El calvario de los menores víctimas de abusos sexuales, más de dos años para recibir justicia

Entre 2019 y 2024 se dictaron en la CAV un total de 88 sentencias relacionadas con abusos sexuales a menores, que afectaron a 108 víctimas. Según los datos de Save The Children, la mayoría de los procesos, el 61%, se prolongaron más allá de los dos años.

Los tribunales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa dictaron entre 2019 y 2024 88 sentencias relacionadas con abusos sexuales a menores, que afectaron a 108 víctimas. En 2019 se registraron 47 sentencias con 47 víctimas, en 2023 fueron 37 sentencias con 57 víctimas y en 2024 se publicaron cuatro sentencias que afectaron a cinco víctimas.

Así lo recoge Save the Children en el informe ‘Por una Justicia a la altura de la infancia. Análisis de sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España’, en el que se advierte de que únicamente el 19,5% de los procedimientos se resolvieron en menos de dos años.

El 61% requirieron más de dos años para llegar a sentencia, y en el 19,5% restante no consta información sobre la duración. «Esta situación tiene un impacto directo sobre las víctimas. La gran mayoría de los niños y niñas se ven obligados a revivir los hechos durante procesos que superan los dos años», apunta la ONG. 

Y remarca que «está ampliamente demostrado que la revictimización y la repetición de su relato afectan y pueden contaminar su testimonio, que muchas veces constituye la única prueba disponible para inculpar o absolver al presunto agresor».

«Por ello, desde Save the Children abogamos por la implantación del modelo Barnahus, recogido en la Ley 02/2024 de Infancia y Adolescencia, un enfoque que ha demostrado disminuir la duración de los procesos judiciales y reducir el impacto psicológico sobre las víctimas», añade. 

En este sentido, conviene recordar que este otoño se pondrá en marcha una experiencia piloto de Barnahus en Gasteiz. Según los datos de Lakua, entre 2020 y 2023 se registraron 1.009 denuncias por delitos sexuales con víctimas menores de edad, multiplicándose los casos de 130 en 2020 a 448 en 2023.

Víctimas y agresores

En su informe, Save the Children realiza un perfil de las víctimas y de los agresores. Sobre las víctimas, incide en que, en el caso de la CAV, el 92,6% eran niñas, y la mayoría, 96, tenían menos de 15 años. Cinco tenían exactamente 15 años en el momento de los hechos y ocho eran mayores de 15 años.

En cuanto a los agresores, todas las sentencias tenían como acusado a un hombre. En 2019 el perfil del acusado mayoritario fue el de monitor o educador con catorce denuncias, seguido por el ámbito familiar directo con nueve denuncias. En cuatro casos el acusado era la pareja de la madre o la abuela, las parejas de las propias víctimas fueron acusados en cuatro casos, y tan solo en cinco casos el acusado era desconocido para la víctima. 

En 2023 los vínculos con las víctimas mostraron una fuerte presencia del entorno cercano, en once casos se trataba de parejas de la madre, en nueve de familiares directos, en ocho de conocidos, en seis de desconocidos, en dos de pareja de la propia víctima y en un caso de un entrenador o monitor. En 2024, los acusados fueron mayoritariamente desconocidos (tres casos), mientras que en un caso el acusado era un familiar directo (tío). 

En el conjunto del periodo 2019-2024, se contabilizan 67 acusados sin antecedentes, trece con antecedentes, tres con antecedentes de la misma naturaleza y seis sin información.

Sobre los medios de prueba, la declaración de la víctima constituye un elemento central en los procedimientos analizados. En 2019, se realizaron declaraciones en 22 casos, aunque únicamente se tomaron en cuenta como prueba en siete de ellos. En 2023, la declaración se utilizó en 23 procedimientos, no se tuvo en cuenta en cinco y en nueve no consta información. En 2024, se empleó en el 75% de los casos, siempre acompañada de otros medios probatorios. En el cómputo global, se observa que en 44 casos se recurrió a la declaración de la víctima, en 20 no se utilizó y en diez no consta información al respecto.

En cuanto a la prueba preconstituida, en 2019 se aceptó en once casos, de los cuales seis acabaron en condena. Respecto a los datos de 2023, muestran que esta prueba fue admitida en cuatro ocasiones, todas ellas con resultado de condena, mientras que en tres casos fue rechazada, lo que derivó en dos condenas y una absolución. En 30 procedimientos no consta información. En 2024, la prueba preconstituida se aplicó en tres de los cuatro casos analizados.

Y los resultados judiciales ponen de manifiesto un claro predominio de las condenas sobre las absoluciones. En 2019, hubo 39 condenas y ocho absoluciones. De estas últimas, se destaca la falta de pruebas y en dos casos la imposibilidad de identificar al acusado. En 2023 se dictaron 32 condenas frente a cinco absoluciones, todas ellas motivadas por la falta de pruebas, en la mayoría de los casos vinculada a la no aceptación de la prueba preconstituida. En 2024, todas las sentencias analizadas fueron condenatorias, lo que, tal como manifiesta Save the Children en su informe, «refuerza la tendencia hacia la confirmación de la culpabilidad de los acusados».

Recomendaciones de Save the Children

La ONG incluye en su trabajo una serie de recomendaciones, entre las que figuran crear fiscalías especializadas; impulsar equipos técnicos en violencia contra la infancia que auxilien a jueces y magistrados; y asegurar la formación inicial y continuada de todos los operadores jurídicos. Además, propone integrar el modelo Barnahus en la justicia especializada en infancia, e implementar políticas de salvaguarda, así como la educación afectivo-sexual.

También insta a garantizar un número suficiente de secciones judiciales de violencia contra la infancia y la adolescencia. «Es imprescindible reforzar el modelo y partir de un mayor número de secciones en violencia contra la infancia y la adolescencia desde su implementación, para que la promesa de una justicia especializada sea una realidad para todos y todas, independientemente del territorio en el que vivan. Y debemos hacerlo cuanto antes: los niños, niñas y adolescentes no pueden esperar más para ver debidamente cumplidos todos sus derechos», concluye Save the Children.