Tubos Reunidos ha formalizado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante la Autoridad Laboral, con 285 trabajadores que dejarán la empresa, frente a las 301 salidas inicialmente previstas, han informado fuentes de la dirección y de los sindicatos citadas por Efe. El ERE se ha presentado sin acuerdo sindical.
En el documento presentado cambian algunas cifras de las operarios afectados y se mejoran las condiciones para los eventuales. La empresa quería conseguir 301 salidas –274 en la planta de Amurrio y 27 en la de Trapagaran–, y, según la dirección, había llegado a esa cifra con trabajadores que han pedido adscribirse voluntariamente a la oferta para abandonar la empresa, después de que no se lograra un acuerdo con los sindicatos en el periodo de consultas. Los sindicatos han cuestionado la voluntariedad de estas bajas.
Finalmente, serán 285 salidas, de las que 80 serán contratos eventuales (71 en Amurrio y nueve en Trapagaran) y 205 personas «adscritas de manera voluntaria» (152 en Amurrio y 53 en Trapagaran).
Traslados de Amurrio a Trapagaran
Como «los voluntarios» en Trapagaran son superiores a las salidas previstas –27– la empresa ha ofrecido traslados de Amurrio a Trapagaran, en lo que será un retorno.
En el 2019, con un conflicto laboral en Trapagaran y el cierre de la acería de Sestao, trabajadores de Bizkaia fueron trasladados a Amurrio. Ahora, se supone que estos operarios que se fueron en su día querrán acogerse a esta oferta de retorno, con lo que aumentaría el número de personas que dejan la planta alavesa y en la vizcaina las salidas se limitarán a las 27 iniciales.
Otra de las novedades, según la dirección, es que «se han mejorado las condiciones de salida» ofrecidas a los 80 eventuales afectados. Percibirán una indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades.
Las condiciones de salida para los fijos son las mismas ya conocidas, aunque la dirección ha recordado que se aplicarán siempre que la persona despedida no impugne su despido, no exista una sentencia colectiva que califique como nulo o improcedente el presente ERE y que consiga un acuerdo de refinanciación con sus acreedores que permita intentar conseguir su viabilidad, «la cual se haya en estos momentos seriamente comprometida», dice en su escrito.
Las salidas serán escalonadas, hasta el 30 de junio del 2027
Los eventuales saldrán de las empresa el 31 de marzo, es decir, dentro de una semana. El resto de los despidos se producirá entre el 31 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2027, conforme a las necesidades productivas de la empresa y con un preaviso de quince días.
Además, la empresa ha suscrito un «plan de recolocación externa».
La empresa ha notificado el expediente final al comité y a la autoridad laboral, como dice la ley, que emitirá un informe.
La mayoría del comité de Amurrio, –los sindicatos ELA, LAB y ESK– mantiene convocada una huelga indefinida desde el 16 de marzo en contra de este ERE.
Estos sindicatos ya han anunciado que, una vez presentado oficialmente, lo impugnarán ante los tribunales, un recurso que no paralizaría las salidas.
El siguiente paso de la empresa será intentar refinanciar la deuda de 263 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad son con la SEPI, que otorgó tras el covid un préstamo de 112 millones de euros que Tubos Reunidos no ha devuelto.
Además, la empresa ha anunciado que antes de acabar este mes de marzo presentará las cuentas finales del ejercicio pasado.
Rechazo de LAB y ESK
LAB ha denunciado la decisión de ejecutar el ERE, «que confirma, una vez más, su voluntad de seguir adelante con un plan basado en la destrucción de empleo, el cierre de la acería y la externalización de la logística, sin atender a las alternativas planteadas por la parte social.
«Frente al relato interesado que se está intentando imponer, queremos dejar claro que no estamos ante salidas voluntarias. Una parte importante de esas supuestas adhesiones incluye a cerca de 80 personas con contratos eventuales que llevan años trabajando en la empresa. Esas personas no se van voluntariamente: son despedidas», ha destacado LAB.
