El Ministerio de Consumo ha creado una lista pública para identificar las gasolineras que hayan podido aumentar sus beneficios aprovechándose de las ayudas del Gobierno español para que el consumidor pague menos por cada litro de hidrocarburo.

Según ha informado el propio ministerio en un comunicado, el Ejecutivo aprobó el lunes el segundo paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Irán, por el que se prorrogan algunas de las políticas adoptadas y se adaptan otras, y que entra en vigor este miércoles.

En materia de hidrocarburos, el Gobierno español ha puesto fin a la rebaja del IVA para los carburantes, que vuelve el 1 de julio al tipo general del 21%, y concentra las bonificaciones en el impuesto de hidrocarburos, con un descuento de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre.

La creación de esta lista pública de gasolineras es una de las medidas que incluye la reforma del Real Decreto-ley 7/2026, que entra en vigor este miércoles, para endurecer el control sobre el mercado de carburantes.

Esta información se ofrecerá a través de una lista pública por «comportamiento anómalo» habilitada en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para dar a consumidores y usuarios la posibilidad de reclamar.

Para ello, la propia CNMC vigilará los márgenes de beneficio de todas las estaciones de carburantes, una nueva medida que se incluye al Real Decreto-ley, ya que, hasta el momento solo se obligaba a reportar sus datos a aquellos operadores que tuvieran capacidad de refino en el Estado español.

No obstante, esta modificación normativa ha eliminado esa limitación, por lo que todos los operadores al por mayor estarán obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta y su incumplimiento supondrá una infracción grave.

Señalamiento público

Según Consumo, la CNMC podrá comprobar en qué gasolineras existen anomalías, es decir, en qué estaciones suben el precio de sus carburantes sin justificar que esa subida corresponde a un incremento de sus costes reales.

Esa medida «no solo garantiza un mecanismo disuasorio y de señalamiento público para evitar que se produzcan esos abusos por parte de los operadores de carburantes, sino que, además, servirá como base para que los consumidores puedan presentar reclamaciones al titular o gestor de la estación de carburante».