La Fiscalía Provincial de Araba ha admitido a trámite la denuncia presentada el pasado 10 de diciembre por Podemos y la asociación ciudadana EKI por los delitos que, a su juicio, se han cometido para avanzar hacia una «privatización encubierta» del vertedero de Oion, que incluye «el desvío de un millón de euros de fondos públicos a manos privadas».

Gracias a esta acusación, la Fiscalía estudia ya los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y coacciones y amenazas a un funcionario público, que los denunciantes han sometido a juicio del ministerio público aportando todas las pruebas que han podido recabar en los últimos meses sobre este caso. Las tres primeras denuncias se sustancian contra quien fue presidente de la Cuadrilla de Rioja Alavesa en el periodo 2015-2023, y la cuarta, contra el representante de la empresa adjudicataria, Ecoprec.

Según ha explicado la Secretaria de Organización de Podemos Euskadi, Leticia Jiménez, «la admisión a trámite de nuestra denuncia confirma lo que confiamos en que sea solo el primer paso de un camino que confiamos en que nos lleve a poder poner punto y final a un proceso de una gravedad extrema que puede afectar al patrimonio público, a la salud del entorno y al propio funcionamiento democrático de nuestras instituciones. Estamos muy satisfechas porque la Fiscalía nos ha dicho con esta decisión que nuestra demanda cumple con los requisitos legales necesarios y que efectivamente hay base para ponerse a trabajar escrutinando lo que para nosotras es un evidente escándalo».

«De la mano de nuestra militancia en Oion, y de la asociación ciudadana EKI, Podemos Euskadi no se detendrá en su defensa de las vecinas y los vecinos de Rioja Alavesa, de su medio ambiente, y del escrupuloso respeto y cuidado que merece la gestión de nuestros fondos públicos. Llegaremos hasta el final para conseguir que se esclarezcan estos hechos, que para nosotras tienen una gravedad extrema. Para que no se distraiga ni un solo céntimo del dinero público a intereses espurios. Para garantizar la transparencia y el respeto institucional. Y para que la Rioja Alavesa nunca deje de ser un entorno saludable y seguro», ha subrayado.

Según los indicios que los denunciantes han puesto en manos de la Fiscalía, en la operación que se cierne sobre Oion y el vertedero de Valdeaguilar se ha desviado en torno a un millón de euros públicos hacia intereses privados actuando ilegítimamente para favorecer a una empresa concreta mediante decisiones arbitrarias y contratos irregulares.

«Llevamos meses advirtiendo de que lo que se está tramitando aquí no es una ampliación inocua de un vertedero. Es un proceso opaco, plagado de anomalías, que puede tener un impacto directo en este entorno y en su calidad de vida. Y ahora sabemos que, además, podría estar erigido sobre actos que vulneran la ley, la ética pública y la confianza que la gente deposita en sus instituciones, además de suponer un tremendo perjuicio para las arcas públicas en beneficio de intereses privados», ha declarado Jiménez.

Por todo esto, además de interponer esta denuncia, Podemos solicitó que se dictaran medidas cautelares para evitar que mientras se investigan estos hechos se consoliden derechos o autorizaciones que luego puedan ser irreversibles. «Con responsabilidad, con rigor y con la convicción profunda de que defender lo público no es una consigna: es una obligación democrática. Quienes intenten aprovecharse de lo que es de todos nos van a encontrar enfrente de la mano de la ciudadanía organizada», ha subrayado la Secretaria de Organización de Podemos.

Ampliación de la denuncia

En este sentido, cabe destacar que esta acusación ha ido un paso más allá al ampliar la denuncia acusando ahora de prevaricación a las personas responsables de impedir que la Cuadrilla de Rioja Alavesa abriera una Revisión de Oficio de los hechos que han desembocado en esta demanda.

Ahora, tanto los diez representantes de la Cuadrilla que votaron a favor de inadmitir a esta solicitud, como la secretaria-interventora de este órgano, que eludió su responsabilidad de ejercer el control de legalidad preceptivo, se enfrentan así a una nueva demanda. Esta, por prevaricación, por cuanto habrían avalado una decisión basada únicamente en un informe parcial solicitado a tal efecto a un despacho jurídico externo, ECIJA Fernández de Trocóniz, «que sabían que era arbitraria e ilegal», como incluso advirtieron los dos miembros del PSE presentes en este órgano que, de hecho, prefirieron abstenerse en esta votación.