El PNV opta por el olvido frente a la opción de enmienda ante la corrupción

Las elecciones del 12 de julio se van a celebrar justo un mes después de que se confirmara que dos exalcaldes jeltzales de Alonsotegi, Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban, junto a otros cuatro consejeros de la sociedad urbanística municipal, serán juzgados por graves irregularidades cometidas durante su gestión, que provocaron un agujero patrimonial de quince millones de euros al Consistorio. Se trata de un asunto que viene de lejos, pero que ha dejado más de un titular en la pasada legislatura, donde la sucesión de presuntos caso de corrupción han sobresaltado a la opinión pública en más de una ocasión.

Las irregularidades de la OPE de Osakidetza, que acabaron prematuramente con la carrera política del consejero Jon Darpón el año pasado, y sobre todo la sentencia del «caso De Miguel», conocida en diciembre y que fijó fuertes condenas de prisión para tres exdirigentes del PNV de Araba –Alfredo de Miguel (13 años), Koldo Ochandiano (7 años y medio) y Aitor Tellería (6 años y medio)– por cobrar comisiones ilegales, parecían marcar una campaña que estaba prevista para principios de la primavera.

Quien más quien menos esperaba entonces que la formación jeltzale adoptaría algún compromiso explícito en esta materia antes de ir a las urnas. Nada más lejos de la realidad.

Persuadido, quizá, de que el paso del tiempo y, sobre todo, la tragedia pandémica que nos ha golpeado estos meses harían su trabajo en la memoria de los electores, el PNV ha optado por correr un tupido velo sobre esta polémica materia. Hasta el punto de que no solo no la ha citado en lo que llevamos de campaña, a diferencia de otras formaciones, sino que ni siquiera hace mención de ello en su programa electoral.

La lucha contra la corrupción no aparece entre sus cinco compromisos estratégicos, ni en sus quince objetivos de país, ni en sus treinta áreas de actuación, y si hace alguna referencia explícita a ello en sus más de mil iniciativas para la próxima legislatura se ha cuidado mucho de que no sea fácil encontrarla.

Urkullu pidió disculpas

A lo más que se acerca es el apartado de “Gestión transparente y responsable”, donde viene a plantear «un modelo de transparencia y de rendición de cuentas, tanto en materia económico-financiera vasca como en la contratación pública». Y en el capítulo dedicado a la Salud, junto a otras cuarenta iniciativas sectoriales condensadas en 18 páginas, propone «aplicar el nuevo modelo de selección de personal» para «garantizar la transparencia, justicia y equidad en el acceso a las plazas del sistema sanitario público». Puede ser un guiño a la opinión pública por la crisis de la OPE de Osakidetza, pero lo hace de una forma tan vaga e indeterminada que resulta indescifrable.

Y eso que hace medio año Inigo Urkullu apenas tardó unas horas en pedir disculpas a la sociedad vasca tras conocerse la sentencia condenatoria de sus excompañeros. El lehendakari y candidato a la reelección fue el primer cargo del PNV en salir al paso de aquel fallo de la Audiencia Provincial de Araba, al parecer contra el criterio de sus asesores pero sabedor de que su partido y él mismo, pues era su presidente cuando se conoció el caso en 2009-2010, estaban siendo señalados.

Su sucesor en el cargo, Andoni Ortuzar, fue el siguiente en valorar la sentencia, de la que insistió que «no es contra el PNV». «La sentencia relata unas actitudes y actos que nada tienen que ver con el PNV. Al contrario, siempre tendrán al PNV enfrente», apuntó el presidente de EBB, quien también proclamó, «como lo hemos hecho siempre, que cualquier práctica éticamente reprobable está fuera del ejercicio del PNV».

Resulta, sin embargo, que el «caso De Miguel» –«caso Miñano» en Sabin Etxea– es solo el penúltimo y más llamativo eslabón de una cadena que ha adquirido ya unas dimensiones importantes.

Y es que el PNV exhibe un buen surtido de presuntos o probados –por sentencia– casos de corrupción, algunos tan conocidos como el «caso Balenciaga», el de la Hacienda de Irun, Glass Costa, Margüello, Hiriko, Karrantzako Minda o los casos de los exalcaldes de Mallabia y Bakio, José Luis Pagalday y Txomin Renteria, respectivamente. Además de otros en fase de instrucción, como el de Bidegi, o a punto de ser enjuiciados, como el citado de Alonsotegi.

Propuestas de EH Bildu y E-P

Parece una carga demasiado pesada para aliviarla con una referencia genérica o directamente pasar página. Sobre todo cuando otros grupos sí que han incorporado la lucha contra la corrupción a su agenda de campaña, con propuestas concretas.

Es por ejemplo el caso de EH Bildu, que cuando se produjo la sentencia del «caso De Miguel» registró dos proposiciones no de ley en el Parlamento de Gasteiz para reactivar sendas iniciativas anticorrupción, con el argumento de que existe «un sistema de gestión institucional construido y alimentado durante años que posibilita prácticas irregulares y corruptas».

La coalición soberanista pidió al Gobierno de Lakua que auditara «todos los contratos formalizados desde 2010 con todas las empresas implicadas que aparecen en la sentencia, aunque haya cambiado de nombre, y que ponga de inmediato los mecanismos precisos para recuperar los 146.000 euros sustraídos a las arcas públicas».

Maddalen Iriarte propuso, «con urgencia», crear «una Fiscalía Anticorrupción; dotar de más medios a la Fiscalía para Delitos Económicos; crear en la Ertzaintza una unidad específica especializada en la lucha contra la corrupción; establecer mecanismos para acabar con las redes clientelares y poner coto a las puertas giratorias; y acelerar la tramitación de la ley de creación de la Oficina Anticorrupción».

De cara a estas elecciones, EH Bildu ha expresado el compromiso de abrir esa oficina pública anticorrupción y ha recabado el apoyo de los anestesistas que en 2018 denunciaron la existencia de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza.  

Por su parte, Elkarrekin Podemos-IU ha propuesto la creación de un observatorio de contratos públicos y una fiscalía anticorrupción vasca, para que «trabajen por unas instituciones realmente limpias y que cumplan las normas».

«En una democracia consolidada, tener el carné de un partido no debería suponer una ventaja para acceder a un puesto público, y conocer a gente en el gobierno no debería ser igual a recibir una y otra vez contratos y dinero público», expuso su candidata Miren Gorrotxategi el pasado lunes en Gasteiz.

Una afirmación con la que seguro estarán de acuerdo aquellas personas que el día 12 van a ir a votar, y quienes opten por no hacerlo, pero que a algunos partidos parece que les cuesta horrores poner negro sobre blanco.