El Museo San Telmo de Donostia acogió la jornada ‘Mi trabajo en tu hogar es trabajo’, preparada por SOS Racismo Gipuzkoa y Sindillar. Una de las oradoras fue Sònia Parella Rubio, investigadora del centro CER-Migracions, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que entrevista NAIZ.

En primer lugar, Parella nos muestra que las causas de las migraciones femeninas a nivel global son muy diversas. «A veces tendemos a homogeneizar su perfil, pero hay infinidad de factores que interseccionan: la supervivencia de la familia que permanece en origen, el deseo de independencia económica, la necesidad de escapar de la violencia de género, del estigma LGTBI o de conflictos bélicos... También hay mujeres que migran como mecanismo de realización personal o de estudios». 

En Europa, la economía del cuidado es uno de sus principales nichos laborales. Dependerá de su situación personal, jurídica y demás que puedan desplegar estrategias para negociar su posición social o incluso poder salir de este sector y aspirar con el tiempo a otros sectores.

«La ausencia del Estado a la hora de suministrar estos servicios provoca que un 25% de estas mujeres migrantes desempeñen su trabajo en situación irregular»

La investigadora apunta que en el Estado español, en concreto, el servicio doméstico tiene una alta demanda de mujeres migrantes. De hecho, estudios recientes de Funcas como de Oxfam muestran cómo cubre el 35% del total de empleos del servicio doméstico de toda la Unión Europea, entendiendo como servicio doméstico las modalidades en las que es la familia la empleadora. «Como esto se produce dentro del ámbito privado del hogar, en función de cómo esté regulado este sector, se vulneran muchísimos derechos sociales y laborales de las trabajadoras».

Servicio doméstico interno

«La invisibilidad que acarrea trabajar en el hogar también les expone a situaciones de explotación, abusos y demás, porque en el caso español, la ausencia del Estado a la hora de suministrar o financiar estos servicios provoca que una parte importante, en torno a un 25% de estas mujeres migrantes, desempeñen su trabajo en situación irregular, sobre todo en la modalidad del servicio doméstico interno», explica Parella.

«Esta modalidad está muy presente en nuestro modelo, que está orientada a personas dependientes, normalmente mayores, que necesitan una atención de 24 horas. Esta necesidad se cubre a partir de un mercado global que proporciona mujeres migrantes, a falta de perfiles de trabajadores y trabajadoras locales que quieran desarrollar esta modalidad».

‘Colonialidad del cuidado’

Tal y como expone la investigadora, en los países del sur de Europa el servicio doméstico no es una actividad nueva, pero en un contexto donde los vínculos familiares son muy fuertes y la parte institucional del cuidado, a través del Estado, se ha desarrollado muy poco, se genera un tipo de empleo que algunas autoras han denominado ‘colonialidad del cuidado’.

En otros países como Holanda, el servicio doméstico tradicional, donde quien emplea es la familia, no se considera ni siquiera empleo y no da derecho a que una mujer migrante irregular pueda regularizarse, porque se considera que el cuidado se cubre de forma más institucional. Esto genera muchas vulneraciones de derechos para mujeres que están ejerciendo la labor del cuidado en la economía sumergida.

«Que una persona pueda permanecer en su hogar en una situación de dependencia es un derecho legítimo, pero garantizarlo requiere muchos recursos del Estado»

En el Estado español, «el sector está muy expuesto a explotación a todos los niveles, en un modelo que empuja a la irregularidad, pero, al mismo tiempo, para muchas es una vía para lograr la regularización, sobre todo a través de la figura del arraigo». Añade que para muchas mujeres la modalidad de internas es un espacio de protección ante la situación de irregularidad, sobre todo en el momento actual en el que hay una crisis de acceso a la vivienda muy importante. «Es una oportunidad para poder enviar remesas a su país asumiendo que la vivienda la tienen garantizada a través del empleo».

Una triada

«Nuestro régimen se basa en el modelo de mujer migrante dentro de la familia para desempeñar estas tareas. Se ha naturalizado el trabajo doméstico de forma que se invisibilizan todas las habilidades profesionales que requiere su desempeño y casi se atribuye una predisposición cultural y de género para el cuidado a mujeres de determinadas nacionalidades», indica.

Considera que es una triada: «Este régimen de cuidado, estos patrones de naturalización hacia la mujer migrante y una política migratoria que favorece enormemente que estas mujeres pasen largo tiempo en nuestro país en situación irregular».

Se van reemplazando los colectivos: en 2004 eran sobre todo mujeres de países andinos, y ahora llegan de Centro América. Las mujeres que van llegando últimas, que son las que están en una situación de mayor vulnerabilidad, acaban asumiendo este segmento de economía informal.

