El presidente de Guatemala deberá pedir disculpas públicas a las víctimas del Hogar Seguro

La jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, ha ordenado a la Presidencia de Guatemala pedir disculpas públicas a las 15 menores supervivientes y a las familias de las 41 niñas y adolescentes fallecidas en el incendio del Hogar Seguro hace ocho años. En una larga audiencia celebrada el jueves que ha finalizado esta madrugada (hora de Euskal Herria), la jueza Cifuentes ha ordenado celebrar acto público en el que el máximo mandatario del país, Bernardo Arévalo de León, pida perdón a las 56 víctimas y al que acudan también responsables de la Secretaría de Bienestar Social (encargada de los hogares de protección) y altos mandos de la Policía. 

Esta ha sido la principal medida de reparación digna dictada por la jueza dos días después de condenar a penas que oscilan entre los 6 y los 25 años de cárcel a seis de los siete funcionarios que fueron juzgados por esta tragedia. Asimismo, ha ordenado una serie de indemnizaciones «justas y razonables» tanto para las sobrevivientes como para las familias de las fallecidas, si bien las cantidades no han sido reveladas, ya que la audiencia se ha celebrado a puerta cerrada para evitar que sean víctimas de extorsión. Las indemnizaciones deben ser abonadas en conjunto por las seis personas condenadas, siendo el Estado responsable subsidiario. 

Cifuentes también ha ordenado al Gobierno de Guatemala publicar en el ‘Diario de Centroamérica’ una declaración oficial para «dignificar» el nombre de las víctimas y cesar así su «estigmatización», dado que, desde que ocurrió la tragedia, se dijo que tenían conflictos con la ley penal, cuando en realidad eran niñas en protección y abrigo. 

Las víctimas también tendrán un espacio conmemorativo en el lugar en el que ocurrió el incendio, donde se levantará un monumento, al tiempo que habrá una calle en Ciudad de Guatemala en su honor, con el fin de «fortalecer la conciencia social y evitar el olvido».  La jueza ha dispuesto que la Municipalidad de Guatemala debe resguardar, a través de su Policía, el altar con las 41 cruces que se erigió en la plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional, y que en los últimos años ha sido objeto de destrozos en varias ocasiones. 

Otras de las medidas dispuestas por Cifuentes es la fundación de un hospital especializado en quemaduras para atender a niños, niñas y adolescentes, al tiempo que el Ministerio de Salud Pública deberá crear una unidad especializada para atender a las adolescentes sobrevivientes en el tratamiento a sus cicatrices y máculas y que «debe estar a cargo de personal especializado, con provisión de medicamentos, vitaminas y todo el equipo necesario».

Vivienda digna y acompañamiento psicológico

Las 15 supervivientes también deberán recibir una vivienda digna con todos sus servicios, así como becas de estudios para que puedan acceder al diversificado o a la universidad. Y se les debe garantizar el acompañamiento psicológico por lo menos durante un plazo de entre 15 y 20 años, para lo cual ordenó la creación de una unidad de salud mental que brinde la atención psicológica y psiquiátrica a las adolescentes sobrevivientes y a sus familiares, así como a todo niño, niña o adolescente vulnerable. 

La jueza Cifuentes ha señalado que los restos mortales de las víctimas deben ser trasladados a un lugar digno en un cementerio que sea en propiedad de las víctimas, así como la adquisición de lápidas para recordar su memorial. 

Ha remarcado que un hecho como el incendio en el Hogar Seguro no debe volver a repetirse nunca más, razón por la cual ha mandado crear un ente rector del más alto nivel para coordinar en Guatemala toda la política de protección a la niñez y la adolescencia, a raíz de las «deficiencias en el sistema de protección». Además, se tendrá que asegurar la capacitación de todo el personal que tiene bajo su cuidado a niños, niñas y adolescentes, con la revisión de perfiles y que estos «efectivamente sean acordes a los requerimientos para el cuidado de menores de 18 años amenazados o vulnerados en sus derechos».

Además, ha ordenado realizar investigaciones y supervisiones «exhaustivas» a todos los hogares donde se resguardan niños, niñas y adolescentes bajo abrigo y protección para «evitar violaciones a sus derechos humanos», y ha establecido que se debe formar a los agentes de la Policía en cursos y capacitaciones en derechos de la niñez y adolescencia, género y derechos humanos. 

Todas estas medidas deben ser efectivas 30 días después de que la sentencia sea firme, algo que se puede prorrogar en el tiempo, dado que los sujetos procesales aún pueden impugnarla ante un tribunal de alzada.