«Somos conscientes de que ninguna empresa viene a ‘salvar al valle’ de los problemas del purín, pero su negocio puede ser nuestra oportunidad», manifiesta Raúl Palacio, alcalde de Karrantza, al preguntarle sobre el proyecto que Verdalia Bio Karrantza SL va a desarrollar en el paraje de Las Torcachas, donde en septiembre de 2010 se paralizaron las obras de la fallida planta de Karrantzako Minda. Aquel fiasco escribió su última página en enero de 2022, cuando el Tribunal Supremo español ratificó las condenas a sus gestores.

Pocos meses después, unos empresarios adquirieron los terrenos donde se alzan las ruinas de una infraestructura inconclusa que dejó muy tocados a los ganaderos del valle. En marzo de 2023, los nuevos promotores presentaron ante el Ejecutivo de Lakua la solicitud de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la preceptiva declaración de impacto ambiental para una instalación de tratamiento de purines que los transforma en biometano y biofertilizantes. El último día de enero de 2025, el viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, la rubricaba.

La planta, en la que está prevista una inversión inicial de 8,5 millones de euros, ocupará alrededor de 55.000 metros cuadrados. En las instalaciones se contempla procesar al año en torno a 130.000 toneladas de residuos.

En mayo, el Consistorio anunció que comenzaban las obras en Las Torcachas y con ello han surgido las voces de quienes rechazan el proyecto de Verdalia Bioenergy. Esta multinacional, aseguran los opositores, «opera en el negocio del biogás comprando proyectos en marcha».

Se quejan de que «la inmensa mayoría de la población» se enteró del proyecto a través de una cuenta de Facebook «cuando se notificó que arrancaban los trabajos de lo que definen como "macroplanta de biogás».

Han solicitado a la empresa que detenga las obras durante seis meses para establecer mesas de trabajo «con multiplicidad de expertos» que «analicen si de verdad esto es una solución al problema de los purines y aclaren todas las interrogantes que rodean al proyecto». Además, han pedido al Ayuntamiento que no autorice el llenado de los tanques que se construyeron hace 17 años para comprobar su idoneidad en plena temporada de escasez de agua, tal y como informó el Consistorio en un bando.

Para el Ayuntamiento, «es normal que un proyecto como este genere incertidumbre en el pueblo». «La gestión de los purines en el valle es de gran complejidad. Si a las políticas impulsadas por las instituciones desde hace décadas para fomentar la ganadería intensiva, le unimos la accidentada orografía, las condiciones climatológicas y el exceso de purín, nos encontramos con un serio problema medioambiental que nos ha conducido a una situación límite por contaminación de acuíferos del municipio, excesos de purín en las parcelas, vertidos incontrolados, etc.», expone en un comunicado. 

«La AAI es muy garantista»

Tras analizar la AAI, el primer edil concluye que «es muy garantista». Este documento, a juicio de Palacio, es «clave», ya que garantiza que la planta funcione en condiciones sin generar impactos relevantes a nivel medioambiental. «El protocolo implica controles exhaustivos por parte de los técnicos de Gobierno Vasco, para asegurarse de que la empresa realiza un proceso acorde a la autorización concedida», expone.

En conversaciones previas, los responsables municipales han trasladado a la empresa que se mantendrán «vigilantes» para que se cumpla lo autorizado en la AAI, de forma que los digestatos sólidos y líquidos que salgan tras el proceso del purín sean acordes a la normativa europea. «De momento, mantiene una actitud abierta. Se comprometen a que técnicos del Ayuntamiento estén presentes en los controles que tienen que gestionar (tanto propios como especialmente del Gobierno Vasco recogidos en la AAI), incluso por escrito y a pesar de que la autorización concedida recoge la posibilidad de introducir otros residuos diferentes al purín, han diseñado la planta para tratar purín, estiércol y paja», indican.

El alcalde sostiene que si se cumple «íntegramente» la AAI, «la situación mejorará considerablemente». «El problema del purín y lo que ha generado desde ya hace unas décadas está aquí, en nuestro valle, lo hemos generado nosotros. La contaminación de nuestros suelos ya existe, está aquí y la hemos generado nosotros –reitera Palacio–. No podemos seguir mirando para otro lado. Urge darle una solución».

