Más pasos en la calle para frenar posibles recortes en las pensiones

Con las movilizaciones convocadas para el próximo sábado, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria trata de frenar los «recortes» que, temen, puede conllevar la próxima reforma que se derivará de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Intentan aunar fuerzas para impedir una nueva vuelta de tuerca mientras insisten en que es necesario derogar los puntos más conflictivos de las reformas del sistema público de pensiones aprobadas en 2011 y 2013.

La primera fue impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su último año de mandato, y solamente consiguió el apoyo de PSOE y CiU en el Congreso, aunque sí contó con el de los dos grandes sindicatos estatales, UGT y CCOO.

Esta reforma fue la que amplió los años de vida laboral necesarios para acceder a una pensión “completa”, retrasó la “edad legal” para jubilarse –desde los 65 años a los 67, de forma gradual– y aumentó el periodo de cómputo de las cotizaciones para calcular el montante de la pensión –también gradualmente, desde los 15 años de entonces hasta los 25 en 2022–.

Debido a esos cambios, como se observa en la tabla adjunta, para acceder a la jubilación ordinaria este año en Hego Euskal Herria hay que haber cumplido 66 años. No obstante, se contempla la opción de hacerlo con 65 años si se ha cotizado a la Seguridad Social 37 años y 3 meses, teniendo en cuenta que no se trata de haber cotizado durante ese periodo, sino de alcanzar ese total sumando día a día; es decir, si se hubiera dejado de cotizar un año desde 1984, no se pasaría el corte en 2021.

Por su parte, la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy fue aprobada gracias a la mayoría absoluta con que contaba el PP tras la salida de Zapatero de la Moncloa. No solo recabó el rechazo del resto de grupos políticos y de los dos sindicatos citados, sino que ni siquiera recogió el plácet de la patronal CEOE en el Consejo Económico y Social.

Con semejante falta de consenso vio la luz la “Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema”, que eliminaba la revalorización automática en base al IPC, pasando a establecer el mínimo en el 0,25%, punto que, precisamente, dio lugar al inicio de las protestas semanales de pensionistas que han cumplido tres años este enero.

Las recetas de «la troika»

Esas reformas fueron justificadas por los gobernantes de PSOE y PP en base a la evolución demográfica, alegando que el envejecimiento de la población en las siguientes tres décadas iba a cuestionar la sostenibilidad a largo plazo del sistema, ya que el aumento de personas jubiladas coincidiría con un descenso de la población activa.

Pero fue evidente que el impulso acelerado de estos cambios no se debió a una “causa natural”, sino que obedeció a las recetas neoliberales impuestas para afrontar la crisis económica global que siguió al estallido de la burbuja financiera en los años 2007-2008. En el caso del Estado español, las recetas impuestas por “la troika“ (Comisión Europea, BCE y FMI) no afectaron solo al sistema de prestaciones sociales, ya que llegaron acompañadas del rescate de la banca, con reforma de la Constitución incluida para establecer el principio de «estabilidad presupuestaria».

En cuanto a la próxima reforma, por el momento el Gobierno de Pedro Sánchez está soltando globos sonda, sin asumir más derogaciones que la del índice de revalorización.