El 58% de los trabajadores de todo el mundo ocupan puestos de trabajo informales. Así lo denuncia el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que destaca que «las carencias en materia de trabajo decente suelen ser las más graves». Definido por la propia OIT como «todas las actividades económicas de los trabajadores y unidades económicas que, en la legislación o en la práctica, no están cubiertas por acuerdos formales», es el mismo informe el que indica que, aunque aparentemente lejano, «ningún tipo de trabajo está exento del riesgo de la informalidad».

Así, esta práctica es sin duda una realidad para millones de personas y, además, adopta formas muy diversas, desde pequeños negocios sin registrar hasta empleos que, pese a existir en la práctica, no cuentan con reconocimiento legal ni protección social.

La organización nombra las principales figuras que componen el grueso de esta modalidad laboral fraudulenta: empleadores y autónomos con negocios no registrados, contratistas dependientes sin reconocimiento legal y trabajadores cuyos empleos carecen de formalización. Son estas prácticas las que promueven la vulneración de derechos básicos como el acceso a la seguridad social, las vacaciones pagadas o las bajas médicas. El informe revela que los colectivos más expuestos son los trabajadores familiares colaboradores, los contratistas dependientes y los autónomos sin empleados.

Esta modalidad la integran empleadores y autónomos con negocios no registrados, contratistas dependientes sin reconocimiento legal y trabajadores cuyos empleos carecen de formalización

Uno de los datos más llamativos es que la informalidad no se concentra solo en empresas no registradas. En algunos países, más del 90% de los asalariados informales trabaja dentro de empresas del sector formal. Incluso el sector público presenta niveles significativos de informalidad, lo que desmonta la idea de que un empleo estatal garantiza automáticamente estabilidad y derechos laborales. La agricultura concentra un tercio del empleo informal mundial, seguida del comercio, la industria manufacturera y la construcción.

Además, la Organización Internacional del Trabajo detecta una fuerte relación entre informalidad y nivel educativo: en numerosos países, entre el 90% y el 100% de las personas sin educación básica trabaja en condiciones informales. Sin embargo, el fenómeno también alcanza a trabajadores con formación superior. Uno de los ejemplos más llamativos, y relativamente cercano sobre todo en las grandes ciudades, es el de los recicladores informales.

Metrópolis como Barcelona son un claro ejemplo de cómo, sobre todo, personas migrantes recurren a la recogida de metales y otros materiales con cierto valor para después intercambiarlos por dinero según la cotización de cada material.

Un elemento fundamental de esta modalidad de economía sumergida son los garajes y locales a los que los recicladores transportan el metal recogido en contenedores. Estos establecimientos, en manos muchas veces de sociedades opacas, funcionan como depósitos de metal que, además de retribuir en efectivo la labor de los recicladores, venden después esos materiales a un segundo comprador que ofrece un mejor precio. Resulta revelador el recorrido del metal: aunque se recoge a lo largo y ancho de la ciudad, su destino final -los garajes- suele concentrarse en los barrios con menor renta.

Un estudio del proyecto Wastecare revelaba no solo que los recicladores en Barcelona son predominantemente migrantes -el 75% proviene de África (principalmente Senegal); el 17% son romaníes de Rumanía y el resto, de Latinoamérica y Asia-, sino que el 78% se encuentra en situación administrativa irregular, sin acceso al NIE, lo cual limita significativamente sus oportunidades de empleo formal. Aun así, esta informalidad laboral está más cerca de lo que se suele pensar.

Y en casa, ¿qué?

Euskal Herria no es una excepción en cuanto a la existencia de economía informal. Aunque desde Nastat -Instituto de Estadística de Navarra- no han podido ofrecer datos a GARA, según las últimas estimaciones de Eustat, las actividades ocultas a Hacienda y a la Seguridad Social representaron en 2022 el 10,7% del PIB vasco, con un valor añadido bruto de 9.318 millones de euros.

La cifra supone un incremento respecto a 2020, cuando la economía sumergida equivalía al 10,3% del PIB. Aunque forman parte de lo que Eustat denomina «economía no observada», el estudio de 2022 deja claro que no se trata únicamente de actividades marginales, sino de una realidad extendida en sectores clave de la economía.

A nivel de la CAV, los ámbitos donde la economía sumergida tiene mayor presencia son el comercio, la hostelería y el transporte, donde representa el 25% de toda la actividad del sector. Le sigue la construcción, con un 23,5%, y las actividades inmobiliarias, con un 16,6%. También destacan las actividades artísticas y recreativas, con un 14,8%, y determinados servicios profesionales, con un 10,9%. Por ello, el peso de estas actividades ocultas se concentra especialmente en el sector servicios, que absorbe el 75% de toda la economía sumergida vasca. Dentro de este ámbito, el comercio, la hostelería y el transporte aportan casi la mitad del total.

La industria y la energía representan un 12,8%, mientras que la construcción supone el 10,8%. Teniendo en cuenta los datos, se puede concluir que en la CAV la economía sumergida aparece especialmente asociada a sectores con elevada temporalidad, subcontratación y empleo precario.

El informe de Eustat coincide así con las advertencias de la OIT sobre la expansión global de la informalidad laboral. Esta expansión y generalización responden al carácter estructural del problema: «constituye una característica sistémica de los mercados laborales de todo el mundo, que trasciende las distintas situaciones de la ocupación, las actividades económicas, las profesiones e incluso los grupos tradicionalmente asociados a la formalidad», señala la OIT.

Aunque el propio nombre indique su aparente invisibilidad, tanto los datos de la CAV como las tendencias expuestas por la OIT reafirman que «ningún trabajador está totalmente a salvo del riesgo de la ocupación informal».