País Valencià, la impotencia de una autonomía estrangulada

El monocultivo turístico, sumado a la corrupción y a una clase dirigente subordinada a la España radial, están dejando el territorio valenciano al límite del colapso. Una comunidad que, con la derecha de nuevo en el poder, ve como se van desvaneciendo todos sus lazos lingüísticos y culturales.

Este 2024 se ha conmemorado el centenario del nacimiento del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés (1924-1993), uno de los principales renovadores de la literatura contemporánea de los Països Catalans. Coetáneo de Joan Fuster, Manuel Sanchis-Guarner y otros intelectuales de referencia, su prolífica obra contiene algunas de las letras más icónicas del soberanismo de izquierdas. Entre las más recitadas destaca «Assumiràs la veu d’un poble» (Asumirás la voz de un pueblo), que Estellés publicó en ‘Llibre de Meravelles’ (1971) y cuya última estrofa reza: «Allò que val és la consciència de no ser res si no s’és poble” (Aquello que vale es la conciencia de no ser nada si no se es pueblo).

La efeméride llega cuando el País Valencià sufre, más que nunca, los estragos que Estellés denunciaba en sus escritos. Por un lado, un modelo de desarrollo basado en el monocultivo turístico que está empobreciendo las clases populares; y, por otro, la persecución de la cultura y la lengua catalanas por parte de las instituciones copadas por el PP y Vox, cuyas medidas están acelerando la aculturación y el aniquilamiento de la personalidad del País Valencià.

En sus poemas, Estellés insistía en la necesidad de sacudirse de esta economía depredadora, concebida para engordar los privilegios de la burguesía extractivista, y luchar por hacer de la cultura la herramienta de dignificación y arraigo colectivo, enmarcada en el ámbito de los Països Catalans.

Falla sistémica

Un reciente estudio del Institut Valencià de Investigacions Econòmiques (IVIE), sitúa el País Valencià como la comunidad que menos oportunidades de renta ofrece a sus habitantes. De los 100 puntos que marca el nivel óptimo, tan solo alcanza los 62,6 de mediana, siendo el colectivo en edad de trabajar, entre los 18 y 64 años, el que menor índice presenta (55,8 puntos).

Dicha situación tiene su origen en los acuerdos que dejaron el País Valencià con un estatuto de vía lenta, consolidándose después con las políticas caciquiles del PP en la comunidad –primero con Eduardo Zaplana y más tarde con Francisco Camps–, extendidas sobre todo en la Diputación de Castelló, con Carlos Fabra, y la ciudad de València, en manos de Rita Barberá. Los numerosos casos de corrupción que protagonizaron, sumados al estallido de la burbuja inmobiliaria, llevaron al País Valencià a una honda crisis económica y social.

Tras esta etapa, llegaron los ocho años del Botànic (los ejecutivos formados por el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos), que si bien ayudaron a reflotar los servicios públicos y avanzar hacía una fiscalidad más progresiva y políticas de corte feminista, no rompieron la dependencia con los poderes económicos y los intereses de Madrid. Los datos del IVIE son concluyentes: tras la Covid, la clase alta y las empresas del IBEX 35 no ha parado de multiplicar sus beneficios, mientras el resto de la población ha perdido capacidad adquisitiva a marchas forzadas.

Un reciente estudio del Institut Valencià de Investigacions Econòmiques (IVIE), sitúa el País Valencià como la comunidad que menos oportunidades de renta ofrece a sus habitantes

«La Florida mediterránea»

Ese modelo de mercantilización se ha agravado con la nueva mayoría del Partido Popular y Vox en las Cortes Valencianas. Así lo advierten varias plataformas sociales, para las cuales «la creciente turistificación ha llevado a un encarecimiento de la vivienda y, con ello, la expulsión del vecindario de toda la vida».

El caso más paradigmático ocurre en Alicante, concretamente en poblaciones como Torrevieja (Baix Segura). De ser un municipio de pescadores de 10.000 habitantes, se ha transformado en una colonia rodeada de urbanizaciones donde se instalan madrileños y familias del norte de Europa. De hecho, Alicante es la cuarta provincia del Estado con más desahucios ejecutados –una media de cuatro al día– y en donde el 50% de las viviendas son segundas residencias o están vacías, mientras que el 12% se dedican al alquiler turístico. «El parque inmobiliario está orientado a fines especulativos en lugar de satisfacer las necesidades locales, lo que provoca la expulsión de los habitantes, la degradación del paisaje y el acaparamiento de los recursos hídricos para las actividades del sector», critica la plataforma Decidim. En el imaginario popular, ya se conoce el País Valencià como «La Florida mediterránea».