Avances

Entre los avances, Parella destaca la ratificación en 2022 del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo doméstico, producida «gracias al activismo de las mujeres y trabajadoras migrantes». «Es un convenio que exige que las condiciones de este sector no sean discriminatorias en relación al resto de sectores. Una de las grandes conquistas que implica es el derecho a desempleo, que en el caso del servicio doméstico en el Estado español no se reconocía».

Recuerda que hasta 2011 se regulaba a través de un régimen especial de 1985, «absolutamente discriminatorio».

Hace una puntualización: «Cuando hablamos de avances a nivel legislativo siempre estamos hablando de mujeres que están dadas de alta en la Seguridad Social. Seguimos teniendo en la base del iceberg mujeres extranjeras en situación irregular que desempeñan esta labor en la economía sumergida, especialmente en la modalidad interna, que no perciben ninguno de estos beneficios».

¿Derogar o regular?

Inconvenientes y retos sigue habiendo muchos. «El principal es que el hecho de que sea un espacio privado en el hogar en el que se regula la relación laboral es un espacio también de peligro: de abusos, de violencia física, psicológica, simbólica, sexual... con la dificultad que tienen de poder denunciarlo las mujeres que están en situación irregular, que saben que pueden perder ya no solo el empleo, también el hogar en el que viven cuando son internas».

«Las empleadoras son familias que tienen también situaciones de vulnerabilidad. Optan por un mercado global que proporciona a una mujer migrante a un coste muy bajo»

Hay un debate sobre si el servicio doméstico interno debería estar regulado o debería ser eliminado por ser una forma de explotación difícil de regular. «Hay división entre las propias organizaciones de trabajadoras del hogar, porque para algunas bien regulado podría comportar un espacio laboral, pero sustentar la economía del cuidado en el servicio doméstico interno es en el fondo una muestra del fracaso de nuestra economía del cuidado».

En opinión de Sònia Parella, el papel que juega el Estado a la hora de proporcionar, financiar o crear empleos de calidad en torno a este trabajo no está siendo suficiente, porque el hecho de que una persona pueda permanecer en su hogar en una situación de dependencia y no optar por ser institucionalizada es un derecho legítimo, pero garantizar ese derecho requiere muchos recursos del Estado.

«En términos de proteger los derechos laborales de las profesionales que van a dispensar este cuidado en el hogar, 24 horas de cuidado implicaría como mínimo tener tres personas, lo cual permitiría tener una jornada laboral conforme a la ley, poder conciliar con una vida no solo familiar, también con una vida propia. Y el servicio doméstico interno, ya por definición, vulnera estos derechos. Además, dentro del espacio privado del hogar, la distinción entre tiempo de trabajo y el tiempo de pernocta y de descanso, sabemos que en la práctica muchas veces no se cumple».

Agrega que quien emplea en este tipo de servicio ya no es, como podría ser anteriormente, por un tema de estatus, sino que son familias que tienen también situaciones de vulnerabilidad. «Unas dependencias extremas que no pueden cubrir a través del Estado y, al final, optan por un mercado global que proporciona a una mujer migrante a un coste muy bajo».

Derecho a la salud laboral

¿Cómo afecta todo esto a la salud de las trabajadoras? Un equipo de la Universidad de A Coruña presentó en la jornada unos datos derivados de una encuesta realizada a 400 trabajadoras del hogar de todo el Estado español, entre ellos este: ocho de cada diez trabajadoras afirman haber sufrido problemas de salud relacionados con su empleo. 

En las mesas redondas se debatió sobre el Real Decreto 893/2024 sobre el derecho a la salud laboral. «Proteger la salud laboral de estas trabajadoras en el espacio privado del hogar no es fácil. Además, su aislamiento contribuye a agudizar este tipo de situaciones: depresión, duelo migratorio, automedicación... Es difícil poder coger una baja laboral».

Por una parte está la parte músculo-esquelética, un gran foco de riesgos laborales que hay que atender, y también la parte mental.

Cuidadoras mayores

Parella añade otro factor, que es relativamente nuevo: «Muchas de estas trabajadoras ya tienen una edad. Algunas porque han desarrollado toda su trayectoria aquí, otras porque han llegado con más de 50 años. Sostener las condiciones laborales como empleadas domésticas al cuidado de personas dependientes les plantea dificultades, por sus propios problemas de salud, por la edad, porque saben que fuera de este sector difícilmente van a encontrar empleo».

