Hace unos días publicamos un artículo académico en la revista ‘Utilities Policy’. Analizamos un modelo energético autosuficiente, mayoritariamente público y renovable para Euskal Herria, en una colaboración entre miembros del sindicato LAB, el grupo de investigación LCTG de Euskal Herriko Unibertsitatea y el Basque Centre for Climate Change (BC3). Este trabajo busca contribuir a las discusiones recientes sobre la transición energética en nuestro territorio. No es ninguna propuesta cerrada, sino una invitación a orientar la producción académica hacia un debate fundamental.

Dónde estamos

Con una dependencia del 79% de los combustibles fósiles en el consumo primario energético, Euskal Herria (EH) se sitúa como el tercer país más dependiente de los combustibles fósiles de Europa. Euskal Herria se posiciona detrás de Chipre (86%) y Malta (86%) y le sigue por detrás Luxemburgo (62%). La situación energética de Euskal Herria es la de una doble dependencia: dependencia de los combustibles fósiles y dependencia energética del exterior. En esta situación, uno de nuestros suministradores principales es Estados Unidos, país de origen del 11% del petróleo y del 51% de los buques de Gas Natural Licuado que llegaron en 2025 al Puerto de Bilbao. Es decir, no solo consumimos una proporción de combustibles fósiles significativamente superior a los países de nuestro entorno, sino que además enriquecemos al imperio de Donald Trump y su poder geopolítico, que nos conduce a la escalada bélica.

La demanda energética de Euskal Herria es un 13% superior a la media estatal española. Junto al consumo total que tiene lugar dentro de nuestras fronteras, debemos tener en cuenta que los productos y servicios importados requieren un 28% más de energía. Esto es una demanda que no computa en nuestras estadísticas, pero tiene un impacto a lo largo de la cadena de suministro. Teniendo esto en cuenta, la huella energética actual de Euskal Herria se sitúa en 40 MWh anuales por habitante.

Hacia dónde podríamos avanzar

Partiendo de esta situación, la investigación realizada buscaba analizar un escenario energético para Euskal Herria bajo tres criterios: justo, público y renovable. 

Buscamos la justicia ecológica a partir de una reducción profunda de la demanda energética. Esto es fundamental para ceñirnos a los límites planetarios y eliminar las dinámicas coloniales de las que se aprovechan los países del Norte Global. Este análisis se realizó tomando parámetros de eficiencia y reducción de la demanda energética a nivel sectorial desde diversos estudios internacionales, como el escenario CLEVER o el CREDS de Reino Unido. Estamos hablando de transformaciones drásticas de nuestro modelo socioeconómico, especialmente en el ámbito del transporte y la movilidad.

Los autores defienden que, a través de diferentes mecanismos, la demanda energética de Euskal Herria debería descender un 51% para 2050

Después de aplicar las reducciones sobre la demanda energética, estimamos el volumen de generación renovable necesario para eliminar la dependencia hacia los combustibles fósiles. Aquí se aplican diferentes criterios políticos que orienten los resultados. 

Basándose en investigaciones previas de EHU, se estimó la generación renovable que se lograría con una enorme ampliación de la fotovoltaica en tejados. Junto a ello, se estimó la generación de otras tecnologías de bajo impacto, como la energía mini-hidraúlica, marina y el aprovechamiento de biomasa por cuidado forestal. El uso de hidrógeno verde se limita a los usos de alto rendimiento en los que no existen alternativas de electrificación. 

Junto a ello, se busca la autosuficiencia energética de Euskal Herria manteniendo un equilibrio territorial. Esto quiere decir que toda la energía que se consume se produzca en el territorio. Para ello, el escenario ajusta la generación renovable a las necesidades energéticas de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), Comunidad Foral Navarra (CFN) e Ipar Euskal Herria (IEH).

Aunque el consumo total desciende, la transición requiere más electricidad, para lo que los autores estiman que se necesita aumentar un 386% la generación renovable

Por último, un criterio fundamental es que la mayor parte de la nueva generación renovable se realice bajo propiedad pública y público-comunitaria. La CAV, CFN e IEH tienen las competencias y la capacidad de crear empresas públicas de energía que alcancen un tamaño suficientemente grande como para marcar el paso en la transición energética de Euskal Herria. Esto es esencial para frenar las prácticas corporativas que priorizan el beneficio privado y alimentan los conflictos territoriales.

Qué hemos encontrado

Como resultado, se ha obtenido que sería social y técnicamente factible alcanzar una reducción del 51% de las necesidades energéticas de Euskal Herria para el año 2050. Esto supondría pasar desde 128 TWh de consumo nacional a 63 TWh. En lo que se refiere a consumo por habitante, de 40 MWh por persona, a 19 MWh.

