Los pensionistas vuelven a las calles con el impulso del paro
Miles de pensionistas han vuelto este lunes a las calles de capitales y pueblos de Hego Euskal Herria. En la concentración de Bilbo, han indicado a los críticos con la huelga del 30E que la lucha continúa, que la unidad es «su fuerza» y que la movilización sigue siendo «la única vía».
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Al margen de la diferencia de opiniones, alimentada desde distintos ámbitos, que sobre la oportunidad de la huelga se dio en los días previos al 30 de enero, hoy tocaba volver a las concentraciones de los lunes y el movimiento de pensionistas regresó a la calle con un mensaje unitario: la lucha en defensa de pensiones dignas y públicas continúa, y lo hace con más fuerza tras la jornada del pasado jueves. La hoja de ruta es «trabajo y calle»; la «pelea sigue» porque las primeras decisiones del Gobierno español están siendo «limitadísimas».
Los datos de participación y las imágenes aún en la retina hacen incontestable el alcance de la movilización ciudadana general que se registró en capitales y pueblos, según han resaltado portavoces del movimiento de pensionistas en Bilbo. Han destacado la participación de cerca de 200.000 personas en las manifestaciones de la mañana y de la tarde, y el carácter unitario de una lucha junto al movimiento feminista, trabajadores y trabajadoras, juventud y el movimiento estudiantil.
La cantidad de gente movilizada, los paros y, sobre todo, esa unidad convirtió la jornada de lucha en «un referente», tal como han reiterado varios mensajes entre quienes se han puesto al frente del micrófono en Bilbo, incidiendo en que la prueba es que fuera de Euskal Herria 40 concentraciones también apoyaron la movilización del jueves.
Cartas a Sánchez e Iglesias
Ha habido pitidos en varios momentos y han sido especialmente sonoros al recordar la alusión del PNV a la convocatoria de huelga como un «fracaso total», primero, y corregida después como un «éxito escaso».
«Es la primera vez en muchos años que se ve una movilización así con el apoyo de distintos movimientos sociales», ha resaltado Andrea Uña. También han aclarado que no ven más «secuestro» del movimiento de pensionistas que el de poderes económicos.
Ha destacado que las demandas siguen sobre la mesa de los ejecutivos, y parte de ellas son asumibles desde ya por parte de los gobiernos de Lakua e Iruñea, por lo que, si hay voluntad, podrían dar pasos, pero, si no se atienden, habrá respuesta en la calle, ha avanzado Fano.
«No estuvimos solos en las calles, lo saben pero lo tenemos que subrayar», ha apuntado Jon Fano, quien ha censurado los datos de adhesión a la huelga ofrecidos por el portavoz del Ejecutivo de Lakua, Josu Erkoreka. «Si en los servicios públicos, en una plantilla de 135 personas, solo una persona podía hacer huelga por los servicios mínimos y la hizo, el 100% secundó la huelga, ha explicado, en referencia a la «manipulación» de datos sobre seguimiento del paro.
«La hoja de ruta es trabajo y calle», han comentado. Otras voces han dado cuenta de pasos como el envío de cartas al presidente español, Pedro Sánchez; al vicepresidente, Pablo Iglesias; a la lehendakari Maria Chivite y «a Urkullu, que es la tercera vez que se las vamos a mandar».
Voces que también explicaron a los congregados que «el incremento del 0,9% no está en la pensión de este mes por una cuestión contable, pero sí lo estará en la próxima con carácter retroactivo».
La dependencia, en 32 trámites
Lo que es cada vez más evidente es que la pelea por unas pensiones públicas dignas no se entiende sin acompañar otras luchas por la justicia social. Seguramente por ello, en Bilbo se han sumado mensajes que atañen al colectivo como el lanzado por Loli Pisón en relación al «derecho subjetivo de las personas mayores a una atención sanitaria de calidad», en un Estado con «casi 1.400.000 personas dependientes, de las que un 20% no reciben ninguna ayuda, a pesar de estar reconocidas como dependientes».
Las cosas no van mejor «en este oasis vasco», en el que un «estancamiento es evidente». Según ha señalado, en la CAV hay 13.000 personas con dependencia reconocida esperando la prestación; «más de la mitad de los solicitantes es mayor de 80 años» y el «disparatado sistema burocrático» es «una trampa mortal».
«Hay que hacer 32 trámites para acceder a Derechos de dependencia», ha subrayado, mientras «trabajadoras explotadas del servicio de ayuda a domicilio por empresas privadas del amiguismo nos atienden un mínimo de horas, totalmente insuficientes para un servicio de calidad».
«Tiempo escaso y angustiante para las trabajadoras y para nosotras», ha enfatizado Pisón, que ha añadido que, ante un panorama desolador como este, hay «poderosos movimientos que levantan la esperanza», como el feminista, que «ponen sobre la mesa nuevas ideas» como la necesidad de plantear «una sociedad de cuidados».