Steilas pide modificar la «chapuza jurídica» de la orden sobre la jornada escolar en Nafarroa

Una vez que el TSJN ha estimado el recurso que había interpuesto contra varios artículos de la nueva orden foral que regula las jornadas escolares, el sindicato Steilas ha pedido al Gobierno de Nafarroa que modifique esa «chapuza jurídica».

Modificar la «chapuza jurídica» de la orden foral sobre la jornada escolar es lo que ha pedido el sindicato Steilas al Gobierno navarro después de que el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa haya estimado el recurso que había interpuesto contra varios artículos de esa nueva norma.

Así lo han explicado en rueda de prensa los portavoces de esta central Ángela Campo y Aitor Laka, quienes han recordado en castellano y euskara que en diciembre del año pasado, «denunciamos junto a los demás sindicatos de la educación pública navarra» que esa orden foral «llegaba impuesta y partía sin negociación previa en mesa sectorial». Además, en vista de que «varios artículos contravenían normativa y leyes educativas», decidieron interponer el citado recurso.

La sentencia ha llegado en «septiembre, una vez concluidos los actos administrativos y los procesos en los centros escolares e iniciado el curso escolar 2024-25», pero el sindicato ha puesto de relieve la importancia de la misma «al paralizar un recorte del profesorado y haber vuelto a dar voz y voto al Claustro Escolar».

En concreto, el TSJN ha anulado los artículos 12.7, 13, 14.1 y la disposición adicional tercera de la orden foral «por no ser conformes a derecho con las nueva leyes educativas vigentes». Y da al Ejecutivo la posibilidad de presentar recurso o redactar una nueva orden foral.

«Bloqueado un recorte contra el profesorado»

Esos puntos hacían referencia «a tres cuestiones de especial relevancia». Así, la disposición adicional, «de manera casi imperceptible, promovía una hora diaria más de docencia directa sin ampliar recursos ni plantilla». Este hecho lleva a concluir a Steilas que «hemos bloqueado un recorte contra el profesorado en toda regla».

Otro de los artículos recurridos declaraba como ‘no vinculante’ la consulta al Claustro del profesorado y la sentencia dicta que dicho órgano «debe tener poder decisorio en cuestiones referentes al centro de trabajo y a su horario».

Por último, la orden foral recogía que en los centros en los que 3/5 del censo de familias no apoyaban el ‘cambio’ a una jornada distinta a la partida se procedía al archivo de las actuaciones, dando por finalizado el proceso. Esa potestad suponía en la práctica «un veto», como han señalado Campo y Laka, ya que «a muchos Consejos Escolares se les hurtó la capacidad de decisión en cuestiones de suma importancia para la comunidad educativa. Por lo tanto, el Departamento de Educación incumplió una Ley Orgánica al paralizar los proceso de votación en dichos casos» y que, según el sindicato, afectaría a unos 25 centros.

Steilas celebra el fallo del TSJN como «un logro del profesorado navarro, al haber conseguido paralizar recortes horarios ocultos en normativas sobre jornada escolar, haber vuelto a dar voz y voto al Claustro, y por haber recordado que el Consejo Escolar de cualquier centro es siempre, en última instancia, el máximo órgano competencial al que hay que consultar procesos de especial importancia para la comunidad educativa».

En resumen, el citado tribunal ha estimado que, «habiendo regulado contra leyes básicas de superior rango, han incurrido en errores básicos que atentan contra sus propios docentes y ningunean la capacidad decisoria de la comunidad educativa».

Opta por el recurso frente a una nueva orden

La sentencia aún no es firme y Educación podría redactar una nueva orden foral con los cambios que le exige el TSJN, pero ya ha anunciado que va a recurrirla, lo que puede dilatar el proceso un año y medio al trasladarse al Tribunal Supremo español. Un modo de proceder de un gobierno «supuestamente progresista» que han calificado de «desastroso», al tiempo que Laka y Campo han criticado que el Ejecutivo «mantenga esta actitud soberbia y se exponga a costas que pueden ser importantes para el erario público».

Desde Steilas entienden que «es hora de que el Departamento vuelva a sentarse a negociar con las y los representantes del profesorado navarro y vistos los resultados de la última consulta a toda la comunidad educativa navarra (el 85,13% de las familias optaron por el cambio), disponga de un mínimo de empatía hacia las familias y pase cuanto antes a modificar esta chapuza jurídica. Está en sus manos recoger el guante y comenzar por reconocer el grave desagravio cometido».