Israel acusa a la trabajadora humanitaria Juana Ruiz de pertenecer a una «organización ilegal»
Juana Ruiz Sánchez, la trabajadora humanitaria detenida hace más de tres semanas por Israel, ha sido acusada formalmente de cinco cargos, entre ellos, «pertenencia a organización ilegal» y, de momento, seguirá en prisión.
Israel acusa a la cooperante Juana Ruiz, a la que detuvo hace más de tres semanas, de cinco cargos, entre ellos el de «pertenencia a organización ilegal».
Su abogada ha confirmado a Efe que la fiscalía militar ha imputado a Ruiz, de 62 años y detenida el pasado 13 de abril, y que el próximo lunes se celebrará una nueva audiencia, la séptima, en la que la defensa pedirá su liberación mientras transcurra el juicio. El Ejército israelí, sin embargo, pedirá que siga detenida a la espera de que concluya el juicio.
Israel ha acusado a los Comités de Trabajos para la Salud (HWC, en inglés), donde Juana Ruiz trabaja desde hace décadas, de desviar fondos europeos a la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado «grupo terrorista» por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.
Según ha informado a Efe una fuente oficial israelí, Ruiz Sánchez habría admitido durante sus interrogatorios que la organización para la que se desempeña está ligada al FPLP.
En base a su pertenencia a los Comités, una ONG palestina que provee ayuda a la población en materia de salud y desarrollo, Ruiz Sánchez ha sido acusada también de «participar en actividades de una organización ilegal» y de «formar parte de la junta directiva de una organización ilegal».
Además, como consecuencia de su tarea de recaudación de fondos para la ONG, ha sido acusada también de «recibir e introducir dinero en los territorios palestinos» y de «recibir dinero con falso propósito».
La presentación de cargos formales llega tras más de tres semanas en la que la acusada permaneció «detenida con propósito de investigación».
La decisión israelí de acusarla coincide además con un comunicado del servicio de inteligencia interior israelí, Shin Bet, en el que asegura que el FPLP opera una red de organizaciones humanitarias en Cisjordania ocupada, entre las que destaca a los Comités y que, «a través de un mecanismo de fraude, falsificación y tergiversación de documentos, desvía al grupo fondos que países europeos donan como cooperación internacional».
Todo este dinero, según el servicio de seguridad, se usó para pagar a las familias de miembros del FPLP abatidos, para reclutar a nuevos milicianos y para difundir la propaganda del grupo.
Una fuente israelí consultada por Efe sobre esta cuestion le ha asegurado que Ruiz Sánchez habría tenido un papel importante en esta operación a través de sus tareas de recaudación de fondos para su ONG y que, su interrogatorio y el de otros tres detenidos también ligados a los Comités, habrían sido una pieza importante en la recopilación de pruebas sobre el caso.
Acusaciones «fácilmente desmontables»
Una de las integrantes de la plataforma en favor de la liberación de Juana Ruiz, Sandra Barrilaro, ha defendido en declaraciones a Europa Press que las acusaciones contra Ruiz son «fácilmente desmontables» ya que en todos los proyectos de cooperación financiados por países europeos, entre ellos el Gobierno español, «hay que justificar hasta el último céntimo».
En su opinión, con esta acción «Israel va a por la cooperación internacional» ya que es «un testigo incómodo» de la vulneración a diario de los derechos de los palestinos.