El poder electoral avala las firmas para el revocatorio en Venezuela
La oposición venezolana ha logrado luz verde de las autoridades electorales para poner en marcha el referendo para revocar el mandato de Nicolás Maduro, el primer paso de un largo proceso que podría desembocar en nuevas elecciones. El CNE declaró válidas 1,3 millones de firmas recogidas para activar la consulta.
La oposición venezolana anunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha declarado válidas 1,3 millones de las firmas –seis veces más de las requeridas– recogidas para solicitar la activación del referendo revocatorio contra el presidente, Nicolás Maduro, por lo que podrá continuar con el proceso.
El jefe del Estado volvió a rechazar como «no válido» cualquier forma de consulta para destituirlo y descartó la idea de que sea una base para el diálogo con la oposición. «La opción del referéndum con posibilidad revocatoria no ha estado ni va a estar en ninguna mesa de diálogo», señaló en su programa semanal Contacto con Maduro. «Más del 30% del paquete (de firmas) que entregaron es ilegal y defectuoso», por lo que consideró que el proceso revocatorio «está invalidado».
Sin embargo, tras una reunión en la sede del CNE, el portavoz de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, aseguró el martes que «tenemos las firmas, seis veces más firmas que las necesarias para activar el proceso revocatorio, de las necesarias para pasar la frontera del 1% (unas 200.000)» del padrón electoral en esta etapa. Y añadió que el órgano electoral tenía previsto anunciar ayer el procedimiento de ratificación de esas firmas, que debe hacerse en cinco días con máquinas que cotejan la huella dactilar, tras lo cual la oposición deberá recoger otras cuatro millones más (20% del padrón) para que finalmente se convoque al referendo.
La MUD había entregado al CNE, al que acusa de aliado del Gobierno, más de 1,85 millones de firmas el 2 de mayo, pero, según denunció, ha demorado la validación y utilizado un proceso de verificación para restarle apoyos. Miles de esas firmas eran de personas ya fallecidas.
Esta validación, aún no confirmada oficialmente por el CNE, es una de las reclamaciones que viene haciendo la MUD desde el 2 de junio, cuando se cumplió un mes de su entrega.
«A partir de ese proceso de verificación mal hecho, mal instrumentado, y con un software irregular lograron rebanarnos 600.000 firmas. Sin embargo, nos quedan más de 1,3 millones con las cuales es perfectamente posible pasar a la segunda fase del proceso», dijo Torrealba.
«Esto forma parte de la resistencia que están montando la cúpula corrupta e ineficiente del Gobierno para intentar detener, dar lentitud al proceso de referendo revocatorio, agregó.
Y es que la oposición afronta una carrera contrarreloj para que la consulta se celebre antes de enero de 2017 –cuando se cumplen cuatro años del mandato presidencial–, pues si Maduro pierde debe convocar elecciones. Si el referendo se hace en 2017 Maduro sería reemplazado por su vicepresidente.
El anuncio de Torrealba fue hecho un par de horas después de que efectivos militares y policiales dispersaran con gases lacrimógenos una marcha convocada por la MUD hacia la sede del CNE para exigir que su pronunciamiento sobre la validez de esas firmas.
Según las últimas encuestas, siete de cada diez venezolanos quieren la salida de Maduro.
El Parlamento Europeo «insta» a respetar el proceso revocatorio
El Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución no vinculante en la que «insta» al Gobierno de Venezuela a que «libere a todos los presos políticos» como «precondición» para el inicio de cualquier diálogo y a que «respete los mecanismos legales reconocidos en la Constitución» en relación al proceso para revocar a Nicolás Maduro.
La resolución, impulsada por el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas y los liberales de ALDE, fue aprobada por 501 votos, mientras que 94 diputados –entre ellos Josu Juaristi, de EH Bildu– votaron en contra y 73 se abstuvieron –incluidos los representantes de Podemos con el argumento de la utilización de la resolución como «arma electoral» de la «gran coalición»–.
La resolución pide también al Gobierno de Maduro que implemente reformas económicas urgentes «en cooperación con la Asamblea Nacional», controlada por la oposición, y que permita la entrada al país de ayuda humanitaria. Además, muestra su «preocupación» por el «bloqueo constitucional» y el «uso por parte del Ejecutivo de los poderes del Estado para controlar la Corte Suprema y el Consejo Nacional Electoral».
Josu Juaristi votó en el mismo sentido que la mayoría de su grupo, GUE/GNL, salvo algunas abstenciones, al estimar que es una resolución «absolutamente desequilibrada e inaceptablemente intervencionista con el fin de desestabilizar Venezuela». GARA