Para tener una comparación, este valor es todavía 4 veces superior al que se estima como demanda energética necesaria para garantizar una vida digna y se sitúa un 11% por debajo de las capacidades planetarias de generación energética renovable. Es decir­, una reducción tan significativa no debería suponer un empeoramiento de las condiciones de vida, siempre y cuando tengamos capacidad de planificar cómo se organiza nuestro modelo socioeconómico.

En cuanto al suministro energético, la transición requeriría una profunda electrificación. Acompañando la reducción de la demanda energética total, la demanda eléctrica directa debería aumentar un 79%, pasando desde 22 TWh hasta 39 TWh. 

Expulsar a los combustibles fósiles requeriría aumentar un 386% la generación energética renovable de Euskal Herria. Sin embargo, debido a la distribución territorial desigual de renovables, este aumento también se realizaría de forma desigual. En CFN se requeriría alcanzar 2,6 veces la generación de energía renovable actual, mientras que en la CAV e IEH la cifra ascendería hasta 7,1 veces y 5,6 veces, respectivamente.

Según los criterios establecidos, se obtiene que la nueva fotovoltaica en tejados generaría 4,4 TWh, la biomasa por aprovechamiento residual 1,1 TWh y la mini-hidraúlica y marina 0,2 TWh. La nueva generación renovable restante se suministraría desde 38 TWh de energía fotovoltaica y 6 TWh de energía eólica.

En conjunto, la nueva potencia instalada de renovables ascendería hasta 37 GW para el escenario descrito. De estos, el 65% de la infraestructura se desarrollaría bajo propiedad pública y el 7% bajo propiedad comunitaria. Aplicando los costes actuales, esto requeriría una inversión anual de 637 millones de euros, equivalente al 2,6% del presupuesto conjunto de los territorios administrativos de Euskal Herria.

En cualquier caso, un desarrollo de estas características debe establecer medidas públicas de salvaguarda para minimizar los impactos sociales y ambientales. Bajo este escenario de reducción drástica de la demanda energética, electrificación y desarrollo de renovables, las instalaciones fotovoltaicas y eólicas ocuparían el equivalente al 2,1% de la superficie total de Euskal Herria. 1,6% para la fotovoltaica y 0,5% para la eólica. 

En esta investigación no se han analizado ni propuesto los emplazamientos más adecuados para asegurar un equilibrio socio-ecológico. Pero tenemos claro que una ade- cuada ordenación territorial es imprescindible para que la necesaria instalación de renovables no compita con zonas de alto valor ecológico y estratégicas para la agricultura.

Próximos pasos

Los resultados obtenidos en este estudio son coherentes con escenarios similares recientemente publicados por Greenpeace para la Península Ibérica y la Xarxa per la sobirania energètica para Catalunya. En conjunto, alimentan un nuevo ecosistema de investigación orientando las discusiones socio-políticas sobre la transición energética.

Como decíamos al inicio, estos estudios no son ninguna propuesta cerrada, sino un material abierto a la discusión, a la mejora y a la ampliación. Las transformaciones que describen los números expuestos van muchísimo más allá de lo estrictamente técnico. Se trata de cambios profundos en la estructura económica y los modos de vida de millones de personas. Todos ellos representan una agenda de investigación específica sobre Euskal Herria.

En el ámbito laboral, hablar de transición energética implica hablar de las 24.000 personas empleadas en la automoción y las 22.000 empleadas en sectores industriales que deben avanzar hacia la descarbonización en Euskal Herria. Pero también de los aumentos de empleo necesarios en sectores como el transporte público, los cuidados, la alimentación y el cuidado forestal.

Nuestra apuesta por la propiedad pública no es ningún fetichismo ideológico, sino el profundo convencimiento de que sin alterar las relaciones de propiedad no habrá una verdadera transición energética justa. Hoy en día empresas multinacionales imponen proyectos agresivos sobre el territorio, alimentando un creciente conflicto social. Existe un camino alternativo: descartarlo sin antes intentarlo es un lujo que no nos podemos permitir. Por eso, una continuación de este estudio se concretará en un informe específico sobre propiedad pública en la transición energética de Euskal Herria.

Justa, pública y renovable son tres conceptos que solo funcionarán si trabajan juntos. Todo debe ocurrir al mismo tiempo: la reducción de la demanda energética, la ordenación territorial, la propiedad pública con control democrático y el desarrollo de las renovables. La transición energética no podrá ser justa si no es pública ni renovable.