La desclasificación de documentos secretos sobre la crisis de Ceuta que ha realizado el Gobierno de Pedro Sánchez no ha tenido el efecto calmante que ellos esperaban. No ha terminado con las especulaciones, sino que les ha dado una base documental que admite las más esotéricas interpretaciones. Otro ejemplo de mala gestión, dentro de una espiral negativa que está lastrando las opciones de reválida que podía tener el mandatario español experto en resistencia.

La primera lección de este fiasco se puede extrapolar a la estrategia general de Sánchez. Quitando quizás la amnistía catalana, el líder del PSOE nunca ha exprimido las opciones que tenía para ahondar en una senda de transformación democrática. Esa era la auténtica opción ganadora para él. Ha hecho muchas cosas positivas, negarlo sería de necios, pero a menudo forzado por las circunstancias y con fórmulas extrañas. 

En este caso, Sánchez ha demostrado que desclasificar documentos no es tan difícil. Claro que sería mucho más fácil si adaptara de una vez por todas a los estándares europeos la infausta Ley de Secretos Oficiales. Esa norma data de 1968, es decir, en plena dictadura franquista. Sánchez ha tenido los votos necesarios para hacerlo y un mandato democrático favorable, siempre y cuando esta hubiera sido una prioridad. Es evidente que la lógica legislativa es más compleja que un acuerdo programático abstracto, pero había opciones. Al no cambiar la ley, asume el inmovilismo en materia de derechos de esos mismos poderes del Estado que le están lapidando ahora.

No solo poco amigos

La crisis de Ceuta ha vuelto a sacar a la luz la mala relación existente entre dos ministerios que responden a dos poderes centrales del Estado, Defensa e Interior. Se habla mucho de la mala relación entre los dos titulares de esas carteras, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, pero el análisis político debería ir más allá de la cuestión personal.

Precisamente, la elección de ambos exmagistrados en 2018 respondía, en gran medida, a sus trayectorias tanto partidarias como institucionales y a sus perfiles conservadores, por así decirlo. En un Gobierno de coalición con la izquierda confederal, entonces Podemos y ahora Sumar, Robles y Grande-Marlaska ofrecían la imagen de que las cosas importantes quedaban en manos fiables para el establishment del régimen del 78. 

Esos perfiles son bien conocidos para la sociedad vasca de cierta edad. Robles ya fue secretaria de Estado de Interior y subsecretaria de Justicia en el último Gobierno de Felipe González. Adquirió fama de independiente por su gestión del tema de los GAL. Como anécdota, escribió un artículo en ‘Egin’ elogiando a Tony Blair por su postura en Irlanda. Como jueza estuvo destinada tanto en Catalunya como en Euskal Herria, y luego pasó de la Audiencia Nacional española al Tribunal Supremo. Fue miembro del Consejo General del Poder Judicial con los votos del PSOE.

Esa es una de las principales diferencias respecto a Grande-Marlaska, que llegó al CGPJ de la mano del PP. El bilbotarra es famoso en Euskal Herria por su trayectoria en la Audiencia Nacional, por los terribles casos de torturas que permitió y, precisamente, por las condenas que acumula por parte del TEDH de Estrasburgo: en seis de los nueve casos en los que el Estado español ha sido condenado por no investigar las torturas, Grande-Marlaska era el juez instructor. A pesar de todo, Sánchez lo nombró y lo ha mantenido. 

No solo a pesar de su historial, sino a pesar de la evidencia de que bajo su mandato ha habido descontrol y se estaban fraguando derivas democráticamente peligrosas, como la función de la UCO. Que esa unidad haya conseguido que un juez les permita registrar los despachos de los mandos político y militar de la Guardia Civil para investigar un caso en el que la propia UCO estaría implicada es el mejor resumen de cómo esos poderes funcionan con autonomía de sus responsables políticos y a las órdenes de otras estructuras.

Problemas estructurales

Más allá de los perfiles, los ministerios de Defensa e Interior españoles tienen algunos problemas derivados del gatopardismo de la Transición. Por ejemplo, la naturaleza militar de la Guardia Civil contrasta con su adscripción a Interior. La UME pertenece a Defensa, pero responde a Protección Civil. Y las redes de información, tanto policiales como militares, siguen siendo parte de las cloacas del Estado, aquellas que Margarita Robles no limpió en el siglo pasado y sobre las que ahora intenta reinar, o al menos sobrevivir. La fórmula de que las policías sean a la vez policías judiciales también genera problemas evidentes, como se comprueba en el mencionado caso de la Guardia Civil.  

En sucesivas crisis de emergencias –desde la pandemia hasta los fuegos– y humanitarias –en Canarias y Ceuta–, esas disonancias institucionales han generado encontronazos entre ambos ministerios y sus responsables. No lo han ocultado demasiado. En todos los casos, hay una forma peculiar de organizar el Estado de derecho que tiene sus raíces en la herencia que dejó el franquismo. En toda esta retahíla de disputas hay una parte de choque de egos y otra de disputas estructurales e históricas. 

A cuenta de los papeles de Ceuta, algunas de las fuerzas que han apoyado a Sánchez en esta legislatura han sugerido que el CNI no puede ser tan desastroso. En su desidia habría una voluntad acorde con el asalto que la derecha ha organizado contra el Gobierno desde los poderes judiciales, policiales y mediáticos. En el caso de la crisis humanitaria del norte de África, más que «el que pueda hacer que haga» de José María Aznar, la fórmula sería «el que pueda dejar hacer, que lo permita». Y luego todo se les habría ido de las manos a unos y otros. Esta hipótesis tiene tantos elementos de confirmación como otras, más bien pocos, pero tanta o más veracidad.

Otro mandato, mismos riesgos

Dejando de lado la geopolítica especulativa, en el plano político, Robles y Grande-Marlaska son los ministros intocables de Sánchez, los que están con él desde la primera legislatura. Pero también los menos alineados con el relato sobre el mandato de su Gobierno y, por lo tanto, con sus opciones de volver a ganar unas elecciones. Por ejemplo, es evidente que ninguno de los socios de legislatura son santos de su devoción, y que es recíproco. Por razones de peso e intereses, no ha habido grandes conflictos, pero tampoco avances en esas áreas. 

La idea original de los dirigentes del PSOE podía ser que, si se querían dar cambios en serio, hacía falta gente que tuviera la autoridad para hacerlo. Reformistas homeopáticos con galones. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido, y esos poderes acompañan ahora la operación para tumbar al Gobierno.

Sin meterle mano a estos temas, es difícil que las fuerzas progresistas puedan armar un programa autónomo, pero coordinado, para poner freno al levantamiento retrógrado. Si las fuerzas autoritarias no tienen enfrente un mandato democrático claro y audaz, lo más probable es que PP-Vox ganen las elecciones estatales. La inercia violenta que tienen ahora la derecha y la ultraderecha, sumada a la táctica probada por Donald Trump de dar los primeros cambios radicales nada más tomar el poder, hacen prever un arranque de legislatura que puede ser salvaje desde el punto de vista de los derechos y las libertades.

Está por ver qué sucede con Sánchez, contra quien las amenazas a cuenta del delito de «traición» son cada vez más explícitas. Si lo detienen, serán los mismos policías que han maniobrado contra él bajo la supervisión de Grande-Marlaska, y contarán con la información que les den los espías a quienes protege Robles. Le juzgarán los magistrados que enviarán al ostracismo a Robles y Marlaska cuando regresen a la carrera judicial. Cada uno de ellos merecerá una medalla, porque en el Estado español todo seguirá atado y bien atado.