Los expertos confirman las trampas de los poderes del Estado en la política penitenciaria

Puntos de vista muy distintos, procedentes de los propios presos, de sus abogados, de la judicatura o incluso de Instituciones Penitenciarias confirman los obstáculos que está viviendo este proceso.

Txema Matanzas –abogado de presos políticos, expreso y experto en legislación carcelaria–, Puerto Solar Calvo –jurista de Instituciones Penitenciarias–, Garbiñe Biurrun –magistrada del TSJPV y presidenta de su Sala Social– y Emilio Olabarria –jurista, exvocal del CGPJ y político del PNV–, un plantel de primera línea para un tema, el de los presos, que se mantiene durante demasiado tiempo en el frontispicio del camino a la reconciliación en una historia marcada por la violencia, han participado este martes en una mesa redonda organizada por el Foro Social, en concreto de su iniciativa Behatokia, bajo el título ‘Escollos en los itinerarios de reintegración’.

En términos de barra de bar estamos hablando de un encuentro entre «estrellas» de un tema sensible, el de la política penitenciaria. Sin embargo, en su participación no ha habido discusión. Originarios cada uno de los participantes de una realidad muy distinta –qué no decir de Puerto Solar–, todos ellos llegan a la conclusión de que se ha abierto una nueva fase, no ya política, sino de vida, de propuestas de futuro.

Hablan de un nuevo camino, pero un camino lleno de baches, de intereses creados que empujan en contra, de personas a las que durante muchos años se les ha ordenado que actúen de determinada forma contra el independentismo vasco y que ahora son no son capaces de entender que «aquello» fuera algo lejos de toda razón, que «ahora no toca» y que siguen funcionando como si el tiempo no siguiera adelante.

No era fácil el reto que se ha marcado el Foro Social con unos ponentes de lujo, cada uno con sus experiencias, sus secretos y sus servidumbres, pero todos ellos han aportado vivencias enriquecedoras que ayudan a situar una parte del conflicto como es la resolución del tema de los presos y todos coinciden en que los obstáculos son todavía numerosos.

El primero en intervenir ha sido Matanzas, uno de los abogados a los que siempre han tenido «ganas» la Policía española y la Guardia Civil y, por tanto, la Audiencia Nacional. Ducho en mil peleas –la cárcel es una de ellas– ha marcado el terreno de juego diciendo que «estamos hablando del campo de batalla» y recordando que el primer problema es «el tiempo». «Cuando las decisiones se demoran 6 u 8 meses estamos hablando de un tiempo demasiado largo en cuestiones penitenciarias. Estamos hablando de meses de libertad de personas».

Ha puesto como ejemplo la llegada del verano y un nuevo retraso en la Audiencia Nacional, donde los jueces que cubren vacantes de vacaciones no van a tomar decisiones «importantes» o «relevantes» y dejan que pase el tiempo para que las tomen los titulares.

El abogado vizcaino ha resaltado aspectos como que los recursos de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encuentran siempre con una línea obstruccionista –siempre son mayoría los jueces conservadores, los que terminan decidiendo–, independientemente de que el que haya presentado la ponencia hay sido favorable al preso.

Se ha referido también a la posibilidad de recurso al Tribunal Constitucional, pero como «sus sentencias no llegan hasta pasados cuatro años« no resultan prácticas para un preso.

Matanzas ha destacado que «hay un choque inédito entre los poderes del Estado, porque hay una inversión de papeles. El Poder Judicial debería velar por los derechos de los detenidos y encarcelados y, sin embargo, no hace más que obstruir sus derechos y su defensa. Son mejor tratados por el Poder Ejecutivo». En resumen, que «les va mejor con la Secretaría de Instituciones Penitenciarias que con el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria».

De este Juzgado Central ha puesto ejemplos como el de forzar la petición de perdón a las víctimas incluso cuando no había víctimas directas en el delito. El abogado ha informado de que solo este trámite de ausencia de víctimas lo demoran 6 y 7 meses. Se ha preguntado entonces «¿quién conoce realmente a la persona presa? ¿las Juntas de Tratamiento de las cárceles, con información directa de ellas, o el Juzgado Central?».
 
El abogado ha explicado que solo hay cuatro cárceles en todo el Estado susceptibles de elaborar informes favorables a mejoras de grado. En este sentido, ha denunciado que «si el informe es favorable el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria lo echa para atrás y si el informe es negativo lo rechaza también, pero en este caso los hace en base al informe de la cárcel, no como en el caso anterior».

Desde dentro de la cárcel

Puerto Solar Calvo es una jurista que trabaja en Instituciones Penitenciarias. Ha pasado por las cárceles de Albacete, Soto del Real y El Dueso, donde está ahora oficialmente, aunque en comisión de servicios para Madrid.

Su primer contacto con los presos vascos llegó cuando dio su visto bueno a un permiso de salida de la cárcel a una presa vasca para acompañar a su hijo, un niño, a hacer en el registro el trámite de su pasaporte, por lo que recibió la correspondiente advertencia de Instituciones Penitenciarias.