«Además, cuestionamos de raíz esa supuesta voluntariedad. En enero, antes de que la empresa anunciara el ERE, el cierre de la acería y la externalización de la logística, no había ni 301 ni 285 personas trabajadoras dispuestas a abandonar su puesto de trabajo. Esa ‘voluntariedad’ aparece tras semanas de presión, incertidumbre y mensajes alarmistas. No es una decisión libre, sino una decisión condicionada», ha añadido.
ESK cree necesario mantener la huelga indefinida e impugnar el expediente de regulación de empleo tras su notificación oficial. Además, pone en duda la voluntariedad de las 285 salidas, «conseguidas con la manipulación, el chantaje y las amenazas de cierre».
Fuentes de ESK han advertido de que el ERE se ha presentado ante la autoridad laboral «sin acuerdo con la parte social», ya que los sindicatos consideraron «en todo momento» que el cierre de la acería «dejaba sin futuro la empresa y que las causas presentadas no estaban acreditadas».
Por ello, ha asegurado que los objetivos de la huelga indefinida convocada por la mayoría del comité de empresa de Amurrio desde el 16 de marzo «siguen haciéndola totalmente necesaria». «Son la retirada del ERE, el mantenimiento de la acería como parte estratégica que debe ser en Tubos Reunidos y el mantenimiento de la logística como parte de la plantilla de la empresa», han puntualizado.
CCOO lo ve positivo
CCOO ha afirmado que la plantilla de Tubos Reunidos de Amurrio debería «hablar y opinar» sobre el mantenimiento de la huelga indefinida en la planta y todas las «decisiones de importancia».
Además, ha asegurado que las 285 bajas «voluntarias» deben ser «el primer paso para articular un plan industrial potente que dé viabilidad a la compañía».
Desde CCOO han señalado a Europa Press que consideran positivo que las salidas que se van a producir sean «voluntarias», como así defiende que van a ser y ha recordado que, desde el principio, el sindicato defendía que debería haber la «mínima salida traumática».
UGT
Por su parte, UGT ha indicado que «analiza y valora» cómo enfocar una posible impugnación del expediente de regulación de empleo ejecutado por Tubos Reunidos y ha precisado que acatará «lo que decida la mayoría sindical» sobre el mantenimiento de la huelga indefinida u otras medidas de protesta.
Fuentes del sindicato en la planta de Amurrio, en declaraciones a Europa Press, han reprochado que la empresa «en ningún momento» rebajara en número de afectados por el ERE mientras se prolongaron las negociaciones, cuando «era el momento para hacerlo», y ayer ejecutara el expediente con 285, 16 menos.
EH Bildu pide «explorar soluciones»
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz, Pello Otxandiano, ha pedido «explorar soluciones por complicadas que sean» y renegociar la deuda de Tubos Reunidos para lograr la viabilidad de la deuda y el mantenimiento del empleo.
Para el representante de la formación soberanista en la Cámara autonómica, esta era «una situación que se podía prever desde hace tiempo». No obstante, ha instado a «explorar las soluciones, aunque puedan ser complicadas».
En este sentido, ha planteado volver a negociar la deuda que mantiene la compañía o realizar una quita, «para que verdaderamente haya un plan industrial viable de cara al futuro y se pueda mantener el empleo».
PNV: «Bueno para las familias y la compañía»
El portavoz del PNV en el Parlamento de Gasteiz, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado que «el acuerdo por el que 285 trabajadores de Tubos Reunidos se han acogido al ERE de forma voluntaria es bueno para esas familias y para la continuidad de la compañía, una tarea que corresponde a todos».
En una entrevista en Radio Euskadi, el portavoz jeltzale ha valorado que «los 285 trabajadores que han pactado su despido han aportado su granito de arena para lograr la viabilidad de la acería», un acuerdo que, a juicio de Díez Antxustegi, «en principio es bueno para esas personas y para esas familias».
«Nos corresponde a todos trabajar en la dirección de darle a Tubos Reunidos una salida», para lo cual el «requisito principal» es reestructurar su deuda como «paso previo imprescindible a que puedan entrar inversores privados para garantizar su viabilidad», ha señalado.

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