Los opositores aseguran que el proyecto ha carecido de «transparencia». En los dos periodos de información pública no se presentaron alegaciones

En parte de ese diagnóstico coinciden los detractores del proyecto. «Como en otros lugares, padecemos un problema importante en torno a la gestión de purines, que se remonta al menos a un par de décadas atrás y al cual no se le ha dado una respuesta participativa, popular ni rigurosa», aseguran. Entienden que «ese es el caldo de cultivo para la implantación de esta macropanta de biogás», cuya narrativa parte de que van a solucionar el problema de los purines.

Por contra, ellos insisten en que «Verdalia viene a producir gas y lo que está instalando es una refinería. En lugar de encontrar un yacimiento de gas, encontraron un lugar lleno de recursos, que no son residuos a tener que valorizar, y los cuales van a mezclarse con otros elementos que sí son residuos».

Tan solo perciben aspectos negativos, pues la planta se ubica «en un corredor ecológico, entre el Parque Natural de Armañón y la sierra de Ordunte, ecosistema parte de la Red Natura 2000, cerca de bosques nativos, ríos y también población». Advierten de un «aumento drástico» del flujo de camiones por toda la comarca sobre vías secundarias precarias, transportando residuos y gas, «lo cual maltratará las carreteras y hará más complicada aún la movilidad desde el valle hacia centros de trabajo en la comarca y en la ciudad».

«Nos obligará a convivir con un olor pestilente y penetrante artificial que, en otros lugares, ha provocado que hasta la mitad de la población del lugar abandone el municipio y reportan pérdida de valor de los inmuebles de la zona; antes de incluso haber abierto la planta, los terrenos y casas ya han empezado a perder su valor en el mercado», aseguran. 

Inciden en que el proyecto de Verdalia Bio Karrantza SL «obligará a los ganaderos del valle a esparcir un digestato que tiene tratamiento de residuo y que, a pesar de ser presentado como fertilizante, la evidencia científica muestra que está lejos de serlo y más cerca de ser un gran contaminante». Además, alertan de que «generará una realidad donde conviviremos con riesgos de vertidos y accidentes asociados al transporte y manipulación de residuos y gas cerca de zonas de altísimo interés hídrico en la cuenca del río Asón. «Desvalorizará nuestro patrimonio natural y cultural, cambiando el paisaje y las dinámicas de convivencia entre ganadería y actividades como el ecoturismo», insisten los opositores.

«No se soluciona el problema»

Quienes rechazan el proyecto sostienen que el problema no va a resolverse. Defienden que van a «coexistir» el riesgo del purín y del digestato «mientras se aprueban las normativas que obliguen a todos los ganaderos a pagar porque les recojan el purín sin excepción». Advierten de que el digestato que los ganaderos deberán esparcir tiene prácticamente el mismo nivel de nitrógeno que el purín, «y los niveles de metales pesados aumentan debido a que entran otros insumos al digestor; además, se añadirán otros contaminantes como microplásticos, aditivos, conservantes, estabilizantes, etc. provenientes de los restos de la industria gastronómica».

Este abono, indican, pierde tanta materia orgánica en el proceso que en la gran mayoría de casos ni siquiera puede considerarse fertilizante, «lo cual nos presenta un escenario en el medio plazo de pérdida de fertilidad y vida en el suelo del valle».

Consideran que puede propiciar un «efecto llamada» a macrogranjas que produzcan más recursos para «alimentar» la planta, aumentando la producción de purines. «Incluso, con la misma autorización ambiental, le pueden realizar ampliaciones progresivas a la planta, con el consiguiente incremento de producción de digestato para la misma superficie de tierras», apuntan. «Ni Karrantza ni ningún municipio de la comarca se beneficia del gas producido, ya que este se inyecta a la red y parece que podría ser para exportación», añaden.

Respecto a la generación de empleo, lo dudan. «La información disponible muestra que son plantas altamente automatizadas que generan pocos puestos de trabajo; sin contar en esta ecuación los puestos de trabajo que podrían destruirse en sectores como el turístico, gastronómico e incluso en agricultura», argumentan.

Demandan al promotor y a las instituciones que muestren «el modelo de negocio completo del biogás sin la inyección de subvenciones públicas» que sustente su afirmación de que proyectan quedarse 40 o 50 años en Karrantza.