La Vuelta llega a Iruñea entre rumores de confinamiento perimetral
La segunda etapa de la Vuelta arrancará el miércoles desde Iruñea, una ciudad donde retumba cada vez con más fuerza un posible confinamiento perimetral. Asimismo, el gasto público en plena pandemia, que asciende a unos 130.000 euros, según información del Gobierno navarro, ha aumentado las críticas.
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El pelotón de la Vuelta ya se encuentra en Euskal Herria, donde mañana echará a andar con una etapa entre Irun y Arrate. El miércoles y el jueves, los ciclistas recorrerán Nafarroa, arrancando la segunda etapa desde Iruñea, donde el momento sanitario que vive la ciudad choca con un evento de tal magnitud.
En la capital navarra cada vez son mayores los rumores sobre un posible confinamiento perimetral y, sin embargo, el miércoles la etapa saldrá desde Arrotxapea. Precisamente, el barrio más afectado por el coronavirus, con unos 30 casos positivos diarios. Cuando se presentó la etapa, el 10 de marzo de este mismo año (pocos días antes de que se decretase el estado de alarma), se anunció que la carrera saldría de la plaza del Castillo, pero la crisis sanitaria ha trasladado la salida a la calle Arga. A pesar de ello, una vez el pelotón eche a andar, sí que cruzará Alde Zaharra, realizando el habitual recorrido de los encierros de sanfermines.
El cierre de parques infantiles o las restricciones para reunirse, también al aire libre, no cuadran con los números que presenta la ronda. La Vuelta, en ediciones anteriores, ha movido una caravana de unas 3.000 personas. En este sentido, el director de la carrera, Javier Guillén, pese a no dar cifras concretas, ha señalado que ese dispositivo «se ha reducido drásticamente». De hecho, han eliminado las actividades promocionales, no habrá caravana publicitaria, ni Vuelta júnior, ni zona para los fans en las salidas, ni espectáculos paralelos, y han reducido el personal de organización.
Asimismo, no se podrá acudir a los puertos que sean final de etapa (como Arrate), ni a Urduña, en la séptima etapa. No ha habido pronunciamiento específico sobre San Miguel de Aralar, pero la Vuelta ha llamado a «seguir la carrera desde casa». Desde el Gobierno navarro y desde la organización de la carrera se ha solicitado a los aficionados que se abstengan de acudir al recorrido y que presencien el desarrollo de las etapas por televisión.
Sin embargo, ha añadido que «el hecho de que una localidad esté confinada no significa que la Vuelta no pueda llegar». No son pocos los que creen que el confinamiento de la capital navarra puede llegar justo después del paso de la carrera.
La organización se ha apresurado a mandar mensajes de tranquilidad, más si cabe tras los positivos detectados en el Giro. «Además de tener un protocolo detallado y minuciosamente aplicado y de la responsabilidad individual de cada miembro en las diferentes burbujas, la organización está haciendo uso de un laboratorio móvil covid-19 que viajará con la carrera durante las tres próximas semanas». Cuentan con 18 profesionales sanitarios y tres cabinas diferentes para realizar los análisis, capacitado para realizar entre 700 y 750 pruebas al día. De hecho, ayer los ciclistas pasaron los primeros controles en Irun.
130.000 euros del Gobierno navarro
Cuando en marzo se presentaron las dos etapas que pisarán Nafarroa (el jueves arrancarán en Lodosa), el Gobierno de María Chivite informó de que el coste aproximado de ambas jornadas será de unos 130.000 euros. En la nota de prensa publicada hoy, ha reducido ese «patrocinio» a 60.000. Las críticas también llegan por este flanco.
En aquella presentación la presencia institucional del Ejecutivo navarro fue muy amplia. La organización, ASO-Unipublic, subraya que con este evento se pretende «vender Navarra al público objetivo». La Vuelta se retransmite a 189 países, y según sus cuentas, deja 3.000 pernoctaciones de la caravana de la Vuelta de dos noches en la Comunidad foral. Estas pernoctaciones deberían de ser significativamente menores tras el anunciado recorte del dispositivo que mueve la carrera.
Estos números, a pesar de estar lejos de los 1,3 millones que se pagaron por el inicio de la carrera en 2012, vuelven a poner en cuestión las prioridades a la hora de invertir los fondos públicos.