La Fiscalía ha pedido retirada del pasaporte a José Luis Rodríguez Zapatero y comparecencias periódicas ante el juzgado, cada quince días, tras escuchar sus respuestas al juez y a su abogado durante tres horas este miércoles. Sin embargo, el juez José Luis Calama lo ha rechazado a la espera de cómo avance la investigación. Todo ello tras una sesión inédita puesto que nunca antes un expresidente español había declarado como imputado.

A la petición de la Fiscalía Anticorrupción se ha adherido tanto Ciudadanos como el PP. Las otras cuatro acusaciones (Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum) han pedido directamente prisión provisional. Calama no ha aceptado ni una ni otra posición.

Que haya desatendido el criterio del Ministerio Público suena especialmente relevante. Con todo, en el auto el instructor deja claro que las explicaciones de Zapatero no le han satisfecho puesto que «no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad». El rechazo a las medidas planteadas tiene que ver sobre todo con su notoriedad pública, la improbabilidad consiguiente de que huya de la Justicia, y también porque no advierte riesgo de destrucción de pruebas al haberse realizado ya los registros pertinentes.

Además de la Fiscalía, en la causa están personadas casi una decena de acusaciones populares coordinadas por el PP, que es el único que ha podido entrar en la declaración. El presidente del partido en la CAV, Javier de Andrés, estaba entre quienes habían abogado públicamente por que Zapatero sea encarcelado, este pasado fin de semana.

El expresidente del Gobierno español ha llegado a las 8:49 horas a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por liderar, presuntamente, una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, y ante las sospechas sobre las joyas de 1,3 millones de euros halladas en su oficina.

Según ha trascendido a través de abogados presentes en la sala, Zapatero ha negado cualquier intervención en el rescate de Plus Ultra y también haber ejercido cualquier influencia sobre el asunto, algo que será necesario probar para poder sustentar acusaciones como tráfico de influencias [ver entrevista a Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal de la UPNA].

Nada más concluir el interrogatorio judicial, el exinquilino de Moncloa ha difundido en comunicado que apunta que «se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y honradez y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza».

En esta línea, revela que «he presentado al tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España», remarca.

Zapatero, vía comunicado: «No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán»

Explica además que ha estado callado estos 29 días por «respeto a Su Señoría, que era quien primero me debía oír», pero que tiene intención de ir dando todas las explicaciones oportunas. Y añade en dirección al PSOE y sus votantes: «Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias».

Sin precedentes

Se trata de la primera declaración como investigado de un expresidente del Gobierno en democracia, ya que antes no se tomaron medidas similares contra Felipe González por los GAL, José María Aznar por la guerra de Irak o Mariano Rajoy por los casos Gurtel y Kitchen pese a los indicios existentes.

Zapatero ha llegado con diez minutos de antelación a su cita con el juez José Luis Calama, que le sitúa en el «vértice» de esa supuesta red que habría canalizado beneficios hacia el también el ex secretario general del PSOE y su entorno a través de una maraña de empresas.

El expresidente ha saludado a los periodistas antes de subir las escaleras de la Audiencia Nacional por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, tras solicitarlo Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad. Poco antes ha llegado su abogado, el catedrático Víctor Moreno Catena. La salida se ha producido luego por otra puerta, sin cámaras.

Había un fuerte despliegue policial y ante expectación mediática, con unos 200 periodistas y medios gráficos y más de 50 cámaras de televisión apostadas frente a la sede del órgano judicial para cubrir una cita nunca vista.

Mientras, en el entorno de la Audiencia Nacional un autobús de Hazte Oír daba vueltas, y unos pocos congregados gritaban, desde lejos, consignas contra Zapatero como ‘Réquiem por la trama’ o ‘La justicia os llama’.

Desmiente a la UDEF

El expresidente, que había negado ya previamente haber hecho gestiones ante ninguna administración pública «en relación con el rescate» de 53 millones de euros a Plus Ultra en 2021, ha sido interrogado también por los 490.780 euros que recibió de la empresa de su amigo Julio Martínez -también imputado-, Análisis Relevante, que también abonó 239.755 euros a la empresa de sus hijas. 

Al respecto, Zapatero ha dicho que tenía un «contrato verbal» con Julio Martínez, puesto que tienen una relación de amistad, para prestar tal servicio, pero que todo lo hecho es legal. Ha detallado que actuaba como consultor experto en asuntos internacionales, sobre todo acerca de países de Latinoamérica y, además de elaborar informes mantenía reuniones con clientes a los que asesoraba sobre este continente y acerca de inversiones, gracias a su conocimiento de política internacional, una labor que también desempeñaba para la empresa Inteligencia Prospectiva. 

Zapatero ha negado los indicios sobre sociedad fiscal opaca y ha defendido como legales los informes para Análisis Relevante, mientras que no ha querido declarar sobre las conversaciones grabadas desde Estados Unidos ni sobre las joyas

En cuanto a la sociedad ‘off shore’ que la UDEF sostiene que Zapatero creó para esconder fondos en paraísos fiscales, el investigado lo ha negado tajantemente y ha dicho que no le consta nada sobre esa sociedad. La investigación policial asumida por el juez Calama indica que la supuesta trama creó una sociedad en Dubai, que estaría participada al 100 % por otra empresa que había suscrito un contrato con Plus Ultra para percibir 530.000 euros (1% del rescate público), sin constancia del pago en el Estado español. 

Dos puntos sin declarar

En el foco también están las casi ochenta joyas halladas en una caja fuerte de su oficina, algunas con valiosos rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes, valoradas en 1,3 millones de euros. Zapatero, que solicitó aplazar la declaración de esta parte de la causa sin lograrla, no ha querido hacer declaración alguna sobre esta cuestión, de especial impacto en la opinión pública.

Tampoco ha respondido sobre las numerosas declaraciones de directivos de Plus Ultra que fueron halladas en el móvil de un accionista, Rodolfo Reyes, y que una agencia de Estados Unidos entregó a la Policía española este año.

El abogado del expresidente español ha apuntado al juez que Zapatero ya cuestionó en un escrito la autenticidad de las conversaciones como prueba en el procedimiento y por lo tanto se encuentran impugnadas.

El abogado pidió al juez que ampliase la comisión rogatoria emitida a Estados Unidos para conocer su origen e integridad, y demanda saber qué resolución judicial amparó la incautación y el clonado del móvil o si se respetó la cadena de custodia.

El silencio sobre esta cuestiones, especialmente sobre las joyas, ha hecho que diferentes socios del Gobierno Sánchez, como Sumar y ERC, trasladen a Zapatero que no basta con lo explicado hasta ahora.