Las declaraciones del ministro Félix Bolaños tras la firma del protocolo entre el Gobierno español, el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal y la de Religiosos para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica dieron pistas de que los obispos se vieron forzados a acordar por ‘sugerencia’ vaticana. Declaraciones como las del obispo de Gasteiz, Juan Carlos Elizalde, dejan al descubierto que los prelados no están cómodos y tratan de eludir su responsabilidad, algo que los supervivientes no están dispuestos a aceptar y les piden que «no pongan palos en la rueda».

Los modos diplomáticos empleados entre los responsables de la Iglesia española y del Ejecutivo de Pedro Sánchez en este asunto no hacen sino dejar más al descubierto las tensas relaciones en esta cuestión. En medio, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, a quien diversas fuentes atribuyen un papel determinante para que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el de los Religiosos, Jesús Díaz Sariego, terminaran este pasado lunes por rubricar un documento que a punto estuvo de guardarse en el cajón.

Por lo que ha transcendido, la jerarquía eclesial ni tan siquiera estuvo cómoda con el contenido del acuerdo que se rubricó el 8 de enero y pretendían modificar alguno de los puntos que contiene. A los obispos les ha costado aceptar que el sistema de reparación que idearon en 2024 (Priva) no es del agrado de las víctimas, que querían que el Estado español ejerciera de garante de sus derechos. Y también han admitido, por imperativo vaticano, que el Defensor del Pueblo tenga la última palabra si no hay acuerdo sobre la compensación.

Un escenario no deseado por Roma que trabaja en la visita que el Papa cursará en junio a Barcelona, Madrid y Canarias. El pasado 20 de marzo, en el marco de la visita de Felipe de Borbón a León XIV, Parolin manifestó la ‘extrañeza’ que le causaba que no se avanzase en la firma del protocolo para reparar a las víctimas.

En el fondo, el dinero

En el fondo, aunque todas las partes huyan del asunto, está la cuestión de las indemnizaciones que deberán afrontar las diócesis y las congregaciones religiosas que han amparado durante décadas a los pederastas. «Poner solo los ojos en la reparación económica parece algo ofensivo», ha declarado este martes Argüello al ser preguntado en la COPE por qué en el protocolo no se contemplan baremos de indemnización ni cifras.

La intención del obispo de Gasteiz, Juan Carlos Elizalde, de expandir la responsabilidad en los abusos sexuales a menores a otros ámbitos, ha molestado a colectivos de supervivientes como la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR).

No es la primera vez en que el prelado aprovecha una entrevista para eludir responsabilidades. En mayo de 2023, en Radio Euskadi, aseguró que la Iglesia estaba haciendo sus deberes y pidió a la sociedad que haga lo mismo. Tres años después, parece mantener sus argumentos frente a quienes piden a la jerarquía mayor implicación.

Tras recordar que existe desde 2021 una ley de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, que está en fase de reforma, y que el Gobierno español lleva años trabajando en ello, el colectivo se han preguntado «¿cómo es posible que un miembro destacado de la jerarquía eclesiástica pretenda dar lecciones de lo que es justo y lo que no lo es, cuando su institución lleva décadas de protección a curas y religiosos pederastas, y tiene en su historia múltiples pederastas que ellos mismos no denunciaron ante la justicia ordinaria?».

«El señor Elizalde igual que algunos de sus compañeros de la Conferencia Episcopal de España deberían taparse un poco y colaborar de inmediato modo pro activo, sin poner palos en la rueda, a que el protocolo firmado ayer, pueda desplegarse con todas las consecuencias, en clave de reconocimiento y reparación de las víctimas y supervivientes de violencia sexual en la Iglesia católica», han señalado.

Por ello, como ya hicieron en el caso del obispo de Oviedo, la asociación ha pedido a Elizalde una rectificación y en caso contrario, que sea cesado de «inmediato» como prelado por considerar sus declaraciones «inapropiadas y ofensivas».