Desarraigo y aculturación

La desarticulación del País Valencià también alcanza otros ámbitos cruciales para su desarrollo. Por un lado, una infrafinanciación pública que, según los expertos, explica el 75,5% de la deuda acumulada por la Generalitat, hasta el extremo de que el esfuerzo fiscal de la comunidad multiplica tres veces el del resto de las autonomías. Y, en paralelo, los retrasos en la transferencia de fondos –por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital adoptado por el Estado en 2020– o los perjuicios que se derivan a causa de unas infraestructuras ferroviarias pensadas en clave centralista.

Tal es el despropósito que viajar en Euromed de València en Barcelona sale más caro que hacerlo hasta Madrid o que resulte más complicado ir de Elx a la ciudad del Turia que no a la capital del Estado. Sin noticias del corredor mediterráneo, que la Unión Europea considera de primera necesidad, «el actual sistema de comunicación desestructura las comarcas, debilita los vínculos sociales y, con ello, la unidad cultural y la correspondiente normalización lingüística», indican desde Decidim. Aún hoy, no se ha restablecido el acuerdo de reciprocidad para que los valencianos puedan ver TV3 y, cualquier iniciativa que pretenda fomentar la lectura y la educación en catalán, el gobierno de Carlos Mazón la corta de raíz.

La última maniobra del PP ha sido admitir a trámite una ILP que prevé suprimir la obligatoriedad de que las escuelas impartan el 25% en catalán

La última maniobra del PP ha sido admitir a trámite una ILP que prevé suprimir la obligatoriedad de que las escuelas impartan el 25% en catalán, prohibir el término ‘País Valencià’ de la nomenclatura oficial y cerrar el grifo a las entidades que promueven el uso social de la lengua. Un efecto de consecuencias letales, pues como recoge el Informecat que la Plataforma per la Llengua publicó el pasado mes de julio, el 55,4% de los valencianos no hablan nunca la lengua del país en sus entornos más próximos.

Frente a esa realidad lacerante, el valencianismo político se centra ahora mismo en una de las primeras carpetas, el sistema de financiación, mientras que desde las bases de Compromís y el independentismo minoritario llaman a articular un espacio político que, emulando de nuevo al poeta Vicent Andrés Estellés, consiga que la población tome conciencia de ser pueblo para alcanzar la soberanía del País Valencià sin esas tutelas y dependencias tan destructivas.

Ricard Chulià, autor de «País Valencià: eixida d’emergència»

«La única salida es autocentrarnos como pueblo»

¿Qué cree que explica el actual empobrecimiento social, político y económico del País Valencià?

La clave está en la creación de una administración subalterna a Madrid. No solo sellada con el Estatuto pactado entre la UCD y el PSOE. También los distintos gobiernos del PP, la etapa del socialista Lerma y los ocho años del Botànic, han mantenido este mismo nivel de  subordinación, del cual ahora mismo estamos recogiendo los costes.

¿Cuáles son las  consecuencias más graves que este modelo ha acarreado?

Se percibe con las infraestructuras, que lejos de planificarse para diversificar la economía valenciana, se han concebido con el fin de desarrollar el monocultivo del turismo de masas, hasta convertir el País Valencià en la playa de los madrileños y el geriátrico de los noreuropeos.

¿Este modelo se ha normalizado como pauta institucional?

Sin duda, aquí utilizamos el concepto del Far West para referirnos a unas élites políticas que, en lugar de mejorar el bienestar de sus electores, solo buscan hacer carrera con la idea de irse. Ocurrió con Eduardo Zaplana y ahora va camino de hacerlo el actual presidente Carlos Mazón, uno de sus discípulos.

Ante este panorama, ¿qué puede reavivar el valencianismo político?

Se trata de explicar que, a causa del expolio, los valencianos no podemos mejorar dentro del proyecto nacional español. Porque, sin herramientas propias, la expectativa de nuestros jóvenes es acabar siendo camareros. Hay que decirle a la población que, independientemente de la lengua que empleamos o si nos sentimos nacionalmente valencianos o no, todos salimos perjudicados dentro de España, de aquí que la única salida es autocentrarnos como pueblo.

En su libro apunta que la polarización ayudaría a cambiar la correlación de fuerzas. ¿A qué se refiere?

Afirmo que, como movimiento contrahegemónico al nacionalismo español, el nacionalismo valenciano tiene que plantear un proyecto alternativo que rompa de raíz con este sistema de dominación. Tiene que ser valiente y hacer frente al conflicto, porque todo lo que sea mantener el statu quo es contraproducente.