Aprobadas solo 5 de 26 ILP presentadas y en 2 de ellas se cambió su sentido
El Parlamento rechazará el jueves la toma en consideración de la ILP para un SMI propio en la CAV. A lo largo de su historia, se ha iniciado el trámite de 26 de estas iniciativas legislativas populares. Solo han salido adelante 5, de las que 2 se aprobaron con un texto criticado por los promotores.
Este jueves, la mayoría absoluta de PNV y PSE, probablemente con algún apoyo desde la derecha, impedirá la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular (ILP) apoyada por 138.495 firmas para modificar el Estatuto de los Trabajadores de forma que cada Comunidad pueda fijar un SMI, por encima del del Estado, de acuerdo a su realidad. En setiembre fue la de pensiones pese a sus 145.142 apoyos.
A lo largo de su historia, el Parlamento de Gasteiz ha tratado 26 propuestas de ILP. Muchas nunca llegaron a tramitarse. Solo 5 acabaron siendo leyes y de ellas, 2, con una redacción distinta al ánimo de quienes la impulsaron y trabajaron, y que acabaron criticando sus contenidos.
La primera ILP la presentó Euskaria el 7 de setiembre de 1990 en favor del derecho de autodeterminación, una materia considerada «inadmisible» para este tipo de iniciativas. Luego llegó José María Gorordo, entonces expulsado del PNV y concejal en Bilbo por Iniciativa Ciudadana Vasca que en 1996 propuso que la capital vizcaina fuera también capital de la CAV. Los Servicios Jurídicos del Parlamento no vieron motivo de inadmisión, pero la Mesa de la Cámara, sí.
Carta de Derechos Sociales
En 1999, la plataforma Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, integrada por sindicatos y colectivos sociales, presentó una ILP con el objetivo principal de garantizar una renta básica equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional y promover el reparto del trabajo para combatir la exclusión social.
Fue la primera aprobada. La ley de 27 de diciembre de 2000 salió adelante con los votos a favor de PNV, PSE y PP, pero con una renta básica reducida (al 75% del SMI inicialmente). ELA, LAB, Steilas y ESK adoptaron una posición crítica y de denuncia con la norma por considerarla una versión «desnaturalizada» de la ILP.
Algo similar ocurrió con la iniciativa popular «para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública». Se presentó el 17 de octubre de 2013 con apoyo de la mayoría sindical y de 110.000 firmas. Su objetivo era obligar a incluir cláusulas sociales mínimas en los contratos públicos para combatir la externalización y las subcontratas, que generan precariedad. Pero la ley aprobada por PNV y PSE fue tachada de «burla» por sus impulsores.
Aprobadas con consenso
La primera de las ILP aprobada con consenso fue la de la Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos del 28 de diciembre de 2007, impulsada por ong, sindicatos y 50.000 firmas que entendieron su promulgación como «un compromiso vinculante».
En 2015 se aprobó la conocida como Ley de custodia compartida, apoyada por PNV, PP y UPyD. El PSE se abstuvo en muchos artículos y EH Bildu se opuso por la falta de garantías para hijos e hijas en caso de malos tratos y desigualdad. Con la oposición primero y la abstención después del PNV se aprobó en 2015 la ILP contra el fracking, que habían apoyado 103.000 personas. No era todo lo que se pedía, pero sí definía un «triunfo social».
Rechazada «Ley Maroto»
Un caso sonado fue el de 2014, cuando el PP trató de colar como ILP su “Ley Maroto” de claros tintes xenófobos. El entonces alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, acompañó a los impulsores de la iniciativa, Ayudas más Justas, cuyo portavoz, Patxi Gómez, indicó ante los medios que el núcleo que su propuesta era la realizada unas semanas antes por Maroto, y que su grupo se había encargado de «coger el guante que había lanzado el alcalde de Vitoria».
Un mes después, GARA desveló que Patxi Gómez era un empresario acusado del cobro indebido del paro y con varias citaciones públicas por impagos a la Seguridad Social. Al día siguiente de publicarse la información, el portavoz de Ayudas más Justas dejó su cargo. Luego, Javier Maroto trató de justificarlo diciendo que había cometido «un error». Pero según un tuit de Patxi Lazcoz, entonces concejal del PSE, desde los pasillos de Alcaldía se oía «me estás haciendo pasar por un imbécil por tu fraude».
Solo el PP votó a favor. Pero lo peor de todo fue que ante la prensa quedó claro que nadie de la delegación de los impulsores que acudió al Parlamento, («apolíticos» de claros vínculos con el PP) tenía ni idea del contenido de la ley que ellos mismos decían haber impulsado. «Ni sabemos de leyes ni nada», reconoció la portavoz, mientras parlamentarios y miembros del PP intentaban que aquello acabara.