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EH Bildu propone en el Congreso español una Ley para regular la publicidad de pisos turísticos

EH Bildu propuso ayer en el Congreso de los Diputados español una Proposición de Ley para controlar la publicidad de los pisos turísticos e impedir, de esa manera, que se publiciten los que no están debidamente registrados. La propuesta salió adelante con 176 votos a favor y 169 en contra.

Oskar Matute, durante el pleno de hoy. (Ricardo RUBIO | FOKU)

EH Bildu presentó ayer 7 de octubre en el Congreso de los Diputados español una Proposición de Ley sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos, como medida de carácter «limitado» para garantizar el «respeto competencial». La propuesta salió adelante con los votos a favor de los partidos del bloque de investidura, 176, y 169 votos en contra.

Oskar Matute explicó los pormenores de la propuesta. Comenzó su intervención subrayando la gravedad de la crisis de la vivienda y aseguró que es «uno de los mayores problemas que afecta a la ciudadanía tanto de Euskal Herria como del Estado español». Señaló también que se trata del «mayor factor de desigualdad» que existe en la sociedad, ya que se da entre aquellos que, por una razón o por otra, tienen garantizada la posibilidad de tener una vivienda y entre quienes, «por mucho que trabajen», no van a tenerla nunca.

La propuesta que ayer presentó EH Bildu, según expresó su portavoz en el Congreso, pretende ser de ayuda a políticas que busquen dar solución a la crisis de la vivienda. Matute subrayó que su carácter es «limitado, de manera premeditada». Y es que si no lo fuera, podría asumir cuestiones que les corresponden a las Comunidades Autónomas, ya que, las viviendas turísticas no las regula el Estado.

Sin embargo, la coalición soberanista decidió presentar la propuesta al considerar que es un espacio «totalmente desregulado» en la que falta «prevención». Muestra de ello es el ejemplo que puso encima de la mesa: «Entre un 40 y un 90 % de las viviendas que se ofertan en las grandes plataformas son viviendas turísticas irregulares o ilegales».

Es por ello que quieren que «se regule y se controle la publicidad en las grandes plataformas digitales». Subrayó que la Proposición de Ley no plantea qué características deben tener las viviendas turísticas, sino impedir que aquellas que no están registradas como tal se publiciten: «Queremos que se prevenga que se pongan, en vez de retirarse una vez puestas».

Buscan, con ello, «que no haya espacio para la impunidad», y proponen sanciones económicas de hasta un millón de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Tanto Cristina Valido, de Coalición Canaria, como Néstor Rego, de BNG, y Noemí Santana, de Podemos, estuvieron de acuerdo en subrayar la gravedad de la crisis de la vivienda, en la que los alojamientos turísticos tienen mucho que ver, y subrayaron la necesidad de tomar cartas en el asunto.

Conflicto competencial

Idoia Sagastizabal intervino en nombre del PNV para explicar que si bien su grupo parlamentario votó a favor de la propuesta, presentará enmiendas en una vez salga adelante, porque considera que «se le da pie al Estado a entrar donde no le corresponde».

Junts, sin embargo, rechazó apoyar «ninguna propuesta que atente contra el autogobierno», al considerar, en palabras de su portavoz, Marta Madrenas, que «los ámbitos que plantea regular esta proposición de Ley ya están reguladas en Catalunya, y lo que haya que solucionar la solucionamos allí».

ERC mostró su apoyo a la propuesta y Etna Estrems, en su nombre, se pronunció en la misma línea que Matute. «Esta propuesta no lo soluciona todo, pero es un paso», aseguró.

Carlos Martín, de Sumar, se limitó a enumerar las iniciativas que el Ministerio de Vivienda español ha puesto en marcha en ese sentido. Gabriel Blanco, del PSOE, señaló que la Proposición de Ley pide «un análisis más sosegado, que se hará cuando sea admitida a trámite».

Ignacio Hoces, de Vox, y Miguel Ángel Sastre, del PP, dedicaron sus intervenciones a atacar a EH Bildu. Hoces tachó la propuesta de «ocurrencia de Bildu», «una ley contra la libertad, contra los pisos y contra la propiedad». Sastre, por su parte, aseguró que «el intervencionismo hunde la oferta de la vivienda».