Con contactos hasta este pasado fin de semana con el Vaticano, el Gobierno español, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes un protocolo para poner en marcha la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial en el que no se establecen baremos de indemnización y fija el 15 de abril como la fecha para que los supervivientes puedan empezar a presentar sus solicitudes.

No ha sido fácil llegar a esta firma, tal y como ha reconocido el propio Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha manifestado que «hemos discutido cada coma». En la comparecencia posterior a la rúbrica, ha admitido las quejas de las víctimas por el retraso en dar una respuesta al calvario que han padecido miles de personas durante décadas.

«La respuesta es tardía, sin duda», ha confesado, al tiempo que ha insistido en la importancia de «evitar la revictimización» y que el solicitante tenga que ir de un lugar a otro, narrar varias veces lo sucedido a ver a quien convence más.

Previamente, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha agradecido el «impulso» que ha dado la Santa Sede al acuerdo, recordando el encuentro que mantuvo el pasado 20 de marzo en Roma con el Papa y el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, en el marco de la audiencia que León XIV ofreció a Felipe de Borbón.

La firma llega después del ultimátum de las víctimas, que se quejaban de que la jerarquía eclesial estaba demorando el acuerdo y amenazaban con movilizarse.

A partir del 15 de abril

La nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial entrará en funcionamiento el 15 de abril. Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (Priva) podrán acudir al nuevo mecanismo mixto. La pretensión de Gabilondo es que este proceso de reparación se logre cerrar en el plazo de un año.

Uno de los aspectos que destaca en este protocolo, resultado del acuerdo previo suscrito entre las partes el 8 de enero, es que no se recoge el monto de las indemnizaciones previstas.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha defendido que «no se trata de establecer cantidades ni horquillas sino una propuesta de reparación integral». Bolaños ha añadido más tarde que no se han incluido estos baremos «porque cada caso se va a estudiar en detalle» por los expertos del Defensor del Pueblo y del Plan Priva de la Iglesia. Y Gabilondo ha incidido en que «no es un mero trámite burocrático, ni una ventanilla bancaria, ni un proceso cosificador, es un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano».

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia. Bolaños ha anunciado que trabajan con el Ministerio de Hacienda para que las indemnizaciones queden exentas de tributar.

El protocolo señala que el Ministerio creará una unidad de tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios.

Por su parte, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formado por expertos profesionales independientes, se encargará de llevar a cabo una evaluación individualizada de las solicitudes y elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

En su trabajo, esta unidad tendrá en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el Plan de reparación Integral a víctimas de abusos (Priva) y la Comisión Asesora, que trabaja desde febrero de 2025, cuando fue constituida, atendiendo a las 131 solicitudes recibidas.

Así, la CEE y la Confer se encargarán, a través de la Comisión Asesora del Priva, de emitir un informe motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule el Defensor del Pueblo.

En caso de discrepancia, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la Confer según el caso. Gabilondo ha dicho que espera que antes de llegar a ese punto, se alcance un acuerdo entre las partes.

Valoración de las víctimas

La Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Nafarroa ha considerado que «suena bien la música» del nuevo protocolo, pero también ha pedido que haya «una única vara de medir para todos los casos».

«En principio todo es muy reciente. La música suena bien. Entendemos que era algo necesario, la firma de este acuerdo, para dar amparo a mucha gente que se había quedado desangelada y con ganas ya de cerrar su capítulo», ha declarado su portavoz, Mikel Eziolaza.

Eziolaza ha señalado que se han matizado «algunos detalles». «Parece que va a haber esa comisión mixta en la que se van a poder incluso volver a valorar los casos de las personas que habían pasado por el Priva. Pero bueno, a mí me surge también una pequeña duda, y es que hablan de que no hay baremos. Entonces, eso tiene bastante riesgo también de que no sea objetivo y que puede haber agravios comparativos», ha comentado.

Ha añadido que con el Priva «muchas de las indemnizaciones o reparaciones», incluso si eran «casos similares, muy similares, incluso en el mismo centro, tenían reparaciones y valoraciones muy dispares».

«Siempre habíamos dicho que era arbitrario, poco transparente. Esperamos que con este nuevo acuerdo y por medio del Defensor del Pueblo haya mayor objetividad y, desde luego, que haya una única vara de medir para todos los casos», ha subrayado.

Ha considerado «bastante positivo» el hecho de que con este protocolo el mecanismo «sea más independiente» y participe el Estado.

«Antes era muy de parte. Habrá que dar un voto de confianza a esta nueva comisión mixta. Vamos a darle tiempo, que se ponga en marcha, y veremos a ver cómo van saliendo las valoraciones, las actuaciones que vayan haciendo», ha apuntado.

Ha agregado que están «también expectantes un poco sobre el funcionamiento».

Por otra parte, Justice Initiative España (ONG apoyada por la Fundación Guido Fluri), ANIR (Asociación Nacional Infancia Robada), AVA (Asociación de Víctimas de Navarra) y Lulacris (Asociación contra los abusos sexuales en la infancia) han manifestado su «firme respaldo y satisfacción» por la firma del protocolo. Sin embargo, han recordado que este escenario de entendimiento podría haberse alcanzado mucho antes.

«Este paso procedimental dota de herramientas tangibles al histórico acuerdo alcanzado el pasado 8 de enero, consolidando una vía de justicia para aquellos casos donde la vía judicial ya no es posible», han asegurado.