Muy pocas novedades, ninguna aclaración de cómo se han llegado a producir al menos 84 vacunaciones con dosis caducadas que han requerido revacunaciones, muchas preguntas sin respuesta, contradicciones entre cómo se ha actuado en Iztieta y en Indautxu siguiendo una misma instrucción de 2018, y una petición común de la oposición exigiendo responsabilidades sobre todo a la dirección de Osakidetza.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha comparecido este lunes en el Parlamento, acompañado por su equipo: los viceconsejeros de Salud y de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitarias, Gontzal Tamayo y Aritz Uriarte, respectivamente; así como la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y el director de Asistencia Sanitaria, Koldo Berganzo. La única novedad sobre ruedas de prensa o lo dicho en el pleno del 6 de febrero ha sido que las dosis caducaron en los propios centros de salud, sin aclarar ni cómo pudo ocurrir ni por qué se llegaron a administrar.

También se ha asegurado que «la incidencia –término muy criticado por los grupos de la oposición– por vacunas caducadas está reconducida, con las familias informadas y las revacunaciones realizadas: 40 en la hexavalente y 44 en la tetravalente y triple vírica». Cabe recordar que en sus últimas explicaciones el 6 de febrero ante el Pleno de la Cámara, el consejero redujo las necesidades de revacunación de la hexavalente a 30 casos, y finalmente han sido 40.

La cúpula del Departamento de Salud han vuelto a repetir la cronología que comienza asegurando que conocieron el primer caso de administración de vacunas caducadas el 15 de enero en el centro de Iztieta, con la petición de informes en los días siguientes, que resultaban contradictorios entre sí, por lo que se estaba a la espera de una pauta de petición para transmitir a las familias.

«No quisimos ocultarlo»

Sin embargo, el registro el 27 de enero en el Parlamento de una pregunta de EH Bildu sobre estas vacunas y la llegada del tema a los medios de comunicación hizo que el Departamento de Salud se viera «precipitado» a hacer pública una nota de prensa sin tener todavía ni cifras ni recomendaciones definitivas.

Frente a la sospecha de la oposición de que se pretendió ocultar lo que estaba ocurriendo, el consejero de Salud lo negó aduciendo que cómo iban a querer ocultarlo si pidieron datos a 400 centros de salud. Pero lo cierto es que hasta que EH Bildu dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, no había habido ninguna comunicación pública del mismo, pero tampoco en los planes de actuación que se ha anunciado se iba más allá de informar a cada familia individualmente, lo que impediría tener una visión general de lo que estaba ocurriendo.

Actuaciones contradictorias

En cuanto a la existencia de revacunaciones en el centro de salud de Indautxu los días 28 de noviembre y 1 de diciembre, tanto el consejero como la directora general de Osakidetza han asegurado que no tenían conocimiento de ello, puesto que existe una instrucción interna de 2018 que en los casos de «incidencias sin daño» no obligan a dar cuenta a los servicios centrales y se resuelven en cada centro.

Desde la oposición se ha dejado constancia de que el hecho de haya personas que pensaban estar vacunadas y realmente no lo están, ya supone un peligro

Desde los grupos de la oposición se ha puesto en duda que un caso en el que se hicieron varias consultas fuera del propio centro Osakidetza no tuvieran ninguna información al respecto.

Por otra parte, la directora del ente, Lore Bilbao, ha afirmado que el centro de Iztieta de Errenteria también aplicó esa instrucción interna y en ese caso no solo se transmitió a la cúpula de Osakidetza, sino que dio lugar a una búsqueda de casos en todas las OSIs.

Sin respuesta sobre Iztieta

Al consejero de Salud le han preguntado sobre si, como publicó este medio, los días 19 y 20 de marzo se procedió a citar a niños de Iztieta por si era necesario revacunarlos, y que el 21 de ordenó parar esta intervención. Pese a que tanto Rebeka Ubera, de EH Bildu, como Laura Garrido, del PP, han reiterado esta  pregunta, no ha habido ninguna respuesta en ninguno de los turnos de los que ha dispuesto Alberto Martínez.

Otro punto de fricción ha sido la insistencia del consejero en asegurar que no ha habido daños y que la inmunidad no ha estado en peligro. En primer lugar, desde la oposición se ha dejado constancia de que haya personas que pensaban estar vacunadas y realmente no lo están, ya supone un peligro, más cuando se reconoce que la inmunidad a largo plazo podría estar afectada. Y otra pregunta sin respuesta ha sido la de si no hay ningún riesgo, por qué se ha revacunado.

Revisadas 168.841 vacunas de 2025

En la comparecencia se ha informado de que se han revisado 168.841 vacunaciones realizadas en 2025, en las que han detectado 19 casos de vacunaciones con dosis caducadas confirmadas y otras 137 «potenciales» entre los que puede haber errores de registro. Se ha destacado que de cualquier forma es una media inferior a la del Reino Unido.

Sin embargo, NAIZ tiene documentación que recoge la existencia de 239 casos en doce OSIs distintas y no solo de hexavalente, tetravalente y triple vírica, sino también de Meningococo C, Polio IM, Meningococo A-C-Y-W135, VPH, DTPa-VPI, Hepatitis, Herpes zoster…

Los responsables de Salud ha anunciado que revisarán el sistema de registro de las vacunas, puesto que da lugar a errores. De hecho, en ningún paso se introduce la caducidad de un lote de vacunas ni salta alarma alguna cuando éstos han caducado.

El consejero ha anunciado la implementación durante 2026 de una veintena de medidas para corregir el sistema, que ha calculado que tendrán un coste de 1,5 millones de euros. Entre esas medidas se ha destacado la creación de una cartilla digital de vacunación para toda la población. Un hecho llamativo toda vez que el propio Alberto Martínez ha mantenido hasta ahora que el registro más fehaciente es el de la cartilla física que tienen las familias.

La oposición exige responsabilidades

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha visto que muchas de las preguntas que ha realizado a todo el equipo no se han respondido y, pese a que ha vuelto ha pedir respuestas, se ha quedado sin ellas. Además ha reprochado al departamento que critique que su grupo hiciera público lo ocurrido, destacando que en realidad es una acusación a su propia consejería, que tenía que ser quien lo hubiera anunciado. Le ha criticado su falta de «responsabilidad» y de «transparencia».

Ubera ha afirmado que «la gestión está siendo caótica y nefasta y todavía no sabemos hasta dónde llega la magnitud de las vacunas caducadas que se han administrado». Ha subrayado que se trata de un fallo estructural y que se centra en Osakidetza, no en la dirección de Salud Pública

Por parte del PP, Laura Garrido ha reclamado «responsabilidades» por una crisis en la que se han producido «fallos estructurales sin precedentes». Además, ha denunciado que el consejero y su equipo o han «mentido» en torno a lo sucedido o es un «incompetente»; y, en referencia a la investigación abierta sobre este caso, le ha preguntado si será capaz de «mantener en sede judicial» la versión que ha aportado hasta ahora.

Todos los grupos de la oposición han criticado que el Comité de Investigación y Trazabilidad de Vacunas creado esté formado por cargos del propio departamento y de Osakidetza, lo que consideran un lastre para su objetividad. Por ello han pedido que se haga una evaluación externa e independiente de lo ocurrido. Y se han unido también en la exigencia de responsabilidades al más alto nivel.