El Gobierno español declara Lugar de Memoria la Real Casa de Correos y Ayuso ya lo recurre
El Ministerio de Memoria Democrática ha publicado en el BOE de este miércoles la declaración sobre el edificio sede del Gobierno autoómico, en el que funcionó la DGS franquista y se violaron los DDHH. El ejecutivo regional ha anunciado, a las pocas horas, que comienza la batalla judicial.
Es la crónica de un enfrentamiento anunciado que comenzó en declaraciones aisladas en los medios de comunicación y ahora escala al plano judicial. El Gobierno español ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado la declaración como Lugar de Memoria Democrática del palacio de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno autonómico madrileño, el cual encabeza Isabel Díaz Ayuso, que ya ha anunciado que recurrirá la medida a las pocas horas de conocerse la noticia.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, venía advirtiendo en sede parlamentaria y entrevistas en medios que el proceso para hacer cumplir la ley aprobada en 2022 no iba a frenarse, a pesar de las quejas públicas del PP de Madrid. Ese proceso incluye, como emblema principal, la intervención en la Real Casa de Correos, en cuyo interior funcionó la tenebrosa Dirección General de Seguridad franquista y se violaron los derechos humanos con torturas y asesinatos políticos.
«El edificio de la Puerta del Sol, que hoy alberga oficinas administrativas, constituye un recordatorio sombrío de los horrores que vivieron miles de personas durante una de las etapas más oscuras de la historia reciente de España. La declaración de Lugar de Memoria Democrática pretende rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron las humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias. El edificio constituye un referente y símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo», señala la resolución firmada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.
«Con la declaración de Lugar de Memoria se pretende contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió en sus dependencias con la finalidad de que nunca más vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país», añade. Se trata del cumplimiento del artículo 49 de la ley 20/2022, que regula la solicitud de incoación de declaración de Lugar de Memoria allí donde se encuentre «un espacio, inmueble o patrimonio cultural inmaterial donde se hayan desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica o su repercusión en la memoria colectiva».
Y vaya si la Real Casa de Correos lo es: infinidad de historiadores y colectivos memorialistas certifican que por sus pisos de detención y calabozos de tortura (primera planta y subsuelos) pasaron miles de detenidos políticos, tanto durante la dictadura franquista como en la llamada Transición, y hubo no solo militantes antifascistas sino también curas, artistas, intelectuales, activistas LGBTi, mujeres abortistas y sindicalistas.
Sin embargo, el Gobierno de Díaz Ayuso ha buscado polarizar desde el primer momento con Moncloa en este aspecto. Cuando hace once meses comenzaron los trámites para acometer esta declaración, sus diferentes portavoces y la propia presidenta madrileña acusaron al Gobierno de Sánchez de querer narrar una historia parcial y de estigmatizar la sede del Ejecutivo. Y además, apelaron al insólito argumento cuantitativo, aseverando que la etapa de la DGS en ese palacio gubernamental solo representa el 15% de la historia del edificio. Además, acusaron al ministro Torres de querer invadir competencias autonómicas.
El PP ayusista no tardó en reaccionar y para asegurar la confrontación judicial sancionó una ley en la que se establece que es solamente potestad de la presidencia de la Comunidad de Madrid el decidir si se colocan o no placas en las paredes de su sede. El Gobierno central la recurrió pero el Tribunal Constitucional acabó avalando esa normativa, no entrando en la cuestión de fondo sino argumentando que la posible instalación o no de placas eran «un suceso futuro e incierto».
«Aquí hubo torturas e incluso personas que perdieron la vida y hoy es sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid», ha enfatizado el ministro Torres
Este miércoles a la mañana, el ministro Torres ha publicado un video en sus redes sociales celebrando la declaración de lugar de memoria, recalcando que «devuelve la dignidad a las víctimas que sufrieron represión y torturas por defender la democracia» y considerando que «hoy todos deberían» alegrarse por el hecho, en una clara pulla tácita al PP de Ayuso.
«Aquí hubo torturas e incluso personas que perdieron la vida y hoy es sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid», ha enfatizado el ministro, en un video calibradamente grabado en una azotea de unos de los edificios del lado oriental de la Puerta del Sol, con la Real Casa de Correos en plano secundario.
La Real Casa de Correos, que fue sede de la extinta Dirección General de Seguridad franquista, ya es Lugar de Memoria.
— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) October 22, 2025
Hoy, con la publicación en el @boegob, cumplimos con la ley y con el reconocimiento a las víctimas. A todas las personas que, por defender la libertad, fueron… pic.twitter.com/YUVHhuIm2e
Al mediodía, tras la reunión del consejo de Gobierno autonómico, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Angel García Martín, ha dicho en rueda de prensa que la del BOE es «una resolución sectaria, contraria a la verdad» y, acto seguido, ha anunciado que presentarán un recurso administrativo ante la Audiencia Nacional con el argumento de que «el expediente ha caducado».
«Ha pasado más de un año desde su actuación hasta la publicación. Lleva caducado desde el 16 de octubre. Ni esto hace bien el Gobierno de Sánchez», ha afirmado, y recordado que la Real Casa de Correos tiene más de 250 años de historia y una relación «evidente con el pasado de la Ilustración», por lo que en su opinión esta iniciativa es «una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción» del Gobierno del PSOE.
Portavoces del Ministerio de Memoria Democrática han respondido a NAIZ que «el expediente no ha caducado, ellos están mal informados y es un error de bulto porque se sabe que en lo administrativo las cosas entran en vigor cuando se publican, no cuando se firman». También han confirmado que se buscará colocar una placa en la pared de la Real Casa de Correos «porque es el cumplimiento de la ley» aunque por ahora «no hay fecha» y es que se espera,que haya «colaboración interadministrativa, como lo dice la ley».
Desde el equipo de Torres han recalcado que la sentencia del TC «dijo que no era un momento procesal oportuno, pero nunca le dio la razón a la Comunidad de Madrid ni tampoco al Gobierno de España» y señalan que la declaración «no afecta a los usos que pueda tener el edificio». Sobre una posible instalación de un espacio de memoria en donde funcionaron los calabozos, Memoria Democrática responde que «no es el fondo de la cuestión,» y que por más que estarían satisfechos que se concretara, eso sí es competencia del Gobierno autonómico.
«Desmemoria intencional»
«Mientras se celebraba Nochevieja en la Puerta del Sol, al lado se torturaba a presos políticos», decía en entrevista con GARA hace unos meses el doctor en Historia Pablo Alcántara Pérez, quien publicó ‘La DGS, el palacio del terror franquista’ (Espasa, 2024), una radiografía pormenorizada sobre el devenir del edificio que hoy es protagonista del nuevo duelo político entre Sánchez y Ayuso.
En conversación con NAIZ tras conocerse la noticia del BOE, Alcántara recuerda que durante el proceso de elaboración de su libro la Administración madrileña «no puso facilidades a la hora de tener un contacto para poder visitar el edificio, no dan permiso ni permiten entrar en consulta». De hecho, él no pudo entrar y solo conoce a un escaso número de memorialistas a los que les han permitido visitar los espacios donde funcionó la represión política.
Pablo Alcántara: «Con la remodelación de los años 80 intentaron ocultar cualquier tipo de pasado, los calabozos... Y lo poco que queda ahora no te lo dejan ver»
«Esto es claramente intencional. Cuando en los 80 se vuelve sede de la Comunidad de Madrid hubo una reforma potente en el edificio. Con esa remodelación intentaron ocultar cualquier tipo de pasado, los calabozos, etc. Lo poco que queda ahora, que es la estructura, no te lo dejan ver. Es intencionado y hay un objetivo claro de que no se conozca lo que se ocurrió. La batalla judicial ahora contra reconocerlo como Lugar de Memoria tiene que ver con eso», explica el autor.
Además, Alcántara cita otros intentos de desmemoria del Gobierno ayusista, como la transmisión por Telemadrid de un documental en el que «se puso el foco en que en el edificio funcionaba una ‘checa’ en donde grupos anarquistas y revolucionarios detenían gente y mencionan superficialmente lo ocurrido durante el franquismo, intentando suavizar lo que hizo la DGS».
«De momento sólo se ha declarado Lugar de Memoria, que no es más que una declaración gubernamental, que no tiene efectos prácticos. Es un paso adelante pero se queda en medias tintas, si comparamos con, por ejemplo, la memoria histórica en Portugal. Creo que debería haber un espacio de memoria para visitar y si el Gobierno de Madrid ha hecho exposiciones sobre el terrorismo de ETA, si no hace esto es porque no quiere hacerlo», concluye.