Miembros de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) han entregado este lunes a la mañana en la sede del Ararteko, en Bilbo, 14.000 firmas recogidas en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba en defensa del blindaje constitucional de las pensiones públicas. Esta entrega de firmas constituye una acción previa a las movilizaciones que se celebrarán de forma simultánea en las ciudades del Estado español a finales del mes de febrero.

La MERP es una plataforma social y ciudadana que agrupa a cientos de organizaciones -sindicatos, asociaciones de mayores, colectivos juveniles, entidades vecinales y profesionales- con el objetivo de reformar la Constitución para que las pensiones públicas «queden protegidas como derecho fundamental, prohibiendo cualquier recorte, privatización o pérdida de poder adquisitivo».

Según han apuntado desde la plataforma, la entrega de firmas se produce en «un contexto económico preocupante» marcado por las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, que ha planteado «ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, ajustar la edad de jubilación y revisar la indexación al IPC antes de 2031».

En un escenario económico internacional «complejo y con presiones sobre el gasto público», la MERP considera que «las pensiones no pueden volver a ser la variable de ajuste».

Desde la plataforma insisten en que el blindaje constitucional es «la única garantía estructural para proteger tanto a los pensionistas actuales como a las generaciones futuras, evitando que las pensiones dependan de mayorías parlamentarias coyunturales o de gobiernos futuros que pueda privatizar y recortar el sistema de pensiones».

Según ha informado Florencio Moreno, portavoz MERP en la CAV, están en camino de recoger 4 millones de firmas en todo el Estado español. Al mismo tiempo, ha señalado que llevan años con esta campaña, con un objetivo muy ambicioso: «Las pensiones deben estar contempladas en un artículo legal de la Constitución».

«Por todo ello, solicitamos que el Ararteko, en el ejercicio de su función de defensa de los derechos de la ciudadanía vasca, tenga en consideración la trascendencia de esta reivindicación y el impacto que cualquier debilitamiento del sistema público depensiones tendría en nuestra sociedad», han exigido.