Bernardo Arévalo no acatará «órdenes ilegales» de la Fiscalía de Guatemala
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, no permitirá que la Policía ejecute órdenes «ilegales» de la Fiscalía, como encarcelar de nuevo al periodista José Rubén Zamora y citó a la fiscal general, Consuelo Porras, a quien atribuye la «crisis» del sistema de Justicia.
La orden judicial de encarcelar de nuevo al periodista José Rubén Zamora, al revocar su arresto domiciliario, el allanamiento de la vivienda del exministro de Comunicaciones Félix Alvarado, a quien retiraron el pasaporte, y la condena a un año de prisión a la directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, ha rebasado el vaso de la paciencia del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
El mandatario socialdemócrata compareció el domingo por la noche para anunciar que su Gobierno «no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales procedentes de un Ministerio Público (MP) criminalizador y arbitrario». No obstante no aclaró si a partir de ahora la Policía ya no participará en los operativos dirigidos por la Fiscalía y se limitó a decir que «implementaremos un procedimiento para asegurar que toda orden sea ejecutada de acuerdo a la Constitución y la ley».
Pero obvió mencionar que este tipo de acciones de la Fiscalía en las que se busca detener a una persona o allanar su vivienda en el marco de una investigación siempre se realizan bajo orden judicial, por lo que, en caso de que la Policía se negara a participar, estaría cometiendo un delito.
La segunda medida que tomó Arévalo es citar con «carácter urgente» a la fiscal general, Consuelo Porras, con quien mantiene un enfrentamiento desde las elecciones de 2023, cuando comenzó una investigación contra el partido de Arévalo, Movimiento Semilla, al que acusa de constituirse de manera ilegal con firmas falsas y manipular los resultados de la segunda vuelta de los comicios del 20 de agosto.
El objetivo de la reunión, según detalló, será exigir a Porras que «explique inmediatamente su participación en la generación de esta crisis de nuestro sistema de Justicia, en especial, sobre el rol que el MP ha tenido en la instrumentalización de nuestra Justicia, la limitación de la libertad de expresión y la persecución a periodistas».
«Arma política»
Sin embargo, Arévalo continúa con las manos atadas para cesar a Porras, quien desde 2022 está incluida en la Lista Engel de EEUU de Actores Corruptos y Antidemocráticos. La propia Corte de Constitucionalidad ha señalado que no se puede sustituir a la fiscal general salvo que exista una sentencia firme en su contra por la comisión de algún delito. Así, en 2016, se reformó en el Congreso el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, para impedir que el presidente pueda remover a la fiscal general, cuyo mandato concluye en dos años, tras ser renovado por el anterior presidente, Alejandro Giammattei.
Arévalo anunció en mayo una iniciativa para poder despedir a Porras, con el fin de que la Fiscalía no vuelva a ser utilizada como un «arma política por ningún Gobierno», si bien no ha tenido éxito al no contar con la mayoría en la Asamblea Legislativa.
Pese a ello, no desiste y se ha vuelto a comprometer a hacer «todas las gestiones que sean necesarias en el marco de la Constitución y las leyes para poder lograr que haya un cambio» de fiscal general, aunque no precisó la manera en la que piensa hacerlo. Cabe recordar que, durante las elecciones del pasado año, miles de personas se manifestaron en Guatemala e incluso cortaron las carreteras varios días para exigir la renuncia de Porras, a quien acusaban de dar un «golpe de Estado». No obstante, hizo oídos sordos y sigue en el cargo sin intención de dimitir.