Prevenir el delito es labor de la Policía, que ya tiene todos los datos del detenido
Además de las consideraciones políticas, éticas y de derechos humanos de la decisión de informar del origen geográfico de los detenidos, está el análisis de su eficacia frente a una extrema derecha para la que el dato no mata el relato y porque no aporta nada a las fuerzas policiales.

Hasta el pasado verano, cuando al Departamento de Seguridad se le pedía la nacionalidad de las personas detenidas respondía que «la información solicitada podría dar lugar a la estigmatización de determinados colectivos y fomentar prejuicios xenófobos», por lo que «resulta contraria al interés general y a los principios de igualdad y no discriminación que deben regir la actuación de las instituciones públicas».
Pero desde octubre de 2025, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, decidió que «no tenemos argumentos para negarnos a dar el origen, una petición creciente por parte de Vox». «Es mejor facilitar los datos con transparencia que estar peleándonos con la extrema derecha», concluyó.
No consta que nadie le llevara a tribunales para forzarle a ofrecer ese dato, por lo que la decisión de no dar esa batalla es del Departamento de Seguridad y del EBB del PNV, según apuntó Aitor Esteban. Y, a partir de ahí, Bingen Zapiria comienza ha remitir información segregada por origen geográfico tanto al Parlamento como en las notas de prensa de detenciones.
Cabía pensar que la documentación que Seguridad remite a la Cámara se ajustaría a su propio criterio de «proporcionar información que, debidamente contextualizada y analizada, permita abordar la cuestión planteada de forma rigurosa y responsable». Pero lo que ha hecho es enviar tablas sin ninguna contextualización ni análisis.
El presidente del EBB, Aitor Esteban, dijo que Vox y PP pedían esos datos y luego los filtraban de forma interesada. Lo podrán hacer ahora, no pudieron hasta octubre. Y la documentación que se remite al Parlamento es pública.
PERO EL PASO MÁS LLAMATIVO FUE EL DE INCLUIR EL ORIGEN DE LAS VÍCTIMAS Y LOS DETENIDOS EN LAS NOTAS DE PRENSA.
Es difícil medir su utilidad. Los defensores hablan de transparencia y de que la ciudadanía es adulta, de que añadir datos nunca está de más, pero no explican por qué incluir el origen geográfico y no el social, el económico o el educativo. El último en subirse a este carro ha sido Jon Insausti, alcalde de Donostia, un Ayuntamiento que no hace notas sobre las detenciones. Parece un anuncio en el que hay más un interés mediático personal que de eficacia real. Dice que el origen de los detenidos puede ser a veces válido para realizar tareas de prevención: «Antaño hablábamos de los Latin Kings. Bandas organizadas procedentes de Kosovo...». Pero obvia que la prevención la realizan las fuerzas policiales, que ya disponen de esa información, y no los periodistas ni la ciudadanía.
Por otra parte, la parlamentaria del PSE Miren Gallastegui, que fue viceconsejera de Justicia en la segunda legislatura de Iñigo Urkullu, aseguró este diciembre en el Parlamento que la Ertzaintza no hace notas de todas sus detenciones, sino «solamente de unas pocas», por lo que -además de estar en contra por otras razones- se preguntó «¿qué valor objetivo tiene, por ejemplo, que de 70 operaciones que pueda realizar al día informen solamente del origen de las personas en dos o tres?». Y se respondió que «yo creo que absolutamente ninguno».
PERO SI ALGO ESTÁ CLARO ES QUE FRENTE A LA ULTRADERECHA, LOS XENÓFOBOS Y MACHISTAS EL DATO NO MATA AL RELATO.
Ahí está el caso de la violencia machista, en la que el insistir en demostrar la ínfima proporción de denuncias falsas de mujeres no hace que dejen de hablar de ello. Lo mismo ocurre, por cierto, con el número de allanamientos de hogares, que las empresas de alarmas y determinados programas alarmistas quieren convertir en el principal problema de vivienda del país. A estos sectores, si las estadísticas les dan la razón las usan, y si no, dicen que están manipuladas.
La eficacia práctica no parece ser la finalidad de la decisión tomada por el Departamento de Seguridad y el EBB. ¿Cuál es entonces?
Quizá pueda servir de pista que el lehendakari, Imanol Pradales, insista últimamente en pedir a Madrid que «se facilite la cooperación de la Ertzaintza con el resto de FSE en materia de Extranjería, para coparticipar en procedimientos de expulsión, porque es un tema relevante cuando hablamos de la multirreincidencia».

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