La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad sobre las ayudas públicas que el Estado francés prevé conceder a la compañía energética EDF para la construcción de seis nuevos reactores nucleares, elevando así el escrutinio sobre uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del país. Bruselas quiere comprobar si el paquete se ajusta a las normas europeas sobre ayudas de Estado y si su diseño no altera la competencia en el mercado interior más de lo permitido.

El expediente, notificado por París en noviembre, contempla seis reactores en Penly, Gravelines y Bugey, con entrada en funcionamiento prevista entre 2038 y 2044. El coste estimado del programa asciende a 72.800 millones de euros. EDF, propietaria y operadora de todo el parque nuclear francés, será la empresa beneficiaria de un esquema de apoyo público pensado para reducir los riesgos financieros de una inversión de gran volumen y largo plazo.

Según el plan francés, la ayuda incluiría un préstamo subvencionado a tipo preferencial para cubrir el 60% de los costes de construcción, un contrato por diferencia con vigencia de 40 años para garantizar ingresos estables y un mecanismo de reparto de riesgos ante circunstancias fuera del control de la compañía, como desastres naturales o cambios en la legislación nacional. La Comisión admite en su valoración preliminar que el proyecto puede ser «necesario» y contribuir a la seguridad del suministro y a la descarbonización, pero considera imprescindible revisar si el paquete cumple plenamente con el marco comunitario.

Las dudas de Bruselas se concentran en dos puntos. Por un lado, quiere evaluar si la ayuda es proporcionada y si logra un equilibrio adecuado entre reducir el riesgo para hacer viable la inversión y mantener incentivos suficientes para que EDF actúe de forma eficiente. Por otro, analizará el posible impacto sobre la competencia, dado que teme que la medida pueda consolidar o reforzar indirectamente el poder de mercado de la eléctrica francesa. La Comisión revisará además si existen salvaguardas suficientes para evitar distorsiones y transferencias indebidas a operadores concretos.

El Ejecutivo comunitario recuerda que la apertura de una investigación en profundidad es habitual en expedientes «complejos» y que este paso no prejuzga el resultado final. A partir de ahora, el Estado francés y las terceras partes interesadas podrán presentar observaciones ante Bruselas. Desde París, el Gobierno francés ha recibido la decisión como una fase «clásica y esperada» y confía en una tramitación rápida para un programa que considera estratégico para reforzar su soberanía energética y la autonomía eléctrica de la Unión Europea.