada en 1997, según la cual cualquier nueva construcción debía ser aprobada tanto por las instituciones palestinas como por las israelíes.

El objetivo es «eliminar barreras vigentes desde hace décadas, derogar una legislación jordana discriminatoria y facilitar el desarrollo acelerado de asentamientos», han señalado ambos ministros en un comunicado. Todo esto obviando la calificación de dichas tierras como territorios ocupados.

«Vamos a eliminar barreras, a generar seguridad jurídica y civil y a permitir a los colonos vivir, construir y desarrollarse en igualdad con todos los ciudadanos de Israel», han afirmado. Smotrich ha subrayado que la iniciativa pretende «normalizar la vida en la ribera occidental» y «seguir matando la idea de un Estado palestino». Hace tiempo que los eufemismos dejaron de ser necesarios para las autoridades israelís.

El plan incluye también la publicación de los registros de tierras de Cisjordania para que cualquier persona pueda identificar a las propietarias de un terreno y presentar ofertas de compra, información que hasta ahora era confidencial.

Asimismo, deroga una norma del periodo en que Jordania controlaba Cisjordania que prohibía a las personas no musulmanas adquirir tierras en la zona y crea una «autoridad municipal específica» para gestionar la Tumba de Raquel, en Belén, encargada de la limpieza y el mantenimiento del lugar.

Por si fuera poco, la iniciativa amplía además las competencias de seguridad en las zonas A y B previstas en los Acuerdos de Oslo —de control civil palestino y de control mixto, respectivamente— en ámbitos como la gestión del agua, los daños a lugares arqueológicos y los perjuicios ambientales o la contaminación.

El Consejo de Yesha, que agrupa a los asentamientos judíos de Cisjordania, ha celebrado la iniciativa porque «consolida la soberanía israelí sobre el territorio, de facto».

Unilateralidad y colonialismo

Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha denunciado las medidas anunciadas como «ilegítimas e ilegales» y ha afirmado que carecen de efectos jurídicos.

Según Abbas, la reforma supone «una ampliación práctica de los planes de anexión y desplazamiento» que «violan todos los acuerdos firmados entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel» y son contrarios a los Acuerdos de Oslo y al Acuerdo de Hebrón.

«La OLP no permitirá la aplicación de estos planes (…) y seguirá luchando para defender sus tierras y sus derechos» hasta lograr «un Estado de Palestina libre, independiente y totalmente soberano en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, capital eterna del Estado de Palestina», ha afirmado.

Abbas ha recordado en particular que el Derecho Internacional rechaza la colonización de territorios conquistados militarmente y el desplazamiento forzoso de la población palestina. Por ello, ha apelado a la comunidad internacional y, en concreto, al Consejo de Seguridad de la ONU y al Gobierno estadounidense para que «intervengan de inmediato» y detengan estas «peligrosas decisiones» israelíes.

Ha calificado la reforma como una «profundización de los intentos de anexionarse la Cisjordania ocupada y una continuación de la guerra del Gobierno contra los palestinos» y ha defendido «los derechos nacionales e históricos del pueblo palestino en el territorio palestino».