
La directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Nafarroa, Miriam Martón, ha comparecido este martes en el Parlamento para explicar las grandes líneas de la reforma de la Renta Garantizada, que requerirá el apoyo de los socios de Gobierno.
Martón ha señalado que se hace necesario incorporar aprendizajes y que la incorporación del ingreso mínimo vital al sistema de garantía de ingresos de Nafarroa conlleva «armonizar y de alinear las dos prestaciones principales», así como incluir las recomendaciones de la Cámara de Comptos y el Consejo Europeo sobre una renta mínima que «procure la inclusión activa».
Antes de entrar en los objetivos y cambios, la directora ha puesto en valor que la Renta Garantizada en el herrialde «protege a casi 14.000 niños y niñas y da cobertura a 1.419 personas mayores de 65 años».
La compareciente ha destacado cuatro objetivos que contempla la reforma, siendo el primero «prevalecer el derecho a la inclusión social desde el primer momento en el que se activan el derecho al cobro de renta garantizada».
«En estos momentos este derecho se activa al año de percepción de la prestación. Nosotros queremos que se active con carácter inmediato porque consideramos que este es un factor que mejora la situación de las personas», ha defendido.
El segundo objetivo se basa en reducir burocracia para que «los profesionales puedan realizar un trabajo de inclusión todavía más personalizado, de mayor calidad, con un acompañamiento mayor».
También está previsto que se realicen acciones para armonizar y alinear las prestaciones principales del sistema de garantía de ingresos, ingreso mínimo capital y renta garantizada y, en cuarto lugar, se va a mejorar elementos de procedimiento y también de seguimiento y control, identificados por diferentes agentes relevantes, como las unidades gestoras de Gobierno de Nafarroa y Cámara de Comptos.
La directora ha añadido tres líneas de acción principales que quieren llevar a cabo, como la activación del derecho a la inclusión mediante dos vías, por un lado, la voluntariedad, ya existente, o partir del momento en el que se le reconozca el derecho a la percepción de la Renta Garantizada.
En segundo lugar, se van a recoger actuaciones que permita una mejor comunicación entre la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital y, en tercer lugar, la mejora de la eficacia y la eficiencia del procedimiento administrativo y de los mecanismos de seguimiento y control.
La derecha, señalada
En el turno de los grupos parlamentarios, Maribel García, del PPN, ha señalado que «lamenta ser la única formación que no aprueba la actual Renta Garantizada» y que va a haber «ajustes, pero no cambio de modelo».
Por su parte, Raquel Garbayo, de UPN, ha criticado la falta de acción por parte del Gobierno de Nafarroa para llevar a cabo el cambio y ha dudado de un acuerdo con los socios del Ejecutivo.
Olga Chueca, del PSN, ha reivindicado que esta reforma «tiene en cuenta la opinión del personal técnico».
Javier Arza, de EH Bildu, ha asegurado que la derecha pretende desacreditar la Renta Garantizada, aunque ha considerado que debe actualizarse y que no solo debe basarse en el empleo, sino también en acompañamiento y apoyo en salud, vivienda, salud, convivencia, entre otros.
Por parte de los socios del Ejecutivo, Isabel Aramburu, de Geroa Bai, ha apostado por consolidar el modelo actual de Renta Garantizada, no cambiarlo, y que se requerirá que esté bien planteada técnicamente y mejorar la protección, mientras que Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha asegurado que llevarán a cabo «una defensa cerrada de la Renta Garantizada» y no permitirán «ningún tipo de recorte».

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