Cuando están a punto de cumplirse seis meses de que se desechara el proyecto del Museo Guggenheim en Gernika y Murueta, Urdaibai vuelve a ser objeto de deseo de los partidos que sustentan el Ejecutivo de Lakua y la Diputación de Bizkaia. PNV y PSE han presentado en la Cámara de Gasteiz una proposición no de ley que reduce el nivel de protección ambiental del que goza la Reserva de la Biosfera.

La proposición de ley de medidas urgentes de simplificación y agilización para la actividad económica sostenible dada a conocer el jueves pasado por Aitor Esteban y Eneko Andueza en el Parlamento recoge en su artículo 8 modificaciones de protección y ordenación de la Reserva que son especialmente relevantes.

La iniciativa se produce después de que los jeltzales hayan dejado languidecer este instrumento que busca armonizar la conservación de la diversidad biológica, el patrimonio y las manifestaciones culturales de este espacio natural.

Estos cambios del marco jurídico, que rebajan el poder de decisión de los ayuntamientos sobre el territorio, inciden en el singular amparo que ha disfrutado el estuario del Oka desde que se aprobara la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en 1989.

Así, bajo el paraguas de la simplificación administrativa, permite y ordena usos náutico-recreativos, autorizando que se construya un fondeadero de bateles o embarcaciones sin motor en la Tejera, una zona fangosa de la marisma de Murueta, un área que recientemente ha sido declarada como dominio público.

«Esta modificación amplía el marco de usos posibles en espacios que hasta ahora estaban sujetos a una interpretación más restrictiva desde el punto de vista ambiental y territorial», manifiestan desde Zain Dezagun Urdaibai, que ve un interés en desarrollar actividades vinculadas al turismo. Advierten de que el uso recreativo de la ría puede influir en un territorio protegido por la presencia de aves.

Además, la propuesta de PNV y PSE legalizaría en zonas de especial protección los puertos deportivos de Portuondo y Arketa. «Quieren perpetuar los ‘privilegios’ de derechos de ‘pernada histórica’ para los ‘amarristas’ actuales o los que tienen arraigo o vivan en las localidades costeras», critican los ecologistas.

«Ante las concesiones de nuevos amarres en los puertos y fondeaderos de la comarca, estas se deben de realizar sin que hubiese personas con ‘privilegios especiales’, conclusión que recogía un informe jurídico del propio Gobierno Vasco, que establecía que eso era ilegal por violar el principio de igualdad ante la ley», recuerdan desde la asociación.

Zain Dezagun Urdaibai añade que ese impulso de los fondeaderos para embarcaciones de ocio supondrá más presión sobre el ya más que tensionado mercado de la vivienda de Busturialdea. Apuntan a que quien tenga recursos económicos para adquirir un barco de recreo «se comprará un piso en esos pueblos para asegurarse un amarre, con la seguridad que podrá circular por el estuario de Urdaibai sin que nadie les sancione por incumplir los límites de velocidad impuestos».

Al margen de estos cambios, la proposición de ley que ahora comienza su tramitación parlamentaria urgente refuerza la capacidad del Ejecutivo autonómico y repercute en el planeamiento territorial y municipal. En el caso de Urdaibai, busca que no se informe preceptivamente, un elemento fundamental en el régimen normativo que rige en la Reserva para preservar el equilibrio entre conservación, actividad humana y ordenación territorial.

«Cualquier modificación de la Ley de Urdaibai requiere, por ello, una lectura cuidadosa de sus efectos sobre la ría mediante su correcta evaluación medioambiental, los municipios afectados y el modelo de gestión del espacio protegido basado en la sostenibilidad», argumentan los ecologistas.

Los ayuntamientos mantendrían capacidad de informe y participación, aunque su margen decisorio quedaría subordinado a una decisión adoptada en el ámbito autonómico.

«Agilizar no puede ser sinónimo de desproteger»

La plataforma Guggenheim Urdaibai Stop también ha pedido la «retirada o modificación profunda» de todos los apartados que afecten a la Ley 5/1989 y reclama que el futuro de Urdaibai «se decida desde la protección, la restauración ecológica y la participación ciudadana, no desde la urgencia legislativa ni desde los intereses de quienes llevan años intentando rebajar los límites de la Reserva».

«Agilizar trámites no puede significar rebajar protección. Simplificar no puede ser sinónimo de desproteger. Y Urdaibai no puede convertirse en un laboratorio legislativo para abrir la puerta a usos que hasta ahora estaban limitados precisamente por su fragilidad ecológica», ha añadido la plataforma.

Error en un decreto

La iniciativa de los socios de gobierno se ha producido después de que, previamente, a propuesta del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, el Consejo de Gobierno que preside Imanol Pradales aprobara en su sesión del 3 de febrero una modificación del decreto que avaló el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, con una redacción errónea, por ejemplo, en lo que respecta al artículo 5.1.2 referido al régimen de intervención administrativa. 

Al no entenderse bien, ha provocado indefensión jurídica porque no se sabe cómo interpretar lo que recoge el decreto y los técnicos no pueden informar de los asuntos que se les presentan a evaluación. «Si no se informan las actividades que se hacen en el suelo no urbanizable, no se sabe qué se está haciendo y, por lo tanto, no se puede monitorizar ni controlar», aclara un experto. Ese fallo ha obligado a volver a rehacer el decreto que el Boletín Oficial del País Vasco publicó el 6 de marzo.