Solar reniega de que a los presos vascos haya que seguir tratándolos como FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento, categoría asignada a los presos catalogados como más peligrosos). «La realidad pasada no tiene nada que ver con la actual y los internos no pueden ser tratados como un grupo monolítico. Cada preso es un mundo, una persona», afirma.

Desde su punto de vista, desde el interior de las prisiones, lamenta que «la ley penal nos lo pone muy difícil porque desde 2003 los delitos relacionados con ‘terrorismo’ reciben un tratamiento específico y eso nos lo complica todo. En vez de fomentar la reinserción se ponen cada vez más obstáculos».

Esta jurista explica que los requisitos específicos penitenciarios que hay para los presos vascos con motivación política «los van extendiendo a más delitos, con lo que cada vez es más difícil empatizar con la persona y tratar a cada interno de forma individual».

Asimismo, reconoce que se están aplicando aspectos que no están en la norma. «Ahora te exigen el arrepentimiento o hacer frente a las costas de la responsabilidad civil», ha señalado y sobre ello ha puesto el ejemplo de una persona en la cárcel de Zuera a la que le exigían la responsabilidad mientras ella alegaba que durante 20 años había permanecido presa, sin permisos, por lo que no había podido trabajar para hacer frente a nada.

En opinión de Solar, estas prácticas «en lugar de favorecer a las víctimas están destinadas a castigar a los internos».

Otro ejemplo que ha utilizado es el de la llamada «colaboración» o «delación», una práctica que «no es más que un obstáculo porque no tiene sentido que después de años en prisión se obligue una persona a delatar a otros autores».

También se ha referido al «arrepentimiento» o «petición de perdón», de lo que ha dicho que «tiene que ser una iniciativa voluntaria, individualizada de cada persona, y no se puede hacer con una carta para todos, como un formulario».

Puerto Solar considera que estas prácticas son fruto de una «política penitenciaria populista» y ha terminado destacando que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dice que «cuando un Estado aplica una política de alejamiento de los presos tienen que explicarla, sin embargo, aquí es al preso al que se le exige que justifique que se le acerque a su entorno natural o familiar».

Heredera del Tribunal de Orden Público

Emilio Olabarria ha recordado el origen de la Audiencia Nacional «sobre las cenizas del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista y, por tanto, no natural, aunque tiene unas competencias muy relevantes» y ha reconocido que su Sección Primera «toma unas decisiones extrañas en torno a los presos».

En su opinión es «preocupante volver una política antiterrorista de otra época, que tenía su origen en la política militar». En este sentido, ha destacado que «contradecir a las Juntas de Tratamiento de las prisiones, a los profesionales que trabajan directamente con los internos e incluso a los jueces de Vigilancia Penitenciaria, apelar a la delación o a un arrepentimiento estandarizado es acudir a una legislación antiterrorista como lo fue en su tiempo la prolongación de las detenciones o el alargamiento de la incomunicación».

Opina Olabarria que «no se puede volver a esos tiempos pero mantienen un política penitenciaria obstaculizadora», aunque reconoce que «es muy difícil un cambio de actitud en el Ministerio Fiscal o en la recusación de los magistrados».

Olabarria considera que «están recurriendo a fórmulas arcaicas e inadecuadas de interpretación de la política antiterrorista».

«Todo parte de decisiones políticas»

Garbiñe Biurrun, tras reconocer que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le impidió entrar a formar parte del Foro Social, organizador de la mesa redonda, ha explicado que «no hay un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria o una Audiencia Nacional por casualidad. Todo parte de decisiones políticas o partidistas que empezaron siendo coyunturales y terminaron siendo estructurales».

La magistrada ha destacado la puesta en marcha a principios de los 80 de la «política de alejamiento o dispersión por parte del ministro Enrique Múgica», pero en su opinión tan importante como esto fue que «un año después Instituciones Penitenciarias pasó del Ministerio de Justicia al de Interior, con lo que el tema de los presos pasaba de ser una cuestión de justicia a ser una de seguridad».

Tras recordar que «la legislación antiterrorista de España es la más dura de todo Europa», Biurrun ha recordado a la exjueza de Vigilancia Penitenciario de Bilbo Ruth Alonso que, «por aceptar una progresión de grado que veía justificada, fue atacada por todos los poderse del Estado y difamada por los medios de comunicación». Meses después crearon el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que decidía desde Madrid.

La jueza guipuzcoana ha hecho referencia también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «la semana pasada dijo que los acercamientos responden a la legislación penitenciaria» y le preguntó si «se ha dado cuenta ahora» y que «qué era lo que estaban aplicando hasta ahora».

Para finalizar, ha celebrado la transferencia de Instituciones Penitenciarias porque «aunque seguirá decidiendo el embudo del Juzgado Central, las decisiones de las Juntas de Tratamiento y el día a día serán importantes».