LAB recurrirá el carpetazo a la OPE de Osakidetza; ELA y CCOO también lo cuestionan
El sobreseimiento de la investigación sobre la OPE de Osakidetza sin llegar a juicio ha sido respondido por varios sindicatos con denuncias de la falta de esclarecimiento y la impunidad generada. LAB anuncia que recurrirá.
LAB ha anunciado que presentará recurso de apelación al auto que archiva las supuestas filtraciones en la OPE de Osakidetza. Además de ver «injusta» la resolución judicial, cree que el auto no cuestiona la veracidad de la denuncia sindical, sino que «cuestiona el propio funcionamiento de la justicia y hasta su voluntad de querer llegar al fondo de esta cuestión», algo que la Audiencia Provincial de Araba «debe corregir».
En un comunicado, el sindicato ha destacado, en primer lugar, la «integridad» de los denunciantes y hace público un reconocimiento a todas las personas que, de una u otra manera, han denunciado las filtraciones en Osakidetza y se han rebelado ante este sistema perverso, en especial a quienes han dado la cara en este proceso judicial.
Tras asegurar que, desde LAB, «son conscientes de las presiones a las que han sido sometidas» consideran «desalentador vivir la total falta de protección que han tenido que padecer las personas denunciantes, más aun viendo la impunidad que brinda el auto conocido este jueves».
Tal y como relatan, en su auto, «la cuarta magistrada que se hace cargo de este procedimiento sumamente complejo ha decidido exonerar a todas las personas investigadas» lo que, para este sindicato supone que la Justicia, «hoy, está aportando a estas prácticas un peligrosísimo halo de impunidad, hasta el punto de que el PNV se ve en situación de solicitar que se restituya la imagen de personas directamente implicadas, conocedoras e incluso beneficiadas en el pasado por estas prácticas».
«Viraje de la Fiscalía»
El sindicato ha asegurado que desconoce «qué hará la Fiscalía» ahora, ya que fue quien depositó la denuncia ante el Juzgado ante «los numerosos indicios acumulados» pero, posteriormente, «optó por un auténtico viraje procesal, oponiéndose y obstaculizando las solicitudes del sindicato».
En todo caso, desde LAB han confirmado que no van a «renunciar a que quede certificada la existencia de esas filtraciones que toda la plantilla conocía y seguirá atenta porque la impunidad que establece este auto puede hacer que vuelvan a aparecer prácticas que, para LAB, son inaceptables».
El sindicato se muestra asimismo «sorprendido» ante el fallo y lamenta «la constante negativa» que recibieron sus solicitudes para que se aportaran los exámenes y que fueran analizados, algo que ven «determinante», junto a la no intervención de las comunicaciones y que, finalmente, «impidió acumular más evidencias de filtración en las diferentes categorías», que, para LAB, «son tan numerosas como determinantes».
ELA censura el modelo
ELA ha reaccionado a la noticia señalando que, más allá de la calificación penal de los hechos, «es urgente un cambio de políticas en torno a la sanidad pública. Los hechos que han sido objeto de esa instrucción penal dan buena cuenta de un sistema opaco que no contaba con las debidas garantías de un sistema de selección de una Administración Pública».
Haciendo un recorrido por el proceso, apunta que «ante la gravedad de lo que estaba sucediendo y desde la necesidad de que se investigara lo sucedido y se depurasen las correspondientes responsabilidades, tanto políticas como penales, si las hubiera, el 5 de junio de 2018, ELA solicitó a la Fiscalía, mediante un escrito de denuncia, que abriera una investigación sobre todo lo acaecido en la OPE que Osakidetza tenía entonces en marcha, y actuara en consecuencia. Las informaciones que estaban llegando requerían de una investigación seria y rigurosa y, sin duda, era la Fiscalía la que tenía tanto la competencia como las herramientas para hacerlo».
Efectivamente, tras estas denuncias «la Fiscalía elaboró un informe que concluía que había indicios de delito de revelación de secretos y, en base a ello, remitió las actuaciones al Juzgado a fin de que se investigaran los hechos y se determinasen las responsabilidades penales pertinentes. Aquel informe recogía hechos que, independientemente de su calificación penal, daban cuenta de actuaciones irregulares de la Dirección de Osakidetza».
Así, recuerda que señalaba que «quien finalmente y en realidad designaba a las personas que elaborarían el examen fue la Dirección de Osakidetza, la que les proporcionó un listado de personas, una por especialidad médica. Las personas que participaron en proporcionar tales nombres fueron el Director de RRHH, el Subdirector de RRHH y Director de Asistencia Sanitaria». La Fiscalía señalaba, asimismo, que «el IVAP desconocía que esas personas que constaban en el listado proporcionado, y que finalmente confeccionaban los exámenes, en ocasiones, fueran también miembros de los tribunales».
CCOO: «Sorprendente»
CCOO Euskadi, por su parte, considera que el archivo de la causa «cierra en falso» el caso puesto que «hay una desproporción enorme entre los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía y después investigados en la Instrucción del caso».
En un comunicado, la central sindical entiende que si de la Instrucción, como sugiere el auto, «puede colegirse un beneficio indirecto» para ciertos aspirantes, «incluso aunque esto no fuese constitutivo de ningún ilícito penal, sí enturbia el proceso oposiciones».
Para CCOO, «el archivo es, además, un jarro de agua fría para las aspirantes ajenas a los hechos investigados» ya que, a su entender, «hechos tan llamativos como la disparidad de resultados en las pruebas, con algunas notas muy altas y otras muy bajas en los mismos exámenes, estadísticamente anormales, o la cercanía entre aspirantes y miembros de los tribunales, llevaron a que la Fiscalía del País Vasco instase el inicio de la Instrucción del proceso penal».
Por ello, y ante «la extraordinaria repercusión que tuvieron todos estos hechos», para CCOO «resulta al menos sorprendente la manera en que se zanja ahora el asunto tras seis años de instrucción».