El lema de la jornada ponía un ejemplo muy paradigmático de esta situación: «Soy una mujer de 65 años con artritis a cargo de dos personas mayores dependientes». Esto hace 15-20 años no se daba, pero ahora su perfil empieza a estar ahí y genera dificultades mucho mayores, de vulnerabilidad, de abuso y de salud.

«Mujeres que han sustentado aquí el cuidado se verán obligadas a volver a sus países de origen para poder hacer frente a la etapa en la que ellas probablemente van a necesitar cuidados»

Otro gran reto que se plantea es que, al ser muy reciente la conquista de los derechos y no tener un efecto retroactivo directo, habrá muchas mujeres que cuando lleguen a una edad, con la pensión que se les va a quedar, si no se aplica algún sistema específico para ellas, no van a poder sobrevivir aquí. «Mujeres que han sustentado aquí el cuidado durante décadas se verán obligadas a volver a sus países de origen para poder hacer frente a la etapa en la que ellas probablemente van a necesitar cuidados».

Prevención

La investigadora indica que a raíz del Real Decreto 893/2024 hay algunos instrumentos previstos para la protección de la seguridad y la salud. «El objetivo no es tanto actuar ante los problemas de salud que ya están ahí, sino evaluar riesgos. A partir de aquí tienen un programa, prevencion10.es. Lo que hacen es visitar el hogar y que la propia familia responda a unos indicadores de los riesgos que pueda entrañar la situación del hogar, desde la distribución de las habitaciones hasta los equipos de protección individual. Así, cada familia puede evaluar riesgos de su hogar. Lo ideal sería que esta evaluación se hiciera junto con la trabajadora».

Es un instrumento online y gratuito, que ofrece atención para resolver dudas. «Una vez se identifican las fuentes de daño, la propia aplicación identifica si son de prioridad alta, media o baja. Ahí recaería en la familia la responsabilidad de resolver esos riesgos. También incluye cursos de formación sobre riesgos. Esta es la idea, pero se deberá asegurar que sea de obligado cumplimiento y habrá que hacer un seguimiento. Además, hay muchos aspectos que tienen que ver con cuestiones logísticas y habría que ver cómo se incorpora la parte más vinculada a la salud mental y emocional».

La vitalidad de la organización colectiva

La jornada permitió un diálogo entre investigadoras, representantes institucionales y organizaciones de trabajadoras del hogar. «Se puso de manifiesto la vitalidad y el potencial que tiene la organización colectiva. Mostraron que están en una etapa de articulación entre ellas, de generar una red entre asociaciones también a nivel europeo. Con lo cual hay un frente común que está cada vez más articulado y que tiene claro cuál es la agencia».

»Una puede constatar el nivel de organización colectiva liderada por mujeres migrantes trabajadoras del hogar. Están tomando la iniciativa para transformar desde abajo hacia arriba»

CER-Migracions es un centro especializado en temas de migraciones internacionales. La línea de género y migración es una de sus líneas centrales. Sònia Parella defendió su tesis doctoral en 2002, precisamente sobre el tema de mujer migrante empleada en el servicio doméstico. «En ese momento se hablaba de triple discriminación: por ser mujer, por ser migrante y por ser de clase trabajadora. Desde entonces he seguido trabajando en esta línea, viendo la evolución, sobre todo la normativa. Participando en esta jornada, pienso: ¡Lo que se ha avanzado! Una puede constatar el nivel de organización colectiva liderada por mujeres migrantes trabajadoras del hogar. Ellas son las que están tomando la iniciativa para transformar desde abajo hacia arriba», valora.

En 2022-23 lideraron un proyecto en la Universidad Autónoma de Barcelona junto con la Universidad de Granada, financiado por el Instituto de las Mujeres, que se titulaba ‘No estamos todas’. «Tratábamos de mostrar cómo todos los avances legislativos, en realidad, estaban dejando fuera una parte de la economía del cuidado, en la cual estaban muy presentes las mujeres migrantes. Nos centramos sobre todo en el servicio doméstico interno y las mujeres en situación irregular que están en él, y también en la situación de las mujeres transfronterizas en Ceuta y Melilla, que estaban como empleadas domésticas y a raíz del Covid y del cierre de las fronteras quedaron absolutamente desprotegidas».

Lograron también articular grupos en reuniones presenciales con representación de entidades, sobre todo de Madrid y Barcelona. De las discusiones generadas pusieron en relación el tipo de economía de cuidado con la política migratoria y propusieron medidas que se podían aplicar, la mayor parte a escala estatal, resultado de las reivindicaciones de las mujeres que estaban representando a las entidades.