
El Parlamento de Gasteiz ha aprobado este jueves la reforma de la Ley de Juventud que presentaron PNV y PSE, que tiene enmiendas del PP y que ha contado con el apoyo final de EH Bildu. Sin embargo, todos los grupos de la oposición han puesto en duda la verdadera utilidad de las reformas incluidas, como la declaración responsable que ya se aplicaba en alguna provincia o el certificado negativo de delitos sexuales, que ya viene recogida en la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia.
El conjunto de los grupos parlamentarios han recordado que el origen de la proposición de ley presentada por PNV y PSE está en tratar de dar una respuestaa a las denuncias habidas tras el pasado verano sobre el udaleku de Bernedo. Pero mientras Vox y PP han culpado a los partidos del Gobierno de tratar de limpiar su conciencia por no haber actuado con anterioridad con otras denuncias que ya se conocieron en 2024, EH Bildu y Sumar consideran que legislar en caliente no suele dar los resultados más adecuados y que este debate se tendría que haber hecho de forma más sosegada.
Los parlamentarios de los grupos del Gobierno han defendido su actuación, pero con tonos muy diferentes. Itxaso Asensio, del PSE, ha tenido un discurso más neutro incidiendo en los cambios introducidos y ha acabado agradeciendo el trabajo realizado tanto a sus socios como a PP y EH Bildu. El representante jeltzale, Ander Añibarro, ha sido muy beligerante con PP y EH Bildu y solo ha agradecido la labor de Itxaso Asensio.
Los partidos del Gobierno han subrayado que «entre las principales medidas aprobadas destaca la obligación de presentar una declaración responsable antes del inicio de cualquier actividad de tiempo libre con participación de menores. La reforma incorpora además la obligación de aportar y renovar anualmente el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual para todo el personal que mantenga contacto habitual con menores; regula mediante resolución administrativa expresa el reconocimiento oficial de servicios y equipamientos juveniles; y clarifica y refuerza el régimen de infracciones».
Críticas
Los grupos de la oposición han defendido que esta reforma de la Ley de Juventud debía haber sido tramitada por el Gobierno como proyecto de ley, puesto que esto da más garantías que las que se ofrecen al ser los partidos los impulsores. En esta legislatura PNV y PSE están usando mucho esa fórmula de la proposición de ley.
Desde el PP, Laura Garrido, ha sacado a la luz la existencia de contradicciones entre la proposición presentada por PNV y PSE y la ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia ya vigente, puesto que daban diferente calificación a las infracciones o contemplaban distintas sanciones. A su entender, de no haberse aprobado enmiendas presentadas por su formación el resultado habría sido de una enorme inseguridad jurídica.
En opinión de Edurne Benito del Valle, de EH Bildu, además de que los cambios incluidos en la reforma son nimios, «el Gobierno está demostrando dificultades para asumir sus propias responsabilidades y ofrecer las garantías que el sector necesita. Si a día de hoy todavía no existe un decreto claro, trabajado y en condiciones, y si además los distintos agentes del sector —de perfiles y realidades muy diversas— siguen reclamando garantías para poder desarrollar sus actividades con normalidad, indica que hay un problema».
Todas las enmiendas presentadas en su momento por EH Bildu fueron rechazadas, aduciendo que su contenido era propio del decreto que corresponde hacer al Gobierno y no de una ley. El proyecto de dicho decreto está en tramitación y Edurne Benito del Valle ha mostrado su esperanza de que recoja las aportaciones que se han hecho en las alegaciones realizadas por el propio sector del ocio y tiempo libre.
Decreto este mes
Aprobada la ley en el pleno, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha anunciado ante los medios que el Gobierno de Lakua aprobará este mes el decreto de actividades de ocio educativo y tiempo libre en el que establece más requisitos a los campamentos de verano.
La consejera ha explicado que el proyecto de decreto está en la última mesa interna del gobierno, y se aprobará en breve, «seguro» este mismo mes de junio», a la que vez que ha agradecido la colaboración del sector, «que lleva más de 50 años trabajando en el tiempo libre, sin ideologías».
El decreto establecerá que las entidades que organicen los campamentos deben nombrar a una persona delegada de protección de la infancia y la adolescencia con formación para desempeñar esta labor.

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