PNV, PSE y PP rechazan un salario mínimo de 1.200 euros en contrataciones públicas de la CAV

El Parlamento de Gasteiz ha rechazado una enmienda acordada entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos que reclamaba al Gobierno de Lakua que garantizara en las contrataciones públicas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa un salario mínimo de 1.200 euros, ya que PNV, PSE y PP consideran que se trata de una propuesta que no es posible desde el punto de vista jurídico y que «crearía diferencias» entre trabajadores del sector público y privado.

EH Bildu ha presentado en la Cámara de Gasteiz una iniciativa, que posteriormente ha acordado con Elkarrekin Podemos, que instaba al Gobierno de Iñigo Urkullu a garantizar «en todos los puestos de trabajo promovidos por contrataciones públicas», un salario mínimo de 1.200 euros.

El texto no ha salido adelante porque ha contado con el rechazo de PNV, PSE y PP. Además, la Cámara tampoco ha aprobado otro texto que había presentado los grupos que sustentan al Gobierno -PNV y PSE-- que instaba al Ejecutivo de Urkullu a garantizar la aplicación de las leyes y convenios vigentes en las contrataciones públicas. Este segundo texto ha sido rechazado con los votos de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP.

En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Larraitz Ugarte ha destacado que es la administración pública la que genera más empleo en la CAV con alrededor de 50.000 trabajadores y ha defendido que el sector público tiene obligación «moral y ética» de garantizar unas condiciones de trabajo «dignas». En este sentido, ha criticado las «precarias condiciones de trabajo y la desprotección extrema que se padece en las largas cadenas de subcontratación que se dan para ejecutar contratos públicos», lo que «repercute en el servicio que se ofrece a la ciudadaníaÇ.

«La administración tiene capacidad para garantizar un salario mínimo de 1.200 euros, ¿por qué no lo vamos a hacer?», ha defendido antes de explicar que su iniciativa es «jurídicamente viable» y ha solicitado que haya «voluntad política» para establecer estas condiciones porque por debajo de ellas «no son adecuadas y el servicio que se va a ofrecer no va a ser de calidad».

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha calificado de «grave» que en el sector público se use la subcontratación, «una herramienta diseñada para degradar las condiciones de trabajo, ahorrar costes, aumentar beneficios de las empresas». «La subcontratación se hace en el sector privado pero también en el sector público», ha lamentado.

Además, ha defendido que la contratación pública es «una herramienta para generar puestos de trabajo» y ha asegurado que en los pliegos de contrataciones se pueden exigir un salario mínimo de 1.200 euros algo que es «absolutamente legal».

La parlamentaria del PNV Estíbaliz Larrauri ha dicho que la iniciativa de EH Bildu está «abocada al fracaso» desde el punto de vista jurídico y le han pedido que «no hagan trampas a la ciudadanía» porque su petición «no es posible». Además, ha criticado que EH Bildu «no pide en Madrid lo que pide aquí», y ha rechazado que su negativa al texto sea una «excusa» sino que responde a que «nos movemos en la realidad» porque {deseos tenemos todos pero nosotros nos movemos en la realidad».

Desde el PSE, Alexia Castelo ha defendido que las administraciones públicas deben garantizar las condiciones laborales que les asisten a los trabajadores o en normas forales o en el convenio colectivo, pero se ha preguntado cuál es el objetivo de esta iniciativa porque cree que «no busca no mejorar las condiciones de los trabajadores sino rellenar minutos en la tribuna». Castelo ha criticado que no se hayan dirigido al PSE para negociar la iniciativa y cree que el texto propuesto «inventa un salario mínimo para unos y no para otros».

Desde el PP, Javier Ruiz de Arbulo ha recordado que los contratos del sector público se rigen por normativa estatal y no ve «encaje» para «colocar» esta cláusula de 1.200 euros, cifra que considera una «simple ocurrencia». Según ha explicado, con la iniciativa de EH Bildu habría un salario mínimo para el sector privado y otro para el público, lo que supone «crear unas diferencias entre trabajadores» que ha calificado de «impresentables».