Objetivos políticos
Un despertar social exige ahora eficacia política. Es lo que remarca Jiménez en esta colaboración en la que subraya tres cuestiones centrales: brecha salarial, conciliación y violencia de género.
Hemos despertado. La mayoría social ha identificado los problemas y comprende que son importantes. Hay voluntad de movilizarse, de ocupar la calle. La conciencia es global: la Plaza del Ayuntamiento convocó más gente en Iruñea para una concentración contra la violencia sexual que para el chupinazo; la Unión Africana prohibió hace dos años la ablación genital en todo el continente; Hollywood reclama medidas concretas en los contratos para impedir diferencias salariales entre hombres y mujeres y para mejorar la representación de la diversidad cultural, racial y de género del país. Allí donde se mire, se ve el deseo de cambio.
Por eso, ha llegado la hora de marcar objetivos concretos que se puedan plantear a las administraciones en los ámbitos legislativo, económico, educativo y político. Y de hacerlo aquí, en nuestro país, en Euskal Herria, donde mayores posibilidades institucionales y sociales tenemos de aprovechar el momento y las oportunidades que ha generado.
El machismo es sistémico y las soluciones también deben serlo. En mi opinión, hay tres cuestiones centrales que convocan a la gran mayoría social y que podrían vertebrar esos objetivos: Brecha salarial, conciliación y violencia de género.
El primer problema, el de la brecha salarial, es escandaloso. Navarra es la comunidad del Estado español con la mayor diferencia de salario entre hombres y mujeres. Las mujeres cobramos 18% menos, de media, por hora trabajada y casi el 80% de los contratos a tiempo parcial están suscritos por nosotras. Todo ha empeorado con la crisis, es decir, con la rebaja de los derechos sociales que ha recaído sobre la clase trabajadora para capitalizar los abusos de las élites. En 2015, los sueldos se rebajaron en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa un 0,6% para los hombres. Para las mujeres fue un 1%.
La brecha salarial es una realidad tan indefendible que los sectores más machistas de la sociedad niegan que exista basándose, obviamente, en cuñadismos que ignoran los datos objetivos. Es prioritario acabar con ella. La desigualdad genera vulnerabilidad; la vulnerabilidad, violencia. Una vez más y como tantas veces en la historia, toca avanzar en la lucha obrera y sindical.
Lo mismo ocurre con la conciliación laboral y familiar. En 2016 y según datos de Eustat, el índice de igualdad de género en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa era de 58,5 sobre una escala de 100. El de España es peor: 53,6. El mejor de Europa es el de Suecia, con un 74,2. Este índice mide la disparidad de género y utiliza tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado de trabajo. No hay que indagar mucho para descubrir por qué Suecia ocupa tan buen lugar en el ránking. Entre otras cosas, tienen 69 semanas de baja por maternidad. En España son 16. El promedio de la UE es de 28 y la ONU ha pedido expresamente que ningún país se mantenga por debajo de 24 semanas.
Podemos hablar mucho sobre la presión de las mujeres para que seamos madres y es una conversación importante en el camino a despatriarcalizar nuestras relaciones, pero necesitamos ante todo ampliar el Estado de Bienestar para que tener hijos e hijas no condene a la precariedad a las mujeres y no mantenga los techos de cristal laborales.
Respecto a la violencia contra las mujeres, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que se aprobó en el Gobierno Zapatero ha cumplido 14 años. Supuso un avance extraordinario al asumir en el ámbito legislativo una histórica reivindicación feminista y aceptar que la violencia de género no es un problema doméstico y privado sino estructural, sistémico y político. Es necesario evaluar el impacto y el alcance que ha tenido aquí, en Euskal Herria, identificar ámbitos de mejora e implementar partidas presupuestarias suficientes para llevarla a su siguiente estadio político y para ofrecerles a las mujeres que han sobrevivido a un vínculo de mal trato, a sus hijas y a sus hijos, las herramientas de recuperación que necesitan, económicas y de seguridad, pero también emocionales y psicológicas. La asistencia tiene que ser integral. No solo se lo debemos a ellas, sino a todos, porque las genealogías del mal trato se rompen si se identifican bien, si se recuperan adecuadamente, si se sanan del todo.
Hay, por supuesto, más ámbitos en los que se puede mejorar. Necesitamos un sistema educativo mejor y más feminista, debemos garantizar plenos derechos reproductivos y sanitarios a las mujeres, hay que avanzar en asistencia social.
La labor es inmensa, pero el reto histórico no puede ser más trascendental ni más bello. Ha nacido una conciencia. Se está creando una nueva cultura. Y las feministas, hombres y mujeres, estamos llamadas a dotar a este despertar de objetivos políticos concretos. No hay mejor manera de estar a la altura del momento ni de honrar a las luchas feministas que nos han traído hasta aquí que hacer mejor política y demostrar que podemos conseguir, una vez más, los resultados históricos que exige este emocionante despertar.