La Fiscalía pide 7 años de tratamiento psiquiátrico para la enfermera de Santurtzi

La Fiscalía ha solicitado 7 años de tratamiento psiquiátrico para la enfermera acusada de simular vacunaciones en el centro de salud de Kabiezes, en Santurtzi, mientras que la acusación particular, que representa a medio centenar de familias, ha pedido 7 años y medio de cárcel.

En la última sesión del juicio contra la enfermera acusada de no vacunar a menores en Santurtzi, celebrada este viernes, la Fiscalía ha solicitado su absolución y 7 años de tratamiento psiquiátrico, mientras que la acusación particular ha pedido 7 años y medio de prisión.

La Audiencia de Bizkaia ha acogido el juicio contra esta enfermera, que trabajó desde febrero de 2021 hasta septiembre de 2022 en el servicio de Pediatría de Kabiezes, donde tenía entre sus funciones administrar las vacunas correspondientes a más de 400 menores.

Tras conocerse este pasado jueves el informe de los forenses expertos en Psiquiatría, la Fiscalía ha decidido modificar su escrito inicial para recoger que la encausada presentaba «un trastorno por ideas delirantes que le causaban una anulación total de sus capacidades cognitivas para los hechos imputados».

Así, el fiscal, que inicialmente planteaba 7 años y medio de prisión entre otras medidas por sendos delitos de daños y falsedad documental, ha solicitado la absolución de la enfermera acusada de simular vacunaciones en el centro de salud de Kabiezes al considerar que concurre la «eximente completa» del trastorno delirante que presentaba. Y ha propuesto la imposición de «medidas de seguridad» de 7 años de tratamiento psiquiátrico externo e inhabilitación para enfermedades sanitarias.

Por su parte, los representantes de Osakidetza, el Colegio de Enfermería y la defensa se han sumado a esa petición, mientras que la acusación particular, que representa a medio centenar de familias, mantiene la petición de prisión, aunque menor que la inicial, y plantea 7 años y medio de cárcel.

Además, no descarta la interposición en el futuro de acciones civiles contra Osakidetza por haber mantenido en su puesto a la enfermera a pesar de estar bajo tratamiento psiquiátrico.

Acusación

A juicio del abogado de las familias denunciantes, la actuación de la enfermera fue «planificada» y «plenamente consciente», dentro de una «persistencia criminal» que habría representado un «peligro para la salud pública».

«Jugó conscientemente a la ruleta rusa con la salud de los menores», ha asegurado el letrado de la acusación.

Según ha considerado, el informe forense presentado ayer jueves por parte de la defensa –que señalaba que la acusada padece un trastorno delirante–, no supondría una eximente total que permitiera declarar su inimputabilidad penal al no ofrecer «certeza absoluta».

«La acusada mantuvo una fachada de profesionalidad. Una mente anulada no puede mantener un engaño tan sofisticado durante tanto tiempo.. alteración sí, anulación no», ha argumentado.

En su alegato ha defendido así que las «creencias» y «convenciones antivacunas» de la sanitaria no la eximen de «responsabilidad» por poner «en peligro la vida de los menores».

Por su parte, la defensa de la acusada ha defendido la inimputabilidad de su patrocinada. Ha considerado además que se ha dado «mala fe» con la denuncia.

«Los informes forenses son claros y categóricos», ha argumentado, al tiempo que ha censurado que la acusación particular actúe de «forma abusiva» y haya «prolongado la exposición pública del caso».

Por último, el abogado de Osakidetza ha valorado la respuesta dada por el servicio de salud, que ha calificado de «impecable».

Tutelada desde las quejas

Sobre este caso, el consejero de Salud del Gobierno de Lakua, Alberto Martínez, ha asegurado que Osakidetza puso a una persona «a tutelar» a la enfermera en cuanto se tuvo constancia de lo que estaba ocurriendo tras recibir las primeras quejas.

Martínez ha hecho esta apreciación a preguntas de los medios sobre el motivo de que no hubiese sido apartada de su labor. El consejero ha asegurado que, por lo que ha podido conocer, en cuanto se tuvo conocimiento en Osakidetza de las primeras quejas, «se puso a una persona al lado para tutelar a esta persona hasta constatar que, realmente, aquellas quejas que habían llegado eran efectivamente así».

«A partir de ahí, fue cuando actuamos con esa profesional controlada en proximidad», ha subrayado, para añadir que, al mismo tiempo, se hizo un estudio de «los pacientes que habían sido tratados por ella a ver cuál era el estudio serológico».

Tras esa comprobación, y con todo ello, «se argumentó, se tuvo la constancia de que lo que estaba ocurriendo y se tomaron las decisiones», ha concluido.