El abogado de la querella argentina, Carlos Slepoy, trabaja para sacar a la luz los crímenes franquistas y acelerar un proceso que ha permanecido paralizado e impune por la inacción -también por los obstáculos- del Estado español en las últimas cuatro décadas. Este letrado anun- ció ayer en Donostia que en los próximos dos meses habrá «novedades importantes» en el proceso judicial de esta causa, y que entre octubre y noviembre familiares de víctimas del franquismo prestarán declaración a través de videoconferencia, ya que el proceso judicial se está llevando a cabo desde Argentina. De ello se encarga la juez María Servini de Cubria.

Las declaraciones las realizó ayer desde el consistorio donostiarra, con motivo de la presentación de las jornadas «Crímenes del franquismo» que acoge el Museo San Telmo hoy y mañana (18.30) con entrada libre.

Abierta la causa hace más de cuatro años, el abogado recordó que las investigaciones han avanzado sin fiscal, porque este se opuso a hacer nada. Por ello, resaltó el trabajo y el tesón de los querellantes y de las asociaciones memorialistas. «Los procedimientos judiciales los conquistan las sociedades», destacó en declaraciones a GARA.

La ausencia de fiscal se solventó nombrando a uno nuevo, cuya actitud parece más receptiva. Por el momento, ha elaborado «un laborioso informe de unos 300 folios» y ha adelantado que solicitará ciertas medidas que van en consonancia con las de la querella argentina.

Entre las solicitudes al fiscal, según confirmó a este diario Slepoy, estaría la imputación de «veinte personas». «Tenemos una larga lista de torturadores, jueces y exministros del franquismo... todos ellos vivos, que firmaron sentencias de muerte en la dictadura y, luego, han tenido cargos en la propia democracia. Es inadmisible», declaró. Aún están a la espera de la decisión que tome el fiscal.

Sobre la edad de las personas a imputar, admitió que son mayores, pero lo suficientemente jóvenes para estar en la cárcel.

Servini también solicitó hace algo más de dos meses en un juzgado de Madrid la exhumación en el cementerio de Guadalajara de una persona cuya hija, «de 88 años de edad», declaró ante la juez, «dejándola muy impresionada con su testimonio», en palabras de Slepoy.

«Esa mujer ha pedido que la justicia española le tome muestras de ADN, también a sus familiares, para cotejarlo con los restos de la exhumación solicitada» explicó, antes de añadir que «en estos momentos todo esto está en manos de una jueza de Guadalajara».

Un camino difícil

El camino, admitía, no ha sido fácil. «Esto es producto de un proceso acumulativo, y de muchas resistencias de los poderes establecidos, que no quieren que esto se investigue y que tienen una influencia muy grandes en sectores de la judicatura, y de forma muy señalada en el Tribunal Supremo», apuntó.

Sin embargo, destacó que se ha avanzado mucho, «especialmente en los dos últimos años», a pesar de que el Estado español «no ha hecho nada». Esto demuestra, a su juicio, que «en la medida que haya persistencia en esta lucha, es posible acabar con la impunidad».

Las futuras imputaciones y las recientes extradiciones frustradas del capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas y Juan Antonio González Pacheco, alias `Billy el Niño', sirven, a su juicio, para ahondar en la conciencia social, un elemento importante.

El letrado Slepoy tampoco descartó una nueva visita de la jueza Servini para seguir con el proceso. «Eso depende de las circunstancias», explicó. También valoró que «el efecto de la querella argentina es importante porque hace esta causa visible a nivel internacional, estimula a las víctimas y pone en jaque a la impunidad, pero, obviamente, de lo que se trata es de que esas personas sean juzgadas aquí y que todas las medidas reparatorias que se tomen sean asumidas por la justicia y la administración españolas».

Asimismo, se mostró esperanzado con el futuro, al recordar que «ningún gobierno está en el poder de por vida».